A través de la asociación civil “Intercambio sin Fronteras” una mujer prometió a los comunales algunos servicios especiales como visas, pasaportes y beneficios binacionales a cambio de una retribución económica. Ya pasó más de un año y nada se ha resuelto
Integrantes de distintas comunidades indígenas de Baja California arriesgaron miles de dólares al intentar realizar trámites consulares, visas de turista o trabajo, servicios médicos, pasaportes, doble nacionalidad y hasta una pensión ante el gobierno estadounidense a través de la asociación civil Intercambio sin Fronteras.
Publicidad
Una mujer identificada por los afectados como Martha Betancourt fue quien tuvo el primer contacto con ellos en julio y posteriormente en septiembre de 2016, durante un festival de culturas nativas desarrollado en el Centro Cultural Tijuana (CECUT).
A versión de los afectados, desde esa fecha la fémina se dedicó a reunir gente en las comunidades de San Antonio Necua, Neji, Santa Catarina, los citaba para dar la información y la primera inversión se hace con la compra de una membresía con fotografía cuya imagen es la silueta de hombres nativos con pañoleta y cobijados por una bandera de Estados Unidos.
El costo es de 35 dólares para los pobladores y 275 para familias foráneas, de ahí le siguen una serie de cobros por concepto de honorarios, así como supuestos trámites oficiales con costos de 80 a mil 300 dólares. Aunque la mujer asegura que ese proceso cuesta, de manera individual, 15 mil con un abogado.
Publicidad
En una grabación telefónica en poder de ZETA, el nativo David Arrechea reclama a la señalada el tiempo que los ha hecho esperar, pero en respuesta describe a las comunidades como gente donde hay “ignorancia”, “corriente”, “narcotraficantes” y “retrasados”.
“Eso les está dando muy mala imagen a todos ustedes, o sea, todo mundo sabe que la comunidad Kumiai son muy problemáticos; hay drogas, hay narcotráfico, como en Necua, en la Zorra y en Neji, todo mundo lo sabe, ¿sí me explico? Te voy a decir una cosa (David), yo no me beneficio ayudando a esta comunidad que está tan mal”.
Los ofendidos mostraron documentos, fotografías, también audios que aseguran los usarán ante el Ministerio Público para la investigación, pero están en disposición de llegar a un acuerdo.
El Consulado de Estados Unidos con sede en Tijuana se ha deslindado de intermediarios, reiterando que todos los trámites de esa oficina se realizan en persona, nadie está autorizado para de manera externa promover o autorizar documentos.
En febrero, se les informó que los pasaportes estaban listos; Martha los citó en la Secretaría de Relaciones Exteriores en Ensenada, donde los pasaron a una sala donde recibieron una cátedra pero no entregaron nada. El mismo personal les indicó que la instrucción fue hacer el favor de dar información sobre cómo realizar trámites.
La oficina ubicada en la delegación Francisco Zarco, dentro del centro comercial de la calle principal, en el local 15, está prácticamente vacía y al menos tres locatarios mencionaron que nunca han visto a nadie, y en el teléfono impreso en las membresías nadie contesta.
“Creímos que era una especialista”
El primer acercamiento que tuvo la mujer con los nativos fue a través de Eva Guadalupe Salazar Carrillo, de la comunidad indígena de San José de la Zorra en un Festival de Pueblos Originarios en el CECUT.
“Como yo bailo y mi hijo canta, pues nos presentamos y aprovechamos para hablar de mi reserva, sobre lo que está sucediendo sobre el problema de drogas en los jóvenes”, recordó que en ese momento alcanzó a distinguir a Martha Betancourt entre el público.
Una vez que concluyó su acto, ella se acercó para felicitarla por la manera en que habló del poblado, pero al mismo tiempo ofreció servicios consulares.
Flor Arrechea
“Yo saco visas culturales y hago pasaportes, me gustaría mucho trabajar con ustedes porque las comunidades donde viven tienen derechos e incluso dinero en Estados Unidos, los quiero ayudar, por favor avisa a todos los ocupantes de los puestos”, le dijo.
Al siguiente día, pactaron una reunión donde recolectó nombres, números de teléfono.
“Comenzaron a dar nombres que de Santa Catarina, San José, Necua, de y desde ahí yo quedé fuera, ellos comenzaron a comunicarse y ella a pedir dinero”, compartió Eva molesta.
