Es obligación del representante del Poder Ejecutivo, Presidente de la República o Gobernador de los Estados, rendir ante el Congreso de la Unión o Congreso de los Estados, un informe de la situación que guarda la administración pública en el periodo establecido por la Constitución Federal o local, según sea el caso.
Este acto republicano poco a poco se ha ido degenerando hasta convertirse en una ceremonia corta y aburrida, en la cual, el representante del Ejecutivo envía su informe de actividades por escrito a uno de sus funcionarios, y él o uno de sus secretarios más cercanos comparece ante el pleno del Congreso, enviando un mensaje político a la ciudadanía.
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Con el tiempo, esta práctica ha terminado por desgastarse hasta convertirse en pretexto para alabar al Ejecutivo y cantar loas al trabajo desempeñado por este funcionario que no hace otra cosa más que cumplir con una función que le fue asignada por la ciudadanía y por la cual, recibe un elevado estipendio.
Hace unos días, en las redes sociales, empezó a circular un video donde se hacía notar que el término para rendir el informe correspondiente por el Gobernador Francisco Vega de Lamadrid había fenecido al clausurarse el periodo de sesiones correspondientes, esto se consideraba como una grave violación a la Constitución y que por ello, el Ejecutivo Estatal debía comparecer ante un juicio político, mismo que se entabla cuando se ha dado una grave violación a la Constitución o a las leyes del Estado.
Una persona vinculada al Congreso del Estado me comentó que, al parecer, dicho informe se debería llevar a cabo el día primero de octubre del presente año y que el hecho de no celebrarlo en el periodo legislativo correspondiente, se debió a un acuerdo emanado de la Junta de Coordinación Política. Ante ello, la duda surge: ¿Tendrá facultades constitucionales la mencionada Junta de Coordinación para modificar una disposición contenida en la Constitución local? A mi juicio, el Congreso del Estado carece de tales facultades para adquirirlas, sería necesaria una reforma constitucional a nivel estatal.
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Ahora bien, ¿qué tan grave es este hecho?, puesto que algunos abogados locales afirman que entraña una violación grave a la Constitución o leyes locales, tanto que crea la posibilidad de que se lleve a cabo un juicio político para el Gobernador.
Considero que una violación grave a la Constitución o leyes locales es aquella que pone en peligro el orden positivo, entorpece la buena marcha de las instituciones, genera perjuicios irreparables al Estado de derecho o constituye una violación a los derechos humanos.
Sin embargo, es conveniente señalar que situaciones como ésta son violatorias del orden jurídico establecido y que, para evitarlas, es necesario apegarse estrictamente a éste, de esa manera se ahorran conflictos innecesarios que generan inquietud en la sociedad.
A propósito del informe, creo que este evento es una buena oportunidad para que el Gobernador del Estado dé a conocer su visión sobre la situación que guarda la problemática social que tanto preocupa a la ciudadanía, como es el caso de la inseguridad que en Baja California y en el resto del país se vive y que se ha convertido en una amenaza desestabilizadora para México, lo mismo que el problema del agua, la ricketssia y otros tantos problemas sobre los cuales, será interesante oír los planteamientos de las diferentes corrientes partidistas que tendrán la oportunidad de hacer uso de la voz en este foro tan importante.
Seguramente, en este foro de discusión y análisis, tendremos noticias de lo que se piensa hacer respecto a la necesaria reforma del sistema penal, de la institución que se encargará de la lucha contra la corrupción, del papel que jugará Baja California en el nuevo Tratado de Libre Comercio, entre otros.
Ojalá y este informe que se avecina se dé en un plano constructivo y no se pierda en la emisión de epítetos y pronunciamientos radicales que a nada conducen y que impiden el avance democrático de la entidad.
Arnoldo Castilla es abogado y catedrático de la UABC
