La ley con la que AMLO pretendía que ningún servidor público ganara más que él como presidente de la república no sobrevivió a la inconformidad de cientos de trabajadores del Estado, quienes apelaron al amparo jurídico, y tras una acción de inconstitucionalidad interpuesta por senadores de oposición la norma quedó sin efecto.
Habiendo sido implementada el 6 de noviembre, la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos fue suspendida de manera provisional el 7 de diciembre por el ministro Alberto Pérez Dayán. El aplazamiento respondió al objetivo de preservar, entre otros derechos, el de “percibir una remuneración proporcional, adecuada y equitativa”, o dicho en otros términos, “un salario digno”.
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Pérez Dayán señaló que a partir del trámite que se le dio al recurso interpuesto “las remuneraciones que perciban los servidores públicos de los Poderes de la Unión y de todos los demás entes públicos para el ejercicio 2019” no deberán establecerse con base en la ley en cuestión; en todo caso, tendrían que corresponder con los proyectos presupuestarios que las dependencias y los organismos públicos presenten.
Las demandas de amparo, las cuales se siguieron interponiendo aun después de la suspensión a la norma, se acumularon por miles. Entre los servidores públicos que se ampararon, a efecto de que no disminuyera su salario, figuraron jueces, magistrados, secretarios, actuarios, oficiales judiciales, así como personal de Pemex, PGR, INE, SAT, Cofece.
En referencia a los amparos emanados del Poder judicial, Andrés Manuel López Obrador dijo parecerle una contradicción que alguien que se asuma como impartidor de justicia gane 600 mil pesos mensuales. De cualquier manera, sostuvo que respetaría lo que a propósito resolvieran los jueces.
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La Suprema Corte emitió un mensaje vía red social en aras de reiterar que “es falso que en el PJF alguien gane ni remotamente” lo que el jefe el presidente de México planteó. De acuerdo con documentación oficial, el salario máximo mensual de un ministro es de “269,215” pesos. López Obrador insistiría: “Yo tengo información”. Según explicó: “son 7 millones al año en sueldo bruto, más otras prestaciones que no están ahí, pero si no son 600 mil, son 500 mil”. Aseguró que “solamente Donald Trump (el mandatario estadounidense) gana más que el presidente de la SCJN y hay datos sobre esto”.
Afirmó que el Poder ejecutivo enviará a la Cámara de Diputados el Presupuesto de los otros poderes y de los organismos públicos tal cual y que será facultad exclusiva de los legisladores competentes reducirlo o modificarlo. En su opinión, deberá establecerse con base en el artículo 127 de la Constitución, que contempla: “nadie puede ganar más de lo que recibe el presidente de la república”, entre 108 mil y 110 mil pesos mensuales.
Desde la óptica de “jueces y magistrados” esa disposición es inaplicable toda vez que carece de ley reglamentaria. Finalmente, el Senado de la República, donde los legisladores de Morena, Ricardo Monreal y Martí Batres presiden la Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva respectivamente, presentó un recurso de reclamación contra la suspensión de la ley de remuneraciones (sin consultar con las bancadas opositoras), bajo el argumento de que la resolución de Pérez Dayán estaba interfiriendo “con el proceso presupuestario en curso”, el cual habrá de definirse entre el 15 y el 30 de diciembre.
