Habrá castigos para funcionarios de Kiko: Amador

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Edición Impresa y lunes, 26 agosto, 2019 01:00 PM

Quien será el segundo de a bordo en el gobierno de Jaime Bonilla, asegura que habrá funcionarios panistas en prisión, perseguidos por la ley y castigados por corrupción. De las primeras denuncias penales será contra el dirigente del PAN, José Luis Ovando, quien ha recibido millones de pesos desde el gobierno de manera irregular a través de una Asociación Civil que “descuenta” dos por ciento a los empleados. Amador Rodríguez Lozano confirmó la desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública y la creación de la Agencia de Protección Ciudadana

Días antes de ganar la elección a la gubernatura de Baja California, Jaime Bonilla Valdez cantó el nombre de Amador Rodríguez Lozano como quien sería su secretario general de gobierno, es decir, el hombre que se encargue de la política pública en el Estado.

Actualmente, Rodríguez Lozano se encuentra entretenido con el proceso de transición, del que dice se ha entorpecido; no por la fatal de voluntad del gobernador en turno (Francisco Vega de Lamadrid), sino por cada uno de los titulares de las dependencias.

En entrevista con ZETA, el expriista, y quien admite no se ha afiliado a Morena, cree que la separación del Poder Ejecutivo y el Legislativo “es solamente una teoría”, pues -asegura- debe de haber y “hay una coordinación”. Es decir, que el gobernador se entienda y pida a los diputados en turno.

Con voz firme, el próximo secretario general del gobierno asegura que se investigarán de manera profunda los actos de corrupción, para poder integrar las carpetas de investigación y obtener órdenes de aprehensión contra los funcionarios del gobierno del PAN: “no como una cacería de brujas, sino que investiguen bien”, dice.

Amador sentencia: “no vamos a fabricar culpables, vamos a tratar de imponer la ley y vamos a perseguir; te aseguro que habrá, no sé exactamente qué, cómo, ni cuándo, ni quién, pero después de 30, de un gobierno donde prácticamente cada quien hacía lo que quería… los habrá”.

El integrante del gabinete, que está por entrar en funciones el 01 de noviembre, adelanta que uno de los primeros casos penales que llevarán a cabo es contra José Luis Ovando, dirigente estatal del Partido Acción Nacional, pues han documentado que al personal del gobierno del Estado se les descuenta vía nómina el dos por ciento de su sueldo -en contra de la voluntad de los empleados- y terminan en cuentas bancarias de una sociedad civil, la cual encabeza el dirigente del PAN.

Amador Rodríguez Lozano, Coordinar de los trabajos de entrega y recepción del gobierno entrante (MORENA)

Amador Rodríguez despacha desde una oficina “prestada” muy cerca de Casa Morena (en Zona Río) y evita dar nombre del propietario, pero asegura que los dos millones de pesos que el gobierno otorgó para el proceso de transición no alcanzan para la renta de un inmueble.

Con agentes de seguridad en las puertas, Amador Rodríguez recibe a los periodistas y comienza la entrevista:

— ¿Es riesgosa la transición?

“Pues, tiene sus riesgos”.

— ¿Por qué es riesgosa?

“Pues porque tocas sus intereses”.

— ¿Del gobernador?

“No. El gobernador, desde que hablamos con él, ha tenido un espíritu de cooperación; la Secretaría General de Gobierno también, y el subsecretario de Gobierno también, pero son en cada una de las dependencias donde ponen mucha resistencia”.

— ¿Crees que están ocultando algo?

“Yo creo que cada quien ha tenido inconsistencia por motivos circunstanciales: encontramos que les quitan a un número muy importante de empleados el 2% de todo su sueldo, no lo hacen de manera voluntaria”.

— ¿Para el PAN?

“Se lo depositan a una fundación que dirige José Luis Ovando; él es el presidente, pero es esta una asociación civil, que a él ahí le aparece”.

— ¿A usted le consultan todo los diputados de lo que se tiene que hacer?

“No, no nos consultan los diputados. Yo tengo la relación con el Congreso, institucionalmente hay una subsecretaría de enlace legislativo que se encarga de ver los temas”.

— Se menciona mucho, en la actual administración, la intervención del gobernador en el Poder Legislativo…

“Pero es que en muchos aspectos es normal. La relación entre los poderes es normal. El Ejecutivo no es un esclavo ciego del Legislativo; veta, se comunica, pide. Tiene que haber una armonía con todo un sistema de gobierno, eso se llama conglomeración de poderes”.

