Quieren llevar a juicio político a Araceli Brown por expedición de persmisos para taxis
Permisionarios del transporte público de Rosarito presentaron una demanda ante el Congreso de Baja California, para llevar a juicio político a la alcaldesa del V municipio, Araceli Brown Figueredo, por la expedición de “más cien permisos para taxis”, atribución que de acuerdo con los demandantes corresponde al gobierno del estado.
A decir de los permisionarios Agustín Sánchez Sánchez, Cirilo Gallegos Quiñónez, Jaime Martín Maldonado Maldonado, Antonio Vigil Amaro y Juan Vigil Amaro, con la firma de los dictámenes mediante los cuales se otorgaron los permisos, la presidente municipal violó el artículo sexto transitorio del decreto relativo al Instituto de Movilidad del Estado.
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“[…] los Ayuntamientos tienen prohibido expedir nuevas autorizaciones, permisos o concesiones; en caso de hacerlo estarán a lo previsto en la Ley de Responsabilidad Administrativa del Estado de Baja California”, señala la disposición referida.
Los quejosos observaron: “Lo hecho por la Presidenta Municipal no sólo atenta en contra del nuevo orden legal de Baja California sino constituye un golpe certero en contra de los permisionarios que hasta este día trabajan apegados a la normatividad en Playas de Rosarito”.
Agregaron que la transgresión en que habría incurriro Araceli Brown consolida “las hipótesis que dan origen a la procedencia de juicio político de los servidores públicos que autorizaron dichos permisos”, quienes supuestamente como consecuencia podrían ser destituidos.
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El VIII Ayuntamiento de Playas de Rosarito dio a conocer en un boletín emitido este domingo 22 de marzo, que en total se trató de 89 permisos de transporte público, pero que éstos no se otorgaron sino que sólo se transfirieron, pues había de por medio un mandato judicial encaminado a llevar a cabo la transferencia.
Por el presunto incumplimiento, el gobierno municipal indicó que en su momento se hizo objeto de “una amonestación por parte de un Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California”.
Supuestamente el tema no había sido atendido por anteriores administraciones, de ahí que se le ordenara al actual Ayuntamiento realizar el procedimiento correspondiente.
También se dio a conocer que el Cabildo rosaritense puso en claro la semana pasada que “no se otorgaron permisos nuevos, sólo hubo cambio de concesionarios”.
De acuerdo con el titular del área jurídica VIII Ayuntamiento, José Antonio Arroyo, de no habérsele dado cumplimiento al mandato judicial, el gobierno municipal habría incurrido “en desacato a un mandamiento hecho por una autoridad jurisdiccional”.
Mientras que para Brown Figueredo, el hecho de haber acatado esa disposición demuestra que la administración municipal actuó con apego a la normatividad, “salvaguardando los principios de legalidad, máxima publicidad y objetividad”, según da cuenta el comunicado oficial.