En su caso, desde julio de 2016 entregó la primera cantidad, poco más de 100 dólares, pero días después la supuesta gestora le pidió 900 adicionales; en total le abonó mil 915 dólares -alrededor de 30 mil pesos- para tramitar la ciudadanía para su madre.
La mayoría sabe que como nativos tienen privilegios en Estados Unidos, sin embargo, lamentó que en verdad creyó que Martha era una especialista, por lo que le entregó el dinero.
La denunciante pagó 4 mil dólares
Flor Elena Arrechea Cota interpuso una denuncia ante el Sistema Estatal de Justicia Alternativa Penal (SEJAP) bajo el número de expediente 0201-2017-17347/RAC.
En la narración, mencionó cómo fue la entrega de dinero.
“Me dijo que si al siguiente día le daba 900 dólares yo iba a entrar a Estados Unidos y salir ya con permiso de ciudadanía, o que de perdida le diera la mitad, se los di, pero a los pocos días me salió con que iba a sacrificar mi caso porque mi trámite era en migración. Era mucho más rápido comparación con el resto”, narro Flor, quien interpuso la denuncia.
De ahí le siguieron varias llamadas para pedir más adelantos hasta que completó los 4 mil dólares, la mayoría del dinero fue depositado en un número de cuenta bancaria a nombre de Martha y del esposo de ésta.
Nunca les dio recibos, pero la mayoría conserva comprobantes de los depósitos.
A Flor le interesa una ciudadanía para ella y sus dos hijos, pues el esposo ya tiene la doble nacionalidad.
Los precios que les manejó la asociación fueron de 500 dólares por concepto de honorarios por cada uno, más el trámite en el Consulado a un costo de mil 300 dólares por los niños y 900 por adulto; en total serían 5 mil 500 dólares.
“Me empezó a exigir más dinero, aseguraba faltaba pagar los honorarios de ella, pero yo vi que eran puras mentiras”, expuso sobre Martha, a quien Flor citaba para que le hiciera la captura de huellas y el examen médico, pero siempre la plantaba.
Los Arrechea ya tienen pasaporte
Los hermanos Arrechea, de la comunidad Kumiai en Tecate, se cansaron de esperar a Martha. Decidieron hacer el trámite por sus propios medios y en una semana tenían en la mano pasaportes, ahora esperan pronto tener visa.
David Arrechea Cota platicó que a él Martha nunca le respondía las llamadas, pero un día, cuando ella se enteró de que la familia planeaba emprender una denuncia penal en su contra, decidió contactarlo para amedrentar.
“A mí nunca me contestaba hasta que se enteró de que mi hermana la iba a denunciar”, asegura.
Ellos desembolsaron casi 600 dólares para visas, pasaportes y membresía. Mirella Hernández, esposa de David, pagó 240 dólares extra por la membresía, debido a que no es nativa Kumiai.
Más que una conversación, un monólogo
Los nativos grabaron una llamada a la que ZETA tuvo acceso, donde Martha Betancourt asegura que no se esconde de nadie, cuando la cuestionan sobre varias ocasiones en que han llamado sin éxito a las supuestas oficinas.
Eva Guadalupe Salazar
“Tu hermana Flor tiene problemas psicológicos muy graves, escúchame David. Yo nunca he dudado de Flor, pero me parece que entra en crisis”, mezcló durante la conversación.
Pidieron una audiencia en Ensenada de extrema urgencia, porque en varias ocasiones la indiciada ha faltado a la promesa de reunirse con ellos, pero en la conversación evade respuestas claras.
“¿Sabes con qué me estoy encontrando? Con una bola de gente donde todos se están peleando unos con otros, y dime si a mí me ajusta lo que me están pagando y te estoy hablando claro: aquí están un millón 100 mil pesos de todos, ahí está la cuenta, así como la página de internet. Te tienes que registrar, ahí está todo tu récord, el gobierno lo tiene”, les aclaró.
“Aquí está, si quieren el dinero de regreso a mí no me importa su dinero, ni a nadie, lo único que estamos haciendo es formando un grupo fuerte para binacionalizar el proyecto, porque ni siquiera los hermanos indígenas en Estados Unidos, los van a apoyar (a los de Baja California) porque tienen miedo de que ustedes arreglen por los seguros sociales; el único apropiado es Michael Count, un oficial de gobierno en la frontera”, señaló Martha, además de involucrar a las autoridades municipales y federales.
Finalmente, los nativos compartieron su desesperación por la devolución del dinero y dicen ofendidos por la manera como han sido tratados por la supuesta asociación civil.
