La última carta para el panismo es una negociación con un aliado distante: el Poder Judicial. Dos diputados blanquiazules pretenden aumentar el periodo de jubilación para magistrados por cinco años, argumentando urgencias presupuestales. Sin embargo, para el próximo diputado morenista, Juan Manuel Molina, se trata de una negociación muy clara entre magistrados y diputados para beneficiarse mutuamente. El magistrado Jorge Armando Vásquez, considera benéfica la medida, pero le preocupa qué pasará con sus compañeros ya jubilados, pues podrían pelear reinstalación
Se le acaba el aire al panismo en Baja California. De ser la fuerza política más importante por 30 años, hoy busca refugios de forma desesperada, y con el tiempo encima, envían una iniciativa al Congreso del Estado que -sin consulta y en lo oscuro- pretende beneficiar a los actuales magistrados del Poder Judicial, al extender por cinco años su ejercicio en el máximo órgano jurisdiccional de la entidad.
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El 14 de junio, los diputados panistas Ignacio García Dworak y Raúl Castañeda Pomposo, presentaron en Oficialía de Partes del Congreso del Estado, una iniciativa de reforma constitucional, cuyo objetivo es ampliar los periodos de jubilación de magistrados de 70 a 75 años, y de 15 a 20 años de servicio, dependiendo la Ley que los rige.
La misma iniciativa pretende impedir que magistrados cobren por brindar sus servicios de docencia e investigación, en cualquier institución universitaria, argumentando que con ese beneficio, se volvería una relación de patrón-empleado, y con ello, afectaría la imparcialidad de los mismos.
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Ignacio García, PAN.
Para el magistrado Jorge Armando Vásquez, la iniciativa es benéfica en lo general y lo particular, toda vez que representaría un ahorro de recursos, ya que el fondo del haber de retiro podría engrosarse por cinco años más de servicio. Sin embargo, le preocupa lo que representaría para sus ex compañeros ya jubilados que aún no cumplen los 75 años de edad, pues fácilmente podrían pelear la reinstalación, dejando la decisión en la justicia federal.
De manera contraria, la legisladora Victoria Bentley Duarte, de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), afirmó que la intención del panismo es obtener beneficios de inmunidad en un futuro próximo, pues si bien una fiscalía se encargaría de abrir las investigaciones, el Poder Judicial emitiría las sentencias, por lo que -considera- “quieren quedar bien con los magistrados”.
Por su parte, el próximo diputado por Morena, Juan Manuel Molina, repudió la intención de los actuales legisladores, afirmando que su intención es abrir un espacio de refugio para el panismo, el cual quedaría sin espacios en el sector público dentro de los próximos meses.
De llegar a darse esa reforma, su primera acción como legislador será interponer un recurso de inconstitucionalidad para revertirla, y, de mantenerse la Ley como está, la siguiente Legislatura -de mayoría morenista- tendría que seleccionar a cuatro nuevos magistrados, pues de julio de 2019 a diciembre de 2020, cumplirían 70 años los magistrados Emilio Castellanos Luján, Marco Antonio Jiménez Carrillo, Víctor Vázquez Fernández y María Esther Rentería Ibarra. De aprobarse, no designarían a ninguno; una cuarta parte del Tribunal de Justicia está en juego.
LA REFORMA
La tarde del viernes 14 de junio, un día después de la sesión de pleno del Congreso, los diputados Ignacio García Dworak -coordinador de la bancada panista- y Raúl Castañeda Pomposo, uno de los más cercanos al gobernador Francisco Vega de Lamadrid, acudieron a Oficialía de Partes para presentar la iniciativa de reforma constitucional.
El documento dirigido al diputado presidente de la Mesa Directiva, Édgar Benjamín Gómez Macías -del que ZETA posee una copia- consta de 15 páginas, la mayoría utilizadas para justificar las reformas planteadas.
En la exposición de motivos, refieren que cuando se estableció la edad máxima de 70 años, las condiciones de salud y económicas eran diferentes a las de la actualidad, pues hoy en día “la gente tiende a vivir más años y con mejor calidad de vida”.
En el mismo párrafo precisa diferencias entre la edad cronológica y la física, por lo que consideran que el tiempo no implica necesariamente un deterioro de las capacidades de un profesionista.
El segundo argumento indica que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no considera ilegal que funcionarios del Poder Judicial trabajen más años para engrosar las aportaciones económicas en beneficio de su jubilación.
Y es que según el documento, las condiciones financieras del Estado no están preparadas para sostener una erogación de esta naturaleza para los próximos cinco años, cuando seis magistrados tendrían que dejar el cargo por edad, pues además de pagar los sueldos de los nuevos titulares de las salas, tendrían que financiar la jubilación de los otros.
Juan Manuel Molina.
Para el mes de julio, el Consejo de la Judicatura debería tener listo el reglamento para el haber de retiro de magistrados, donde supuestamente también se contemplaría a los jueces. Sin embargo, a menos de un mes de cumplir los 90 días, no se tiene información de algún estudio actuarial, reclamó la diputada Victoria Bentley.
Otro de los puntos que pretenden reformar, es que magistrados que se dediquen de manera paralela a la docencia, no puedan recibir un sueldo.
Las modificaciones al párrafo primero al Artículo 66 de la Carta Magna local, precisan que no se puede tener otro encargo, a menos que sea el de docencia o investigación en alguna institución académica, por lo cual se permite percibir un sueldo.
