De las 34 investigaciones por delito de trata de personas que se han abierto en la Unidad Especializada de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), de enero de 2016 a la fecha, ninguna ha derivado en sentencia condenatoria, admitió su titular Héctor Alejandro Orozco Alvarado.
Expuso que resulta muy difícil integrar un expediente al respecto, con todo y que, en lo que va del 2017, son cuatro las menores de edad involucradas, de nueve casos registrados.
La razón de la no denuncia la atribuyó a que “a veces es muy compleja la integración, porque todo se hace muy clandestino, es más difícil”, a lo que se suma la dificultad de que las víctimas denuncien. Mujeres que son engañadas con ofrecimiento de empleos a través de redes sociales y traídas frecuentemente a la ciudad desde otras entidades de la República, principalmente de Tlaxcala y Puebla.
“No es tan fácil que las víctimas denuncien, puede ser porque estén amenazadas o enamoradas, puede ser porque no saben con quién acercarse”, explicó Orozco Alvarado.
La mayoría de los casos de la entidad se registran en la Zona Norte de Tijuana, cuando los agentes intentan – afirmó el funcionario – tomar declaraciones, éstas contestan “que no pueden hablar con otra persona que no sea un cliente porque eso puede ser un problema para ellas”.
Desde 2011, apenas se han conseguido 10 sentencias condenatorias contra los criminales responsables. Según el funcionario, “muchas veces los hoteles (sus operadores) no conocen la situación de la explotación sexual”.
Gabriela Navarro Peraza, directora del Instituto Municipal de la Mujer (IMMUJER) de Tijuana, dijo durante la capacitación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a personal municipal, que en lo que va del año, tres mujeres han sido exhortadas a denunciar ante la PGJE, por presentar indicios de trata de personas, en su acepción sexual. Pero Orozco Alvarado dijo desconocer si alguno de los expedientes de 2017 tuvo la intervención del IMMUJER.
La funcionaria destacó que arrancará un programa de capacitación, tanto a funcionarios del Ayuntamiento como a dueños y empleados de hoteles y moteles, para que puedan detectar si en sus instalaciones se comete un crimen de esa naturaleza.
Cuando se le cuestionó si habían denunciado como institución algún caso detectado, Navarro Peraza contestó:
“No lo denunciamos, pero sí lo percibimos” cuando hay mujeres que son escoltadas y vigiladas visiblemente por hombres en las calles de la Zona Norte.
