En una maniobra avalada por la mayoría panista del Cabildo, la oficina de la presidencia municipal de Tijuana le quitó a la Sindicatura, la Unidad Municipal de Acceso a la Información (UMAI), para dejarla bajo el control administrativo del alcalde Juan Manuel Gastélum Buenrostro.
En compensación a la síndico Marcela Guzmán, le crearon la Dirección de Investigación y Determinación, lo que fue pretexto para ampliarle en 1.7 millones de pesos, su presupuesto anual tasado en 63.2 millones de pesos, superior en 23 millones de pesos al que ejerció, en 2016, la misma dependencia.
La nueva dirección de la fiscalía municipal será encabezada por María Elena Sánchez, percibiendo por dicho cargo un sueldo mensual de 53 mil pesos. A su mando tendrá una Subdirección de Integración y un Departamento de Investigación y Notificaciones, cuyos titulares ganarán mensualmente 35 mil y 25 mil pesos, respectivamente.
Los sueldos representan un egreso de un millón 356 mil pesos anuales, es decir, 76.5 por ciento del total de la ampliación presupuestal recibida; por lo que de la ampliación presupuestal de un millón 772 mil 500 pesos, solo quedarán libres para el ejercicio de la dependencia 416 mil pesos.
La decisión fue justificada por la dependencia, señalando la obligatoriedad estipulada por la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, vigente a partir del 1 de enero de 2018, de contar con una autoridad investigadora y otra substanciadora o resolutoria, que dicho ordenamiento señala no pueden ser la misma.
Para cumplir con su función, parte del personal de la Dirección de Responsabilidades pasará a la nueva dirección, conservando la misma nómina.
Sin embargo, la nueva directora no descartó la contratación de mayor personal debido a la carga de trabajo que prevé, contará la dependencia, ya que bajo la nueva legislación estatal, todo servidor público está obligado a presentar su declaración patrimonial y de intereses, contando el Ayuntamiento de Tijuana, con alrededor de 9 mil empleados, iniciando investigaciones por responsabilidad administrativa contra quien no cumpla con este requisito durante el mes de mayo.
Respecto a la nueva Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Tijuana, “lo idóneo hubiese sido que quedara como organismo autónomo”, manifestó a ZETA el regidor independiente, Roberto Quijano Sosa, al subrayar que la actual administración se ha caracterizado por ignorar los preceptos básicos de la transparencia.
Muestra de ello son los contratos de arrendamiento de camiones recolectores de basura a la empresa Turbofin, a los que el Ayuntamiento trató de dar la condición de información reservada, derivando en la intervención del Instituto Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California (ITAIPBC) para su publicación.
Como presidente de la Comisión de Fortalecimiento Municipal, Quijano fue quien impulsó el nuevo reglamento, siendo su propuesta original que la unidad contara con autonomía administrativa, presupuestal y operativa, tal como la tienen las instituciones nacionales y estatales en la materia.
El edil señaló que la transparencia cuenta con cuatro pilares, siendo el primero y único con el que cumple la actual administración, es decir, el normativo; esto con la promulgación del nuevo reglamento. Comentó que para que la nueva unidad realice una buena función, requiere capacidad institucional para atender las solicitudes y brindar información útil, la cual será limitada por depender del Ejecutivo municipal, así como capacitación a los funcionarios y difusión y fácil acceso a los mecanismos de solicitud para los ciudadanos.
Conservando su presupuesto para 2018 de 3 millones 384 mil 843 pesos, la Unidad de Transparencia ya opera con Melissa Sansores como encargada de despacho.
Por su parte, Elba Estudillo, consejera del ITAIPBC, manifestó que al ser Sindicatura Procuradora un sujeto obligado a proporcionar información, no era correcta la permanencia de la Unidad de Transparencia bajo dicha dependencia y que lo más adecuado era que esta función quedara a cargo del Presidente Municipal.
Sobre el cumplimiento en la publicación de información pública de oficio en los portales de los sujetos obligados, comentó que un reciente diagnostico coloca el promedio de cumplimiento en la entidad en alrededor de 50 por ciento, encontrándose el XXII Ayuntamiento de Tijuana en esa media.
Aunque admitió que el ITAIPBC ha tenido que intervenir para que el Ayuntamiento de Tijuana resuelva favorablemente a solicitudes de información, como lo fue con el contrato con Turbofin, la administración municipal no ha tenido mala disposición para cumplir dichos fallos, los que ha cumplimentado sin necesidad de apercibimientos o multas.
