Otro ex mandatario detenido en fin de semana y en el extranjero. Presuntamente el rastreo de las redes sociales de su pareja sentimental y su asistente permitieron ubicar su paradero. Investigan responsabilidad de Roberto Borge por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Habría enajenado irregularmente más de 50 predios con valor de 5 mil millones de pesos a precios de ganga durante su administración. Además, le vinculan a enriquecimiento ilícito y endeudamiento injustificado del erario público. De solicitarlo México, podría ser extraditado en un plazo de 60 días
Sí el anuncio de la orden de aprehensión girada contra el ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, fue considerada como “efectista” el sábado 3 de junio, un día antes de las elecciones en cuatro estados del país, la noticia de su detención la noche del conteo de votos de los comicios, fue una “bomba” que compitió mediáticamente con la voltereta en los resultados, sobre todo del proceso electoral en el Estado de México.
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En Panamá había caído otro ex gobernador. El número cinco de los ex mandatarios emanados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), durante la administración del Presidente Enrique Peña Nieto. Coincidentemente, la detención ocurrió en fin de semana, en domingo, como la captura del ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba, en Italia, el 9 de abril; del ex mandatario de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa en Guatemala, en Sábado de Gloria, el 15 de abril.
Acusado de la venta irregular de terrenos patrimonio del Estado a presuntos prestanombres y de un sinnúmero de irregularidades, Roberto Borge enfrenta carpetas de investigación en el fuero común en su entidad, además del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en el fuero federal.
Como Tomás Yarrington y Javier Duarte, Borge será sometido a un juicio de extradición para poderle traer ante la justicia de México. El último político atrapado por presuntas pillerías ya compareció ante el Tribunal Superior de Apelación de Panamá, donde su detención fue calificada de legal y rechazó acogerse al trámite de extradición a su nación de origen.
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Con la decisión del tribunal comenzó a correr un plazo de 60 días para que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mexicana presente formalmente la solicitud de extradición en contra del ex gobernador, cuya defensa argumentó una serie de presuntas irregularidades durante su captura.
La aprehensión
Apenas iniciaba junio cuando se filtró la noticia de que un juez de distrito de procesos penales federales había dictado una orden de aprehensión contra el ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo. La nota no fue artífice de la huida del ex funcionario, quien con información privilegiada ya había tomado una viajera ventaja. La alerta migratoria implorada desde noviembre de 2016 por el actual gobernador Carlos Joaquín González y por el Congreso de esa entidad nunca se concretó.
Borge pudo salir de territorio nacional y viajar por cinco países antes de ser localizado por la Interpol el domingo 4 de junio en Panamá. Para entonces se había activado la “ficha roja” y fue aprehendido cuando pretendía abordar un vuelo hacia París, Francia, en el Aeropuerto Internacional de Tocumen. Se había hospedado en un hotel de Donald Trump, a todo lujo, como le gustaba vivir al quintanarroense. La Policía mexicana fue avisada de inmediato.
El ex mandatario de Quintana Roo por el PRI, cuyos derechos partidistas están suspendidos desde hace varios meses, fue apresado. El gobierno de México solicitó su detención provisional con fines de extradición internacional, petición aceptada por Panamá.
El titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), Israel Lira Salas, reveló que el político se ocultó en cinco países y varias ciudades como Miami, Las Bahamas, Cuba, Barcelona y Panamá, antes de ser aprehendido. Una vez calificada de legal su captura por las autoridades panameñas, México cuenta con 60 días para formalizar la solicitud de extradición.
A unos días de la captura, trascendió que el rastreo de las redes sociales del político, sobre todo de su pareja sentimental y de su asistente particular, fue muy importante para las autoridades ministeriales que pudieron observar fotografías de lugares donde habría estado su objetivo, en las ciudades antes mencionadas.
Tras ser notificado de la orden de detención provisional con fines de extradición, solicitada por el gobierno de México, Roberto Borge se negó a acogerse al procedimiento y emprenderá una batalla legal para impedir su traslado.
