Para el coordinador del Consejo de Organizaciones Ciudadanas Independientes (COCI), Carlos Atilano Peña, la consulta ciudadana aprobada por el Congreso de Baja California, responde a una medida política, carente de sustento jurídico, legal o constitucional.
“Creemos que el Congreso está invadiendo esferas que únicamente le competen al órgano electoral, todos los instrumentos de participación ciudadana necesariamente tienen que ser llevados a cabo por el Instituto Estatal Electoral (IEE), el Congreso del Estado carece de facultades para realizar una consulta”, explicó Atilano Peña.
Ante la forma de cómo se han comportando la mayoría de los diputados locales del partido Morena y los que conforman la coalición (PT, PVEM y Transformemos), el coordinador del COCI consideró que el Congreso ha terminado por convertirse en el principal enemigo de la democracia en el Estado, porque están alterando la voluntad ciudadana que el 2 de junio votó por una gubernatura por dos años.
Reprobó que con esta consulta se quiera validar la reforma para que el gobierno de Jaime Bonilla quede en cinco años y no dos, como se había estipulado en la reforma del artículo octavo en el año 2014.
Además, consideró que las acciones tomadas por los legisladores podrían dar lugar a lo que calificó como “un autoritarismo local”, y que, a nivel nacional, pudiera convertirse en el pretexto para una reelección que no está contemplada en la ley.
Dada la inconformidad con este proceder por parte del Congreso, algunos ciudadanos allegados a COCI buscaron la manera de interponer amparos contra esta consulta por violar los derechos humanos en materia democrática, sin embargo, el recurso no fue admitido por el juez de distrito, ya que la aplicación de esa herramienta no es vinculatoria y no va a obligar a nadie a acatar el resultado, porque no existe en la ley.
Por lo anterior invitó a la ciudadanía que, de llevarse a cabo la consulta, la ciudadanía se niegue a participar en ella.
De igual manera, mencionó que es una mentira el hecho de que la gubernatura por dos años va a generar un gasto al estado, porque a pesar que se quedará por cinco años, en 2021 habrá elecciones para elegir a diputados locales, federal y presidentes municipales.
Con respecto al anuncio de Jaime Bonilla en entrevista para El Universal, en donde presentó a Guillermo Ruiz como el próximo fiscal de Baja California, a pesar que todavía no se da el proceso para elegir a esta figura, Atilano Peña, consideró que es una equivocación en muchos sentidos, porque este tipo de designaciones se hacen hasta el final, y hacerlo de forma anticipada no abona.
“El hecho de que ya lo esté presentando como procurador nos da una idea de que no hay respeto por la ley, porque la ley es muy clara; para ser procurador debes tener entre 35 y 65 años. El licenciado Guillermo Ruiz se excede de esa edad, entonces se verá en la necesidad de un cambio en la Constitución y en la Ley Orgánica de la Procuraduría, y si lo está anunciando es porque sabe que lo va hacer y lo puede hacer con un Congreso a modo”, finalizó.
