“Quien la hace, la paga”. El que delinque merece ser castigado. La pena es una muestra de reprochabilidad a la conducta de quien viola las reglas fundamentales de la sociedad, y por ello se le castiga.
Delinquir significa contrariar los principios de orden y seguridad; no se trata de torturar o matar a quien comete un ilícito, se trata de que debe acatarse las normas del orden jurídico. Quien incumple ciertas reglas fundamentales, crea un estado de anarquía que rompe el orden y la seguridad social.
Muchos miembros de la sociedad civil se quejan del trato privilegiado que reciben algunos de los infractores a la ley; que, en cambio, hay delincuentes que no reciben la sanción social -a pesar de haber delinquido- y obtienen penas breves, e incluso amnistía, que evitan que sean castigados, aun habiendo cometido graves delitos. Es correcto que el Juez de Ejecución de penas adecúe la pena a la gravedad del daño causado.
Se dice que los únicos que van a pagar purgando una pena, por un delito cometido, son aquellos que padecen los males de la pobreza, en lugar de pasar por un proceso de reinserción social.
La pobreza agrava la situación de los delincuentes pobres, quienes generalmente no cuentan con buenos abogados que argumenten a su favor o prueben causas que merecerían libertad.
La moderna penología abomina la violencia empleada para reprimir los delitos. La educación, el trabajo, el deporte, la presencia familiar al lado del interno de un Centro de Reinserción Social, son los mejores auxilios para reinsertar en la sociedad a quienes han tenido la desgracia de cometer un delito.
Hay delincuentes que asumen conductas antisociales, empujados por la pobreza, y hay delincuentes que infringen las leyes por inclinaciones criminológicas y por facilidad (por no trabajar como cualquier ciudadano común y corriente).
La amnistía puede ser un estímulo para rehacer la conducta social. Llenar los Centros de Reinserción Social no es del todo recomendable por lo que cuesta en términos de dinero y de personal calificado. Hay quienes delinquen por hambre y hay quienes lo hacen buscando la actividad fácil o porque ya se han profesionalizado de tal manera que los cárteles y grupos criminales se convierten en un estatus que les da una comunidad, una familia, de la que frecuentemente carecen.
En muchos estados de la república se combate el delito aumentando penas y el número de conductas consideradas como delictuosas. Sabemos que en Baja California se está trabajando mediante la aplicación de los sistemas de la criminología moderna -aunado a un trato humanista- y que esto puede ser uno de los caminos para que disminuya el número de penas y delitos en lugar de utilizar medios coercitivos, que al final de cuenta son sistemas represivos. Aunque también hay que admitir que hay personas vocacionalmente encaminadas al delito, e incluso en los Centros de Reinserción Social se convierten en verdaderos problemas.
En conclusión:
I. Realizar actividades que permitan un juicio justo para quienes han delinquido.
II. Respeto absoluto a los derechos humanos de cada persona, aunque se trate de delincuentes de alta peligrosidad.
III. La adecuación y la aplicación de la teoría criminológica moderna permitirán la disminución de los que se conoce como delincuentes profesionales.
IV. Reconocer que existen nuevos tipos penales que acrecientan la actividad criminal, como son el narcomenudeo, el secuestro, la impunidad, la corrupción y la muerte de particulares por un pago.
V. Modificación al sistema penal que incluya la creación de un código penal y procesal penal para encontrarse jurídicamente en un lugar más, como están haciéndolo otros instrumentos jurídicos mexicanos.
Si no cambiamos, de nada servirá la creación de un aparato penitenciario costoso, pero ineficiente, que es necesario para cambiar la tendencia del castigo al delito con todos los defectos y peligros para la sociedad que esto trae consigo.
Nota: Es necesario buscar nuevos métodos para la reinserción social; para ello deben de abrir fuentes de trabajo en los Centros de Reinserción Social que deben ser lo menos invasivos a la psicología de las personas privadas de su libertad.
Arnoldo Castilla es abogado y catedrático de la UABC.