Es acusado por la Procuraduría General de la República (PGR) del delito uso de recursos de procedencia ilícita, por la venta ilegal de 25 terrenos del gobierno de Quintana Roo, ubicados en un área de reserva ecológica, a familiares y amigos, a un costo de 1 por ciento del valor real, que es de 5 mil millones de pesos.
Borge apareció en la audiencia esposado y portando un chaleco antibalas. Su abogado, Carlos Carrillo, alegó una detención ilegal, pero el tribunal declaró de legal la captura. El gobierno de México tiene 60 días para formalizar la solicitud de extradición.
Las acusaciones
Los señalamientos contra Borge Angulo son múltiples. Hasta ahora los más conocidos a través de lo expresado por la PGR y autoridades estatales en Quintana Roo, son la presunta adquisición con prestanombres de terrenos del Estado a precios subvaluados, así como la compra de una empresa de embarcaciones turísticas en la Riviera Maya.
Desde noviembre de 2016, el gobierno de Quintana Roo presentó denuncias penales contra el ex mandatario por la venta irregular de 9 mil 500 hectáreas de la reserva estatal en diversos municipios, entre los que destacan Tulum, Cozumel y Benito Juárez. Los predios fueron adquiridos por la naviera Barcos Caribe, presuntamente vinculada a familiares y trabajadores de Borge. Entre los socios de la compañía resalta César González Hermosillo, quien es abogado de la familia de Roberto desde la década de los noventa.
Como viene aconteciendo en los hechos de corrupción más sonados recientemente en la República Mexicana, la participación y denuncia de organismos de la sociedad civil ha sido importante. La organización Somos tus Ojos, Transparencia por Quintana Roo, presentó a finales del año próximo pasado, una denuncia ante la PGR en contra de once personas señaladas como prestanombres del ex gobernador, incluida su madre, María Rosa Yolanda Angulo Castilla, a la que Roberto entregó un terreno de 111 mil metros cuadrados en una reserva ecológica de Cozumel, por el que pagó 15 millones de pesos.
Según los señalamientos del colectivo, las personas denunciadas movieron recursos superiores a 2 mil millones de pesos, mediante la construcción de un hotel y la operación de navíos. El Servicio de Administración Tributario (SAT) también investiga a Barcos Caribe por ocultar la operación de compraventa de cinco embarcaciones, presuntamente realizada con recursos del gobierno de Quintana Roo.
El Gobierno del Estado también denunció a ex funcionarios de la administración inmediata anterior y colaboradores de Borge, entre ellos a siete directores de área de las secretarías de Desarrollo Urbano, de Infraestructura, Finanzas y de la Comisión de Agua Potable, involucrados en el mal manejo y desvío de 2 mil 388 millones de pesos de la administración estatal. La presunta red de lavado de dinero permitió al ex gobernador, junto al empresario Santiago Samuel Jiménez, adquirir un total de 24 terrenos.
Otras de las graves irregularidades detectadas durante la administración gubernamental del priista son: desvío de recursos, endeudamientos injustificados y viajes millonarios al extranjero, a países como Alemania, Rusia y Francia, en algunos de ellos acompañado por su actual pareja sentimental, la ex diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Gabriela Medrano. También se pretende comprobar el delito de enriquecimiento ilícito.
Investigaciones refieren que de 2011 a 2016, Roberto Borge destinó al menos mil 200 millones de pesos en renta de cuatro avionetas y un helicóptero, en los que diversos funcionarios realizaron más de 469 viajes entre Cancún y Chetumal. Desde luego con recursos públicos.
Sospechas y cómplices
La debacle para Borge Angulo inició cuando se insistió que dejaría endeudado a Quintana Roo por más de 22 mil millones de pesos, la deuda per cápita más elevada de México. El SAT puso al entonces gobernador bajo la lupa. Las autoridades hacendarias dejaron en claro que el político poseía propiedades por más de un millón de dólares en Puerto Aventura. Antes de ser funcionario, adquirió un terreno de 200 mil dólares, un departamento de dos niveles con un costo de entre 200 mil y 500 mil dólares, y un terreno -siendo gobernador- con valor de 200 mil dólares.