— ¿Hubo subordinación con la administración panista y la legislatura anterior?

“Pues en muchos aspectos sí. No sé si en todas las circunstancias; tan es así que estamos nosotros impugnando el refinanciamiento, se impugnó la desalinizadora, se impugnó el Puente Zapata, a través de una acción de inconstitucionalidad”.

— ¿Y las cosas serían diferentes en esta nueva etapa de gobierno?

“Pues lo ha dicho con todas sus letras el gobernador, que va hacer un gobierno de total respeto a las decisiones del Congreso, sin que esto signifique una separación (porque pues son de Morena los dos), porque hay una identidad de programas”.

—Pero en dando caso, igual con Francisco Vega, les va a pedir votar a favor de una iniciativa del gobernador.

“Pues sí, seguramente sí; pero vamos a convencerlos, no a decirles voten así”.

— ¿Cómo lo van hacer?

“Es importante para empezar hacer que el transporte sea estatal. Hay mucha corrupción, hay mucho desorden, la gente está cansada de un transporte caro, malo e ineficiente”.

— En términos financieros, ¿no saben cómo está la administración?

“No, eso lo debe saber el secretario de Finanzas, o sea, cada secretario futuro está en contacto”.

— ¿Cómo la van a recibir?

“Yo creo que mal, no tenemos información suficiente. Insisto, no es el gobernador ni los titulares de la transición de parte de ellos, sino cada responsable como que se niega a darnos la información”.

— ¿Pero ellos a un superior, finalmente son colaboradores?

“Sí, pero es lo que yo le decía ayer a (Carlos) Reynoso; ya nadie les hace caso a ustedes porque ustedes toman una decisión, la transmiten y la gente no la está tratando”.

— ¿Hasta el momento ustedes han detectado irregularidades que ameriten, como lo dijo el gobernador electo siendo candidato, consecuencias jurídicas o penales?

“En lo del 2% sí, que vamos a presentar una denuncia penal sobre esto para que se investigue; hay gente que dice que no es voluntario”.

— El gobernador electo, como candidato, fue muy enfático en decir que iba a embargar los bienes que hubiesen sido producto de la corrupción a Francisco Vega y lo iba a meter en prisión; así, con esas palabras.

“Tenemos que ver cómo comprobamos que son producto de la corrupción”.

— ¿Todavía está en el ánimo del futuro gobierno meter en prisión al gobernador actual?

“Pues, si hay elementos para hacerlo, sí. No como una cacería de brujas, sino que investiguen bien. La verdadera transición va a empezar cuando (el 01 de noviembre) nos entreguen el gobierno; y tendremos 45 días para indagar, entonces ya no van a estar ahí. Entonces, ya vamos a poder entrar hasta lo más profundo de lo que nos entreguen. No vamos a fabricar culpables, vamos a tratar de imponer la ley y vamos a perseguir; te aseguro que habrá. No sé exactamente qué, cómo, ni cuándo, ni quién, pero después de 30 de un gobierno donde prácticamente cada quien hacia lo que quería”.

— ¿Qué habrá? ¿Castigos?

“Sí, castigos. Supongo, por las evidencias que hay, que me permiten conjeturar que sí habrá gente que habrá que llevar a la justicia. Nosotros no somos jueces; el fiscal, en su momento, va a ser independiente y va a tener autonomía técnica para determinar. Tendríamos que demostrarlo con documentos para que ahora el sistema acusatorio reclame una serie de datos concretos; si no demuestras ante el juez, no te otorga la orden de aprehensión”.

— ¿Qué pasa en los casos, por ejemplo, en la Secretaría de Desarrollo Económico? Documentamos en 2016 que hubo millones a empresas fantasmas. ¿Qué va a pasar en la Secretaria de Salud? Menciono estos dos, donde hubo un colapso institucional encabezados por Bonfante y Trejo (que en campaña abiertamente expresaron su apoyo a Morena).

“Pues hágannos por favor llegar la información; si ustedes la tienen, si ustedes tienen la información, nos pasan eso y por supuesto que vamos a… Hasta ahorita no están, ninguno de ellos forma parte de ningún posible, de ningún nombramiento. ¿Y qué va a pasar si se encuentra que tienen elementos constitutivos de un delito? Se va a actuar, no hay compromiso con nadie más que con la ciudadanía y tratar de ser un gobierno diferente”.

