Hace apenas tres semanas, Andrés Manuel López Obrador era electo por los mexicanos, como Presidente de la República para los próximos seis años. Llegó con tal legitimidad en los votos que parecía que su “luna de miel” con los ciudadanos sería prolongada, probablemente la más larga de la historia reciente.
Pero de repente, algo pasó con el presidente electo y su gente, de modo que el ambiente se empezó a enrarecer; probablemente fueron las ganas por dar a conocer cambios o las ansias por demostrar que ya estaban trabajando cuando aún ni siquiera han sido declarados ganadores por el Tribunal Federal de Justicia Electoral.
Me parece que nadie en su sano juicio puede estar en contra de realizar ajustes y recortes en la administración pública. El Gobierno Federal en general es un ente obeso, caro y mal organizado. Los primeros anuncios parecen ser muy sensatos, pero en el momento de intentar explicarlos, han surgido infinidad de dudas.
En primer lugar, destacaría el anuncio -desde la campaña misma- de mover la gran mayoría de dependencias federales a los estados. Sinceramente, la propuesta parece interesante, pero, ¿se hizo previamente un estudio que demuestre la factibilidad de lo anterior? En lo personal, me gustaría conocer, por ejemplo: ¿cuánto costará trasladar personal, mobiliario y renta de inmuebles? o ¿los cambios implican laborar con gente local? ¿Y el personal sindicalizado?
Además, no cualquiera aceptará cambiar su lugar de residencia porque conlleva una nueva vivienda y probablemente moverse con todo y familia. Me estoy imaginando cuando le digan al nuevo titular del SAT que tiene que trasladarse a vivir a Mexicali, con temperaturas en verano de más de 40 grados centígrados en promedio, y que ahora que les recorten el sueldo, tendrá que pagar su cuantioso recibo de energía eléctrica. Francamente hay más preguntas que respuestas en este punto.
Otro tema por demás delicado es la seguridad del Presidente de la República. Desde hace años, el Estado Mayor Presidencial es quien tiene la responsabilidad de resguardar la seguridad del mandatario y su familia, López Obrador ha decidido que el Estado Mayor se integre al Ejército, pero no ha informado quién estará para su cuidado. No es cosa menor este punto, ya que está en riesgo la seguridad del Presidente de México y la estabilidad de un país entero que económicamente parece estar agarrado de alfileres, aunque se nos diga lo contrario.
Si bien, el Estado Mayor Presidencial en ocasiones abusa de su trato hacia la gente con el propósito de salvaguardar al Presidente, han hecho un gran trabajo; no será un hueco fácil de llenar, sea cual sea la decisión que tome el mandatario nacional.
El otro punto donde me parece que hay poca información disponible es el anuncio de la desaparición de áreas de comunicación social del Gobierno Federal. Estoy seguro que los gobiernos anteriores abusaron del uso de esta herramienta, por lo cual, un ajuste siempre es necesario, pero lo que no queda claro es cómo van a sustituir la constante necesidad de informar a la ciudadanía sobre lo que el gobierno realiza diariamente.
Se habla de crear desde la presidencia, una especie de agencia de información donde se concentre lo que generan las diversas dependencias y de ahí priorizar su difusión. Lo anterior requerirá una inversión en personal e inmobiliario que es contrario a las medidas de austeridad.
Como podemos apreciar, hay cuestionamientos en la forma en que va a operar el Gobierno en varios rubros, incluyendo estos tres temas que describo en el texto.
Solo espero, por el bien de la siguiente administración y de todos los mexicanos, que lo barato no nos vaya a salir caro.
Alejandro Caso Niebla es consultor en políticas públicas, comunicación y campañas; se ha desempeñado como vocero en la Secretaría de Hacienda y Secretaría de Desarrollo Social en el Gobierno Federal, así como Director de medios en la Presidencia de la República. También fungió como Director de Comunicación Social en el Gobierno del Estado de Baja California. @CasoAlejandro
