En tiempos de austeridad y de relección, dos diputadas del Partido Acción Nacional impulsaron y lograron el apoyo de sus compañeros para sacar una reforma a la Constitución de Baja California y así poder beneficiar a 5 magistrados.
Hace dos semanas, el Congreso del Estado aprobó una la Reforma para elevar a rango constitucional un tema de salarios y prestaciones en el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, teniendo tantas necesidades de legislar –incluso dentro del propio órgano– Iraís Vázquez y Eva María Vásquez, ambas del PAN, concentran sus esfuerzos en entorpecer la autonomía del mentado tribunal.
Y es que la mayoría de los diputados levantaron su dedo para agregar esta oración en el 55 de la Constitución, Artículo que da vida al Tribunal: “Los Magistrados percibirán los mismos emolumentos, con todas sus percepciones…”
Esto implica que se tendrán que equiparar las percepciones de los “Magistrados de Sala” con los “Magistrados de Pleno”. Es decir, que actualmente 4 magistrados de sala quienes tienen funciones de jueces dejarán de percibir 65 mil pesos al mes para cobrar lo mismo que un Magistrado de Pleno, quienes son la segunda instancia y quienes administran y titulan el Tribunal, es decir 106 mil pesos. Un aumento en el salario que implicaría un gasto de casi 4 millones de pesos al año.
La reforma que propuso Iraís Vázquez conserva varias torpezas imperdonables, primero porque, la propia Constitución Mexicana establece (Artículo 127) que no puede fijarse una remuneración igual o superior a quien tenga menores responsabilidades respecto de quien tenga mayores. Además de decretar que “ningún servidor público podrá tener una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico”, aritmética constitucional de kínder. Y, en el caso que nos ocupa, por si los diputados lo desconocían, los Magistrados de Sala del Tribunal Administrativo no conservan las mismas responsabilidades que un Magistrado de Pleno, evidentemente.
Con esta reforma, los diputados se convirtieron en la burla en el gremio de los abogados y dentro del mismo tribunal, pues creen que este aumento constitucional fue hecho a la medida especialmente para dos panistas, Guillermo Moreno Sada y Roberto Blas, este último, un ex magistrado de sala quien pelea en tribunales federales su reinstalación al cargo. Blas es militante del PAN hasta los dientes e íntimo amigo de varios de los diputados.
Actualmente hay 4 magistrados de sala quienes se beneficiarían de la ocurrencia legislativa: Flor Arguilés Robert, Juan Alberto Valdiviezo, María Lourdes Luna Mendívil y el ex panista Guillermo Moreno Sada, ahijado de bodas del gobernador Francisco Vega de Lamadrid. El quinto bonificado sería el próximo “Magistrado anticorrupción” que tendrá que ser elegido en los próximos meses.
Pero hay aún otro nivel de preocupación dentro del tribunal, y es la bandera que han enarbolado las diputadas arriba mencionadas: la autonomía presupuestal del Tribunal Administrativo y que así, uno de los órganos responsables de echar andar el Sistema Estatal Anticorrupción dependa financieramente del señor gobernador por medio de su secretario de Finanzas.
La reforma ya fue notificada a los ayuntamientos y éstos tendrán que votarla para que cobre vida. O bien, si la sensatez se apodera de al menos 3 de los 5 cabildos, solo quedaría en una intentona más del PAN y sus diputados.
