Jaime Bonilla Valdez, gobernador electo de Baja California, manifestó su rechazo al actual procedimiento de reestructuración de deuda que la administración de Kiko Vega lleva a cabo por el monto de 8 mil 433 millones de pesos.
Bonilla Valdez convocó a conferencia de prensa en Tijuana esta mañana para dar a conocer su posicionamiento frente a los bancos e instituciones financieras interesados en participar en la convocatoria de licitación del refinanciamiento.
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“Que se entienda que vamos a ir hasta las últimas consecuencias a investigar, si alguna institución hace todavía negocio con este gobierno, voy a tener dudas de hacer negocios del estado con esa institución financiera, le sugeriría a mi próximo gobierno vetar a las instituciones que se presten a este financiamiento”, expresó.
Añadió “estamos pidiéndoles a los bancos e instituciones financieras, aunque ya están convocados, que no participen porque vamos a llevarlos a las máximas consecuencias de investigación porque sospechamos que aquí hay gato encerrado”.
Acompañado de Amador Rodríguez Lozano y Mario Escobedo Carignan, a quienes el gobernador electo ha presentado como futuros secretario de gobierno y secretario de Desarrollo Económico, respectivamente, el próximo mandatario estatal dijo desconfiar del proceso de reestructuración, ya que le parece “un negocio de salida, un bono de despedida para el gobierno saliente”.
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Por lo que expresó “creemos que es un financiamiento amañado que nos pretende amarrar las manos y entablar incrementos de impuestos e impuestos nuevos. Nuestro posicionamiento es público que estamos en contra como nuevo gobierno y creo que el refinanciamiento le corresponde al gobierno entrante, no al gobierno saliente”.
En marzo, el Congreso del Estado aprobó el decreto 355 para la reestructuración de más de 12 mil 526 millones 980 mil 742 pesos en 24 créditos con distintas instituciones bancarias como Banamex, Bancomer, Scotiabank y Santander.
El mismo decreto contemplaba también el financiamiento para dos Asociaciones Público Privadas (APPs), consistentes en la desalinizadora de Playas de Rosarito y el Segundo Piso desde el Aeropuerto de Tijuana hacia la Avenida Internacional, así como un fideicomiso de 2 mil 600 millones de pesos para el pago de pensiones a maestros mediante fondos federales.
Este se aprobó con los votos de la mayoría panista en la Legislatura y organismos empresariales como Coparmex y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) presentaron un amparo en contra por considerarlo una medida que afectaba las finanzas bajacalifornianas.
Sin embargo, la semana pasada se dio a conocer que el gobierno del Estado había disminuido la carga del refinanciamiento a 8 mil 433 millones de pesos y modificado el pago de comisión a intermediarios de 2.5% a 1.1%
De manera adicional, el equipo de Jaime Bonilla dio a conocer hoy que el gobierno del panista Kiko Vega también contempla la creación del Impuesto a la Salud por un 35 por ciento, así como los aumentos al Impuesto de la Nómina del .63% al 1.33% y al Impuesto Adicional a la Educación del 35% al 45% en un programa financiero para 2020.
La creación del Impuesto a la Salud, así como los incrementos al Impuesto de la Nómina y al Impuesto Adicional a la Educación, así como a otras obligaciones de pago, ya habían sido propuestas por la actual administración estatal en diciembre de 2018 para aplicarse en el año fiscal 2019, pero tras el rechazo social, desistieron de ellas.
Por ello, el gobernador electo sospecha que se trata de una estrategia del gobierno saliente para afectar su futura administración.
Fotos: Inés García
“Le pedimos al gobierno estatal que no atropelle los derechos de los bajacalifornianos. Está trazado de una forma mañosa. No se vale que nos pongan un freno de mano cuando estamos a punto de tomar posesión. Se tiene que entender que el pueblo de Baja California habló y dijo que quería un cambio, no tiene por qué comprometer al pueblo a nuevos impuestos”, expresó.
De igual forma, consideró que los pagos a los que se comprometería a la administración por concepto del pago de refinanciamiento provocaría la cancelación de proyectos que desea instalar en el siguiente gobierno como los desayunos infantiles, la construcción de la carretera de Ensenada a Guerrero Negro y obras de pavimentación.
“Hay mucho por transparentar, este gobierno se caracteriza por no decir las cosas cómo son, estamos convocando esta conferencia para difundir nuestro posicionamiento respecto a la decisión de salida, ese descontón de salir corriendo, dar el golpe y no decir nada”, añadió.
Por su parte, Rodríguez Lozano consideró “el refinanciamiento tiene que ser al inicio de cada administración, cuando se conocen programas, cuando hay claridad de lo que va a hacer. Hacer refinanciamiento de salida es querer tapar una serie de errores que hasta el momento no sabemos”.
También recordó que la diputada Victoria Bentley, quien se separó de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso estatal, presentó una acción de inconstitucionalidad por la aprobación del decreto del refinanciamiento, el cual fue aceptado la semana pasada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Respecto a los créditos que se refinanciarían en este nuevo proyecto, Adalberto González, quien también forma parte del equipo de transición del gobernador electo, señaló que la convocatoria emitida por el gobierno estatal no define cuáles son, por lo que deja en “en indefensión a los bajacalifornianos y a las instituciones bancarias que pretenden participar en ese refinanciamiento”.
“Existe la percepción de que este refinanciamiento es un acto de corrupción, además deja ciertos valores de la transacción, como la calificación y la creación del Fondo de Reserva, para realizarse 120 días después del cierre del gobierno panista, es decir, dejando a la siguiente administración los costos adicionales del proceso”, se explica en un comunicado de prensa del equipo de transición respecto al tema.
También se advierte que, si el gobierno actual continúa con el proceso de refinanciamiento, “el gobierno entrante hará una investigación a profundidad de todos los funcionarios y actores externos implicados en este proceso y, además, la investigación será turnada a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda”.
“Nos están poniendo un yugo en el cuello con un financiamiento que no se necesita ahorita, caro, no es transparente y en destiempo. No lo vamos a aceptar”, agregó Bonilla.
Según la convocatoria de refinanciamiento, emitida por la Secretaría de Planeación y Finanzas, mañana 25 de junio se recibirán y abrirán las propuestas por parte de las instituciones financieras interesadas en obtener el contrato, el cual debe firmarse a más tardar el 31 de julio, tres meses antes del cambio de gobierno.
