Como si la opinión de los gobernados le hubiera importado o la hubiese considerado durante los últimos cinco años y cuatro meses, al gobernador de Baja California, Francisco Arturo Vega de Lamadrid, y tras la “renuncia” del secretario de Seguridad Pública del Estado, Gerardo Sosa, los integrantes del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública le pidieron suplirlo con un personaje preparado, fuerte y decidido, “que pueda tomar al toro por los cuernos y le entre de frente esto cinco meses”.
Salvo la controvertida y abusiva Ley de Aguas que anuló tras los reclamos de miles de ciudadanos en las megamarchas que se realizaron a finales de 2016 y principios de 2017 en la plaza de gobierno en Mexicali, Vega de Lamadrid no ha respondido a ningún otro reclamo o petición social. A pesar que el lema de su campaña fue “Conmigo, la gente manda”.
Ejemplo de su desaire con la sociedad es que su gobierno sigue sin enviar la información económica al Comité Técnico del Consejo Coordinador Empresarial que se integró para realizar el diagnóstico financiero, con la intención de mejorar las desaseadas finanzas estatales.
Ante las irregularidades en las administraciones pública, estatal y algunas municipales, además de marchas, tomas de instalaciones, audiencias solicitadas -muchas veces sin éxito-, desesperados, los grupos organizados y políticos de oposición han recurrido a la Ley, presentando denuncias ante Sindicatura y la Fiscalía General de la República (FGR).
El 21 de junio de 2018, por uso indebido de recursos y/o desvío de mil 400 millones de pesos de aportaciones federales que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) no pudo localizar en diez investigaciones, miembros del Partido Encuentro Social (PES) denunciaron ante la entonces PGR al gobernador de Baja California. Por estos mismos hechos, en el Senado de la República una legisladora por Baja California pidió juicio político en su contra.
En noviembre del mismo año, teniendo como justificación los adeudos del Gobierno del Estado con la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) y con los jubilados y pensionados de los maestros, el Consejo de Organizaciones Ciudadanas Independientes (COCI) denunció ante la PGR al gobernador Vega por presuntos actos de corrupción como abuso de autoridad, ejercicio indebido de funciones y enriquecimiento ilícito.
Respecto a los alcaldes, en junio de 2017 y por uso indebido de recursos, coalición de servidores públicos y lo que resulte de la contratación irregular de 80 camiones recolectores de basura y 15 patrullas para la vigilancia de Tijuana y el incumplimiento de las empresas en la prestación de los servicios contratados, tanto el COCI como el Colegio de Abogados de Tijuana denunciaron al alcalde. La misma demanda presentó el PES en el Congreso del Estado.
Y el 12 diciembre 2018, la regidora Mónica Vega denunció en Sindicatura Municipal al alcalde Juan Manuel Gastélum, a la oficial mayor María de los Ángeles Olague, al tesorero Ricardo Chavarría, a la regidora Elvia Rangel y al ex director de Comunicación Social, Moisés Márquez, por la triangulación de 2.6 millones de pesos de recursos municipales a través de la empresa Mexikna, la cual representa el hijo del edil.
Por la misma triangulación, el 20 de diciembre, Román Aboytes, delegado la Confederación Nacional de Colegios y Asociaciones de Abogados de México, y el 8 de enero de 2019 el Colegio de Abogados de Tijuana, presentaron denuncias penales ante la FGR contra el alcalde y su hijo Juan Manuel Gastélum Rivera para ser investigados por ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencias, cohecho y asociación delictuosa.
En Mexicali, en febrero de 2017 el alcalde Gustavo Sánchez y el director de la Policía Municipal, Ulises Méndez, fueron denunciados por abuso de autoridad ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), tras un desalojo de manifestantes en Palacio Municipal.
La alcaldesa de Tecate, Nereida Fuentes, así como su tesorero Manuel Durán, también fueron denunciados en noviembre de 2018, “por el delito de abuso por retención de cuotas sindicales y salarios descontados para apoyo funerario de empleados de base”, después de negociar durante meses con los empleados sin llegar a un acuerdo.
Con mejor suerte, los señalamientos negativos contra Marco Novelo, alcalde de Ensenada, y contra Mirna Rincón, su homóloga en Rosarito, han quedado en acusaciones públicas informales.
Al final, a pesar de los reclamos y las denuncias formales, los mandatarios en Baja California, el estatal y los municipales, siguen sin escuchar los reclamos ciudadanos que piden, dejen de cometer irregularidades. Siguen abusando del erario, gozando de más impunidad que criminales organizados.
Baste recordar el “Facturagate”, aquel caso en que regidores del XVII Ayuntamiento de Tijuana (2001-2004), teniendo como alcalde al panista Jesús González Reyes, al final de su gestión se quedaron o gastaron cientos de miles de pesos del erario -250 mil cada uno de los 15- , y para justificar, usaron facturas falsas de empresas que no existían. El caso quedó en la impunidad.
Con este antecedente local y con un Presidente de la República que ha prometido no cazar a los corruptos, de nuevo toca a los bajacalifornianos no cansarse, robustecer sus denuncias, insistir en su reclamo de justicia, vigilar a sus gobernantes.
Participar activamente en la definición de políticas públicas, involucrarse, alimentar la participación ciudadana para ampliar el alcance de su intervención en la vida pública, para empezar acotar los espacios de poder que permiten a los malos funcionarios enriquecerse y escalar en el organigrama político, a costa del debilitamiento del Estado y de frenar el desarrollo de la entidad.
