Recientemente nos enteramos que Manlio Fabio Beltrones, Emilio Gamboa y Miguel Osorio Chong, eran los protectores políticos más importantes de las empresas farmacéuticas que vendían las medicinas al gobierno. Se las vendían al país con enorme sobreprecio.
Los negocios y la política parece que van de la mano, sobre todo cuando se trata de políticos sin ideales, sin principios, que solo buscan el poder para enriquecerse.
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En México llegó a acuñarse la frase de que “un político pobre, es un pobre político”. En el sexenio de Peña Nieto todo se salió de control y de manera cínica, muchos de los miembros del gabinete o del PRI, aprovechando que la corrupción era impulsada y permitida por el propio presidente, se hicieron multimillonarios. Pero ya no fue como épocas anteriores, que aun siendo reprobable que les otorgaran contratos a políticos, las obras o las compras eran bien hechas. No, el asunto se salió de control, cuando gente como Manlio o Gamboa, pensando que ellos controlaban el Congreso federal y casi la política, podían hacer los que se les vinieran en gana.
Ciertamente el asunto empezó antes, durante la campaña, cuando se dice que el después director de Pemex, Emilio Lozoya, recibió 5 millones de dólares para apoyo de la campaña de Peña Nieto. Aún se investiga, sin resultados.
También los gobernadores de Quintana Roo, Veracruz y Chihuahua, entre otros, desviaron grandes recursos para apoyar al PRI y sus diferentes campañas. Claro, en este asunto, cientos de millones se quedaban en las manos de los gobernadores, como una especie de comisión sobre la corrupción. Aún no son castigados como se debe.
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La estafa maestra y sus operadores, aún no son ni siquiera detenidos. Los mexicanos estamos a la espera de una sanción ejemplar. Manlio era uno de los grandes, con una carrera impresionante, se dejó seducir por el dinero. Se dice que siendo presidente del PRI desvió cientos de millones de la llamada “Operación Zafiro”, que nunca llegó a los militantes del PRI, para que ganaran las elecciones del 2015, mismas que perdieron casi todas, menos Hidalgo y Oaxaca. Ya antes Manlio había sido señalado como el inventor de los “moches”, comisión que se le pagaba a un diputado para que un gobierno estatal pudiera utilizar en su territorio la inversión que se le autorizaba a cada diputado para su distrito.
Todas las grandes obras que aprobaban para los gobiernos pagaban “moche”. A mí me contó un gobernador, que de una obra que le aprobaron para su estado, Manlio le quitó una cantidad importante y le dijo: “ya desconté tu apoyo para la campaña de mi candidato a gobernador”. ¡Qué cinismo, que descaro! ¡Qué lejos llegamos!
No es solo entre priistas los negocios de la corrupción. A “Kiko” Vega se le señala que es socio de la mayoría de los grandes negocios que se realizan en Baja California: carreteras, hospitales, etcétera, todas las obras son ganadas por gente identificada como sus socios. La desaladora, el doble piso y el refinanciamiento recién aprobado, todo por un monto cercano a los 100 mil millones de pesos, los cuales pagarán nuestros nietos en 40 años, son todos negocios de la corrupción.
Al candidato del PRI al gobierno de Baja California, Enrique Acosta, se le señala como uno de los grandes corruptos del estado, primero vendiendo facturas falsas, para la importación de autos, asociado con otro político del PRI y un magistrado federal, a quien por cierto, como castigo, de estos ilícitos, solo lo cambiaron a Chilpancingo. A Acosta también se le ha acusado de malos manejos en la SEDATU, de la cual fue delegado en B.C. (ZETA, enero del 2015). Recientemente el periodista nacional Carlos Loret de Mola, lo asoció a la mafia que contrabandea totoaba.
El famoso “Patas” Gastélum, presidente municipal de Tijuana, en búsqueda de la reelección, no podría ser la excepción. En 2013 lo asociaron a empresas relacionadas con el narcotraficante Rafael Caro Quintero. ZETA recientemente puso a descubierto una empresa con la cual triangula millones para promocionar su imagen. Ahora le dieron a una empresa el 60% de las utilidades de los ingresos del establecimiento de los nuevos estacionómetros en Tijuana, donde se dice hay una gran comisión al gobierno municipal, pues le está regalando a una empresa privada grandes cantidades de dinero.
En fin, podríamos seguir escribiendo muchas páginas de este cáncer, que debe terminar.
Amador Rodríguez Lozano, es tijuanense. Ha sido dos veces diputado federal y senador de la República por Baja California; fue también ministro de Justicia en Chiapas. Actualmente es consultor político electoral independiente y vive en Tijuana. Correo: amador_rodriguezlozano@yahoo.com
