Francisco Javier Acuña Llamas habla de la percepción de miles de mexicanos, que califican al órgano que preside como tibio y servible al gobierno, del difícil camino para evitar el uso indebido de datos personales, de las ligas de dos comisionados al PRI, de las batallas perdidas en tribunales para desclasificar la información de los vuelos de Enrique Peña Nieto y de la lista de empresas condonadas del pago de impuestos del SAT
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Con la reforma a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual entró en vigor en 2016, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) pasó de supervisar a 250 instituciones, solo del Gobierno Federal, a 862 en todo el país, incluyendo sindicatos y partidos políticos.
Ello significa que, en una nación de 120 millones de habitantes, hay por lo menos 9 mil sujetos obligados a transparentar y responder a solicitudes de información ciudadanas, entre dependencias públicas, órganos autónomos, funcionarios públicos, políticos, corporaciones policiacas y la milicia, por mencionar algunos.
Sin embargo, detalla el presidente del INAI, Francisco Javier Acuña Llamas, en total son más de 15 millones sujetos potenciales obligados por la Ley de Transparencia.
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Se trata de aquellos particulares que han recabado bases de datos de sus clientes, pacientes o usuarios. El universo se extiende a clínicas, hospitales, abogados, medios de comunicación, hoteles, bancos, telefónicas y más.
Al contar con información personal de millones de personas, estas empresas deben garantizar la protección de datos personales. Por lo menos así lo plantea la Ley porque, en la práctica, se ha demostrado lo contrario. Y el titular del INAI es el primero en admitirlo.
MILLONES DE BASES DE DATOS CLANDESTINAS
“Es imposible enderezar algo que está torcido desde hace mucho porque no ha habido ni había mecanismos para proteger los derechos fundamentales de la persona relacionados con los datos personales. Es un tema tan nuevo que apenas hasta el año pasado tenemos una Ley General de Protección de Datos Personales, pero desde hace 15 años, circulan bases de datos masivas. En 2003, cuando iniciaba la vigencia de la Ley de Transparencia, el padrón electoral de esa época se había vendido al Departamento de Estado de Estados Unidos, en ese tiempo eran 60 millones de datos de quienes tenían credencial para votar”, expone Acuña Llamas en entrevista con ZETA.
La información de millones de pacientes, detalla el comisionado presidente del INAI, no se delimita al sector privado, también se han copiado y fragmentado bases de datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Trabajadores del Estado (ISSSTE) para concentrar la información de quienes padecen ciertas enfermedades. Lo mismo ha ocurrido con la información de personas recluidas en prisiones
Acuña habla de uno de estos casos: “Los hospitales cruzan bases de datos de quienes han sido hospitalizados con aseguradoras que son del mismo dueño para que las compañías de seguros médicos hagan alguna modificación a las pólizas, mientras que los bancos han emitido muchas bases de datos que son sus deudores morosos o con quienes tienen una relación específica”.
Con una remuneración anual de 132 mil pesos, opina que los salarios deben permanecer como están
Quien fue uno de los precursores de la Ley General de Transparencia en México que se logró en 2001, reitera: “Las bases de datos se han estado cruzando desde hace años y ya llegaron a todas partes, y si bien el INAI es la máxima autoridad (en protección de datos), su autoridad apenas llegó en términos efectivos y todo lo que se debe hacer, está por hacerse”.
A un año de haber asumido la presidencia del INAI, el abogado de profesión, especialista en Derechos Humanos, ex catedrático y quien se desempeñó como coordinador de Transparencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, visitó Baja California para firmar un convenio con el Instituto Estatal Electoral que permitirá concentrar la información de gastos en viajes de los consejeros, en una plataforma de fácil acceso para los ciudadanos.
En su conversación con ZETA, la máxima autoridad en el país en cuanto a transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, habló sobre su salario y gastos con cargo al erario público, la violación al uso de datos personales en el actual proceso electoral, de las ligas de dos comisionados del INAI al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y de las batallas perdidas ante la Corte para desclasificar información pública, entre otros temas.
— Hace unas semanas, ciudadanos han denunciado el uso, sin su autorización, de sus datos personales para recibir llamadas en contra de Andrés Manuel López Obrador como candidato a la Presidencia ¿Qué está investigando el INAI al respecto para evitar esta preocupación de que los datos personales de millones de mexicanos están siendo utilizados sin su consentimiento?
“Nosotros habíamos avisado hace casi tres meses que seguramente se vendrían este tipo de situaciones en el proceso electoral. Hay muchas bases de datos personales que andan circulando y son clandestinas e incluyen los teléfonos celulares personales de medio mundo, o casi todos los mexicanos. A la institución electoral le toca regular si hay guerra sucia en esto. Nosotros lo único que podemos hacer, pero no de oficio, sino por medio de una denuncia del afectado que se oponga y pida la cancelación de información suya, es la defensa de los derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición)”.