El nuevo gobierno de Carlos Joaquín González dio un golpe de autoridad en diciembre de 2016, cuando consiguió la renuncia del fiscal general de Quintana Roo, Carlos Arturo Álvarez, quien fue designado por Borge en junio de ese mismo año y aparentemente no permitía el flujo en la persecución criminal del ex gobernador. Así pudo investigarse a toda la red de funcionarios ligada al ex titular del Ejecutivo, en la que algunos notarios públicos facilitaron la “legalización” de presuntos despojos a pequeños propietarios y hasta empresarios.
En la maraña de favores que recibió Roberto Borge se involucra al juez Primero Civil de Playa del Carmen, Gustavo Efraín Chan Camaal; al director del Registro Público de la Propiedad, Carlos Lima Carbajal; y al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Fidel Villanueva Rivero. La Asociación de Colonos Hoteleros Turístico-Ecológico Pino Suárez denunció el despojo de 44 hoteles y 19 terrenos.
Los funcionarios del ex gobernador comenzaron a ser asediados por el Ministerio Público y por la Comisión de Justicia del Congreso de Quintana Roo, entre ellos el ex tesorero Juan Pablo Guillermo Molina, a quien acusan de haber desviado más de mil 400 millones de pesos durante la gestión de Borge.
El 5 de mayo, policías ministeriales cumplimentaron una orden de aprehensión girada contra el secretario general del Ayuntamiento de Benito Juárez, Mauricio Rodríguez Marrufo, por su presunta responsabilidad en el delito de desempeño irregular de la función pública. Rodríguez fungió como secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda durante el sexenio anterior. Presuntamente otorgó subsidios para la compra de terrenos en tres municipios, sin tener facultades para ello, lo cual representó un daño patrimonial para la entidad por más de 39 millones de pesos. Fue vinculado a proceso en un Juzgado penal.
Otra ex servidora pública, Paulina García, también ex secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda en otra fase de la administración de Borge Angulo, fue detenida en Chetumal con base en una orden de captura dictada por la misma conducta delictiva de desempeño irregular de la función pública.
Tres días después, en Madrid, España, fueron detenidos por un operativo de la Interpol, los españoles José Guillermo Martínez Cárdenas y Lorenzo Sánchez Hidalgo, implicados en un fraude cometido durante la gestión del ex mandatario de Quintana Roo, al vender dos veces un bien inmueble a un costo superior de 25 millones dólares, en hechos ocurridos en abril de 2016.
Bienes asegurados
Entre las acciones de la PGR para reunir pruebas contra Roberto Borge Angulo, en la segunda quincena de febrero de 2017, se realizaron cateos y el aseguramiento precautorio de 25 inmuebles, mismos que fueron sujetos a enajenaciones irregulares durante el periodo de gobierno del priista. Se dijo que el valor conjunto de las propiedades rebasa los 5 mil millones de pesos.
El Ministerio Público federal decretó la medida cautelar por considerar que dichos inmuebles son objeto o producto del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Entre los terrenos se encuentra asegurado uno a nombre de la madre de Roberto, María Rosa Yolanda Angulo Castilla, quien a mediados de mayo promovió un juicio de amparo con el afán de que se levante el aseguramiento ministerial.
Increíblemente, todavía a finales del mes de abril, el ya investigado Roberto Borge tenía asignados 44 elementos policiales como escoltas y 12 vehículos propiedad del Estado asignados a su servicio, hasta que la actual administración se vio presionada a retirarle la vigilancia.
La última de las acciones del Gobierno Federal previa a la captura del ex gobernador, fue el aseguramiento por parte de la Secretaría de Economía de la documentación oficial de la naviera Barcos Caribe, para evitar que se realicen cambios en su acta constitutiva y se borre la presunta participación del abogado de Borge, César González Hermosillo, en la sociedad mercantil.
Junto a Andrés Granier, Guillermo Padrés, Javier Duarte y Tomás Yarrington, Roberto Borge es el quinto ex gobernador en ser detenido en el sexenio de Enrique Peña Nieto, cuatro de ellos tienen origen político en el Partido Revolucionario Institucional, solo uno de ellos, Padrés, en el Partido Acción Nacional.