— ¿No hay un pacto de inmunidad con “Kiko” Vega?

“Claro que no”.

— Hablabas de la Fiscalía; en una entrevista que nosotros le hicimos al gobernador electo como candidato, nos dijo que la reforma de la Fiscalía iba para atrás, que no se iba a crear una Fiscalía autónoma como la que se pretende crear en Baja California.

“No he hablado con él sobre ese tema de manera específica, habría que revisarla; no nos hemos metido en ese tema, pero tampoco me ha dicho que no lo haga”.

— ¿Cuándo presentarían esa propuesta?

“En menos de un mes. Porque tenemos que buscar que entre en vigor cuando los primeros días, para que haya un fiscal distinto, y como parte de una estrategia distinta de enfrentar el tema de la inseguridad”.

— En el caso de la Fiscalía, en cuanto entre el gobierno ya estaría lista…

“Estamos trabajando en eso para que, en su momento, pedirles otra vez a los legisladores actuales que ellos la presentan y tengan un transitorio que permita que entren el 02 y 03 de noviembre”.

— En una entrevista que nosotros le hicimos al gobernador electo como candidato, nos dijo que la reforma de la Fiscalía iba para atrás, que no se iba a crear una Fiscalía autónoma como la que se pretende crear en Baja California.

“No he hablado con él sobre ese tema de manera específica, pero ya está prácticamente la reforma constitucional; hay quizás unos pequeños cambios que habría que revisarla, no nos hemos metido en ese tema, pero tampoco me ha dicho que no lo haga”.

— Recientemente también platiqué con el gobernador electo sobre la desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública. Le comentaba que, si desaparecía, el estado se iba a quedar sin Policía porque la Ministerial sería de la fiscalía que es autónoma.

“Podría ser una de las consecuencias, no necesariamente. Se ha hablado de desaparecer la PEP, y seguramente también la Secretaría de Seguridad Pública, y crear la Agencia Estatal de Protección Ciudadana”.

— Es cambiarle de nombre…

“Y de funciones y forma de actuar y de operación. A veces la SSPE tiene información (y la Procuraduría tiene información) y no la comparten por distribución de competencias institucionales, celos personales, por desconfianza. Eso hace mucho daño porque no hay una acción conjunta. Se está meditando que no aceptaríamos esta fiscalía como la pensó Kiko (Vega); pensaríamos en un modelo diferente, integrador, donde -de una manera descentralizada- esta Agencia de Protección Ciudadana tenga un vínculo de subordinación con el fiscal, un ente integrador”.

— También nos dijo el gobernador electo que la desalinizadora, el C5i, el Segundo Piso a Zapata, todo eso iba para atrás; que sí se iban a realizar, pero con recursos del Gobierno Federal. Que esas APPs se iban a revocar.

“La acción de inconstitucionalidad que presentó la diputada Bentley va a proceder. Sabemos que viene a favor de anular todos los contratos: tendremos que volver a analizarlos y, si así procede, volver a presentarlos al Congreso para que los discuta y los apruebe (o los rechace)”.

— De acuerdo a los dos casos que mencionas, el doble piso Zapata y la desalinizadora, no parece que la intención sea lo que dijo el gobernador electo de que todo para atrás, sino que se va a renegociar.

“En el caso de Zapata estamos viendo que no nos cueste. Todavía no sabemos, tenemos que negociar también; ellos dicen que firmaron un contrato con Kiko desde 2016 y la pregunta es por qué hasta ahora (en 2019) se presentó en el Congreso. Hay un 25 por ciento adjudicado a dos empresas, una vinculada a Hermosillo y otra a gente cercana a Kiko; obviamente eso no se tiene que aceptar, se tendrá que renegociar”.

— El gobernador dijo hace unos días que no hay dinero porque el Gobierno Federal le debía nueve mil millones de pesos.

“A Kiko, cada vez que dice algo, se le crece la nariz. Él argumenta -porque yo he estado cuando ha argumentado- que hay fondos extraordinarios para Baja California, que cada año tiene que negociarlos; no son fondos que le deban, sino que es una posibilidad. Tendrías que subsistir con lo que debes y no comprometer algo que no tienes seguro, por eso dice que le deben. Es un estado colapsado; tenemos muchos problemas que no han sido atacados”.

— Muchas gracias.

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