— ¿Qué considera el INAI que hace falta para combatir ese uso indebido de datos personales como números telefónicos, más allá de la denuncia del afectado?
“Tenemos que agarrarle orilla al tema, indicando a la población cómo defender los derechos ARCO. Primero es la auto defensa, el auto cuidado, evitar dar datos personales por todas partes de manera irreflexiva y desproporcionada. Lo otro es aprender a reclamar por qué tienen tus datos, para eso debes tener una serie de evidencias como llamar al teléfono del que te marcaron y preguntar cómo tienen tus datos y que se identifiquen, tiene que ser preciso, porque no se puede echar a andar un sistema de investigación al vacío”.
CONEXIÓN INAI-PRI “NO SE PUDO COMPROBAR”
— En los nombramientos de los comisionados Carlos Bonnin y Blanca Lilia Ibarra, ambos empleados del Senado e identificados como cercanos al senador priista Emilio Gamboa Patrón, los senadores del PAN y el PRD denunciaron que se trataba de una cuota de poder para el PRI. ¿Qué dice de esto?
“Hay una realidad parlamentaria para que ocurran estos nombramientos y los acuerdos parlamentarios no están prohibidos. De 34 personas que se inscribieron para buscar ser comisionados, se seleccionaron a once, y dentro de estos, están mis ahora dos compañeros. No era un impedimento tener esta condición de haber estado uno en el Senado, encargado de la Transparencia (Bonnin) y directora del Canal del Congreso (Ibarra). Son personas que han trabajado el tema, no son unos improvisados.
“La vinculación o militancia no se pudo comprobar porque tiene que haber una serie de actos que comprometan la militancia como haber sido dirigente del partido o haber sido postulado por el partido; haber sido simpatizante o acudir a un mitin no es militancia. Hubo dos o tres referencias críticas de que eran cercanos a, la cercanía se puede referir o reconocer, pero no son suficientes para descalificar a alguien en términos de su competencia o incompatibilidad para el cargo”.
LOS VUELOS OCULTOS DE PEÑA NIETO
—En su opinión, ¿cuáles son las principales resoluciones en cuanto a desclasificación de información que ha logrado el INAI?
“Se ha exigido al SAT (Servicio de Administración Tributaria) permanentemente que revele y diga quiénes componen la lista de los beneficiarios de las condonaciones fiscales, pero no se ha dado porque los empresarios, que son los principales beneficiarios, se han amparado. Los jueces han establecido y concedido el amparo y la suspensión provisional y definitiva. El INAI ha continuado los procesos como tercero interesado en los Juzgados y no hemos tenido éxito”.
— ¿Qué opina de estos recursos legales que impiden se cumpla con la rendición de cuentas, como lo establece la Ley?
“Es lamentable que haya situaciones que le resten crédito al INAI, cuando el INAI ha tenido una voluntad básica y amplísima de transparentar. Hay otra que es histórica, en la que tampoco tuvimos suerte al final, exigimos que se abriera la información de los viajes del Presidente de la República (Enrique Peña Nieto) usando aeronaves y que se entregaran las bitácoras de vuelo hasta donde estos no pusieran en peligro a las personas que ellas viajaban por patrones de vuelo y que nunca se mencionara la altura ni la velocidad de las aeronaves, porque eso sí lo hace alcanzable para fines de ataque.
“Exigíamos que se revelara origen, destino y hora de salida y de llegada de la aeronave, además de otros datos como número de tripulantes, si eran internos (funcionarios o no), hasta posiblemente algunos aspectos relacionados con la operación que se había realizado, si era de rutina, si era especial o extraordinaria. El consejero jurídico de la Presidencia llevó nuestra resolución ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y acusó que se trataba de una seguridad de cuestión nacional. La Corte le dio la razón al consejero jurídico y nos dijo que no podíamos revelar los datos de los vuelos del Ejecutivo y del Estado Mayor Presidencial.
“Sin embargo, debido a que esa resolución se ciñe exclusivamente al Ejecutivo federal, hemos seguido abriendo bitácoras en cierto punto de aeronaves de otras instituciones federales que no son el Ejército. Estamos tentando el agua, lo más seguro es que pueda haber un eventual fallo parecido al que hubo”.
— ¿Cree que la resolución de la Suprema Corte fue justa?
“Una cosas son las maniobras de traslado de helicópteros o aeronaves de la CFE (Comisión Federal de Electricidad), Pemex o Conagua (Comisión Nacional del Agua) que llevan a cabo vuelos periódicos de inspección de rutina. En esos casos, no tenemos ninguna duda que, por razones de seguridad, se tiene que proteger la información, pero acá estamos hablando del titular del país, obviamente el Ejecutivo no puede realizar vuelos de rutina. No cabe ese criterio porque su investidura y su connotación hacen imposible que le repitan el mismo vuelo cada semana, sería peligrosísimo y absurdo. No hay condiciones para establecer esa similitud”.