La intención es volver al esquema anterior, donde las actividades de docencia, de investigación y literarias, podían llevarse a cabo siempre y cuando no se obtenga una remuneración económica.
El texto señala que se violó la autonomía universitaria al obligar a la Máxima Casa de Estudios a erogar una cantidad estimada en un millón de pesos anuales, que si bien no es mucho, el Congreso del Estado no contempló un aumento presupuestal en este sentido.
Con esto no se vería mermada la imparcialidad de los jueces supremos del Estado, sobre todo si llegase a que la institución para la que prestan el servicio, se viera involucrada en un juicio civil o penal.
ES ABERRANTE Y PERVERSO: MOLINA
Para el próximo diputado Juan Manuel Molina, el movimiento es evidente: el panismo pretende “tejer un acuerdo mucho más sólidos con algunos magistrados”, con la intención de refugiarse en espacios al interior del Poder Judicial.
En entrevista, el abogado aseveró que en caso de concretarse esta reforma, una de sus primeras acciones sería interponer un recurso de inconstitucionalidad, con la intención de darle reversa, pues apenas se emita la declaratoria, tendrían un plazo de 30 días para inconformarse.
Afirmó que es ridículo que por un lado argumenten insuficiencia presupuestaria y por otro aprueben endeudamientos y proyectos de Asociaciones Público Privadas, por lo que su única intención es quedar bien con los magistrados y abrir espacios en su beneficio, pues los nombramientos de titulares de la fiscalía, el Instituto de Transparencia y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) parecen estar paralizados y probablemente no salgan en esta Legislatura de mayoría azul.
“Esperan hacer espacios de refugio. Habían mandado recomendados de Triny Vaca, de Bentley y de otros diputados, al Poder Judicial, para generar espacios a cambio del haber de retiro”, reclamó el próximo legislador.
Agregó que esta iniciativa impediría una renovación del Tribunal Superior de Justicia por los próximos cinco años, lo que afectaría en las aspiraciones de jueces que buscan un espacio en el máximo tribunal del Estado, sin mencionar que la ampliación de edad de retiro no influye en los jueces, por lo que seguirían con un plazo máximo de 70 años de edad o 15 de servicio.
Referente a las reformas para percibir recursos de instituciones de docencia, le parece que tiene una intención para beneficio futuro, en específico de la Universidad Autónoma de Baja California, pues si esta comenzara litigios en tribunales por cualquier tema, varios magistrados que perciben salarios podrían quedar imposibilitados para emitir sentencias, pues la remuneración los podría volver parciales. Ante ello, estima que prevén próximos litigios por parte de la Máxima Casa de Estudios.
BUSCAN BLINDAJE: BENTLEY
Más allá del refugio, la diputada Victoria Bentley Duarte -quien advirtió que pretenden rechazar las modificaciones- considera que la intención es comprar impunidad para los salientes del gobierno.
Magistrada María Esther Rentería Ibarra.
Y es que si bien la fiscalía se encargará de investigar al actual gobierno, las sentencias serían emitidas por jueces y magistrados, por lo que su intención es beneficiarlos a cambio de una promesa de impunidad.
Bentley Duarte, ex presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso, dijo que una reforma de esta naturaleza debe ser ampliamente evaluada con los sectores involucrados, y en este momento ni siquiera se pidió una opinión técnica de los colegios de abogados.
“Otra vez quieren aprobar todo en lo oscuro”, acusó la representante de Morena, quien opina, han manejado el tema con especial sigilo y resulta muy sospechoso que intenten aprobarlo a semanas de terminar la Legislatura.
POSITIVO, PERO CON ALGUNAS RESERVAS: ARMANDO VÁSQUEZ
El ex presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Jorge Armando Vásquez, consideró positiva la reforma constitucional que pretende el Congreso del Estado, pues permitiría que los magistrados próximos a retirarse, puedan otorgar recursos para su jubilación, lo que impactaría de manera positiva en las erogaciones que tendría que hacer la sociedad.
Consideró que beneficiaría a los trabajadores judiciales, pues varios de ellos todavía están muy fuertes y lúcidos para ejercer la labor jurisdiccional, que no es fácil, pues representa un gran esfuerzo y habilidad para revisar el actuar de los jueces.
Referente a si pudiera tratarse de una moneda de cambio para ingresar a panistas a la nómina judicial, el funcionario recordó que existen parámetros y requisitos para trabajar en la institución, por lo que no sería sencillo aperturar cargos para personas no capacitadas.
Agregó que existen cargos administrativos, pero tendría que venir acompañado de un incremento presupuestal, lo cual no ve factible que sea suficiente para albergar a una cantidad de trabajadores allegados al Partido Acción Nacional.
Vásquez -quien forma parte de la Tercera Sala- aseguró que el único problema sería si algún tribunal federal estimara que los magistrados recién removidos del cargo por cumplir 70 años, pudieran exigir una reinstalación.
“Sería interesante saber qué decisión toma el Tribunal Colegiado”, al señalar que hay dos juicios de amparo todavía vigentes: el de Félix Herrera y el de Raúl González Arias, pues de alcanzar el beneficio, habría una controversia con los nuevos magistrados que actualmente ocupan esos lugares.
Dicha afirmación fue respaldada por Juan Manuel Molina, quien considera que hay materia para solicitar una reinstalación en caso de incluir a los magistrados ya retirados por edad.