SIN FISCAL ANTICORRUPCIÓN, INFORMACIÓN DE ODEBRECHT NO SE HIZO PÚBLICA
— Hace poco, la resolución de no hacer públicos ciertos contratos que Odebrecht obtuvo de Petróleos Mexicanos causó la molestia de muchos ciudadanos que percibieron al INAI como un órgano que no respaldó esta solicitud que nacía de la sospecha de corrupción en esta empresa, ya probada en otros países.
“Hay fronteras para el acceso a la información. No somos fiscales de la información. Si una empresa pudo haber sido pública, pero se volvió privada porque se vendió a particulares bajo un proceso que puede o no ser cuestionable, cuando se piden los datos a Pemex, ya es una empresa privada, entonces no tiene una connotación de referencia de información pública inmediata; legalmente alcanza, pero sí hicimos pública toda la parte de las operaciones y de los contratos que hubo. Como no se dio lo que faltaba, se armó una polvareda pidiéndonos a nosotros actuar como fiscales de la información, perdón, pero no podemos hacer lo que legalmente no está establecido.
“Hay casos en los que nos pueda mover, como a cualquiera que tenga sentido común, la curiosidad ciudadana de incluso ir más allá. Claro que valentía podemos tenerla, pero el problema es que jurídicamente no podemos hacer lo que la Ley no nos permite hacer.
“Hay otro caso relacionado con Odebrecht que también nos generó una enorme e ingrata acusación. En la Ley General de Transparencia existe una excepción a la reserva de Ley en información, cuando haya un acto jurídico de corrupción, no apreciación mediática, sino que se imputen los delitos de corrupción, pero a raíz del Código Penal Federal reformado, estos delitos no están vigentes porque no hay fiscal anticorrupción, entonces sin fiscal, no se pueden invocar estos delitos.
“En el caso de Odebrecht, una serie de actos del sindicato de Pemex, de la PGR (Procuraduría General de la República) y de la propia paraestatal están relacionados con procesos que se siguen en forma de juicio, por tanto, esa reserva legalmente son infranqueables. Nos quedamos con las ganas de hacerlo porque políticamente nos hubiera rentabilizado maravillosamente y el INAI hubiera sido aplaudido, pero el INAI no está para ser aplaudido en términos de hacer cosas que legalmente no puede hacer. Los senadores detuvieron la cadena de progresividad de una Ley modernísima que permitía una excepción incluso extraordinaria. La aplicaremos cada vez que haya una cuestión de corrupción infundada, en más casos que seguramente va a haber.
“La percepción de la gente es que fuimos tibios, que somos cobardes, servibles con el gobierno, que somos un fiasco. Me causó muchísima impotencia porque venimos pagando una consecuencia que no fue nuestra”.
— ¿Cómo cambiar esa percepción?
“Demostrando que tenemos la convicción que se hagan valer todas las potestades que tenemos, pero que nos liberen las comisiones que están detenidas. Con un fiscal anticorrupción, podemos combatir estos casos”.
— ¿Cuál es el presupuesto del INAI?
“980 millones de pesos que se ha incrementado. De las parecidas en su condición, es de las más austeras. Tenemos una plantilla de 800 personas, en el IFAI (Instituto Federal de Acceso a la Información Pública) había solo 450 empleados, cuando solo para el Ejecutivo, con 250 instituciones, ahora se tienen 862 sujetos obligados, más el desplazamiento en materia de datos personales de toda esta gama”.
— En un ejercicio de transparencia, ¿cuál es su salario?
“El salario quedó igual que el de los comisionados del IFAI”.
— ¿Cuánto es eso?
“132 mil pesos netos. Claro, han hecho estimaciones brutas del salario en 200 mil pesos, sí son las provisiones, pero ¿cuál es el costo de los servidores públicos en una democracia? Depende del valor que tienen. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reciben un salario de 500 mil pesos mensuales, nosotros nos quedamos a rango de subsecretario de Estado, cuando somos titulares de un órgano constitucional autónomo que revisa a todos”.
— ¿Cree que debería ser mayor?
“No, no digo que debería ser mayor. El país vive una situación de dificultad y de crisis, no es el objetivo tener un cargo remunerado público de cierto nivel, pero si lo vemos así, sería bueno que hicieran esas comparaciones. Se hace un escándalo sobre los sueldos de los servidores públicos, pero muchos estamos muy por debajo de las condiciones de profesionistas privados en el campo que nos desarrollamos. Nuestros hijos también van a la escuela, tienen necesidades, buscar un coche, una vivienda. Hay una apreciación muy injusta de los servidores públicos.
“Yo soy muy austero, no me subo a primera clase porque eso fastidia a la gente, da la impresión que estás pavoneando con el cargo. Jamás verás que llego al mejor hotel”.
— ¿Es pública su declaración patrimonial?
“Claro, desde un principio”.
Muchas gracias.
