En la última edición de ZETA publicamos una nota relacionada con la forma en que el Gobierno del Estado distribuye 87 millones de pesos anuales en medios de comunicación por concepto de publicidad institucional. Se entrevistó a actores que pugnan por regular esa práctica -de entrada porque se trata de dinero público-, lo que ha sido un tema tabú en las diversas administraciones estatales.
La noche del viernes 19 de mayo, tanto el timbre del teléfono celular como las alertas del servicio de mensajería WhatsApp se activaron. Fueron recibidos comentarios, mensajes y llamadas relacionadas con una publicación subida a las 10:43 pm en la página de redes sociales del periodista Víctor Islas Parra, donde con un tono visceral, hizo temerarios señalamientos contra los reporteros de ZETA en Mexicali y la codirectora en Tijuana. No habían pasado cuatro minutos cuando las solidarias comunicaciones fueron llegando.
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Al primer párrafo de los señalamientos, luego de tres minutos le hicieron otro agregado, y otro más, ya en descontrol.
En el trabajo periodístico publicado en la edición 2251 de ZETA incluía en la larga lista de medios, portales y periodistas que reciben dinero del Estado por concepto de publicidad, el nombre de la columna que en el diario El Mexicano publica diariamente Islas Parra, quien a la vez funge como director local del matutino en Mexicali.
De acuerdo a datos aportados por el área de Transparencia, en los primeros tres meses del año, el gobierno estatal que encabeza Francisco Vega de Lamadrid ha pagado cerca de 50 mil pesos mensuales a la columna. Textualmente, en los documentos entregados por Transparencia aparece así: “ESTAMPIDA DE LOS BUFALOS (sic) 149, 640.00 (ciento cuarenta y nueve mil seiscientos cuarenta pesos)”.
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Un par de horas después, el comentario en la página de Facebook de Islas Parra contra los tres periodistas de ZETA fue borrado, y poco después del mediodía del sábado 20 se publicó otro texto en el mismo espacio con la “explicación” de que la pagina había sido hackeada, “usando mi nombre se difama” escribió Islas Parra.
El tema es sumamente delicado y no puede pasar desapercibido, sobre todo porque los señalamientos van hacia el descrédito de la moral de los periodistas, y aunque exista la tesis de que las redes sociales no están reguladas, no significa que puedan utilizarse impunemente, aunque luego se trate de esconder la mano.
Este es un caso para Ripley , y quizá mucha gente ni se enteró, pero la explicación resulta insuficiente, no creíble.
Aparte, del tema que aparentemente generó la furia para denostar y difamar a los periodistas de este Semanario nada se ha explicado, y tiene que ver con la justificación de recibir montos mensuales por un concepto “publicitario” nada claro. Se sabe que cuando se ordena publicidad en radio, televisión, medios digitales o impresos, queda la copia de la publicidad -el testigo, le llaman-, con lo que se avala el pago de las facturas; por lo menos es el protocolo general para el pago a proveedores del Gobierno del Estado.
El caso es que a un trabajo periodístico se responde con un absurdo infundio, y lo peligroso del tema es que ha habido casos a nivel mundial que inician con el descrédito a la persona, buscando deslegitimar su trabajo, y que han terminado abruptamente con agresiones a comunicadores críticos.
DEFENSORES
El lunes 22 de mayo, en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación, funcionarios de todo el país se reunieron con el subsecretario Roberto Campa, para analizar el Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas que desde hace cinco años se implementó desde el Gobierno Federal.
El contexto tiene que ver con el anuncio del Presidente Enrique Peña Nieto en el sentido de que se fortalecerían las acciones del mecanismo, en la desafortunada coyuntura del asesinato del periodista del semanario Ríodoce , Javier Valdez, ocurrido el lunes 15 de mayo en Culiacán, Sinaloa.
El Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas ha sido sumamente criticado por su inoperancia, la prueba más fehaciente tiene que ver con el asesinato en Baja California Sur de un periodista que estaba protegido por esta figura –incluso contaba con escolta, quien también fue agredido,- o el más reciente y sintomático ocurrido hace dos semanas en Tamaulipas, con el asesinato de la activista Miriam Rodríguez.
El caso de la madre tamaulipeca dibuja a la perfección el clima de impunidad que se vive en Tamaulipas. Una hija de Miriam fue secuestrada y, dos años después, ella misma localizó el cadáver de la joven. Le adjudicaron el secuestro y asesinato a un sicario de Los Zetas, quien fue detenido y encarcelado, pero en marzo pasado logró escapar del penal junto con otros 28 reos.
El 10 de mayo, un grupo armado llegó a la residencia de la activista para asesinarla. Ella estaba bajo el Mecanismo de Protección.
Aquí en Baja California tocará a la Secretaría General de Gobierno que encabeza Francisco Rueda, implementar ese reforzamiento anunciado por el Presidente de la República, y como dato queda que actualmente en la entidad hay siete personas -la mayoría defensores- bajo ese mecanismo, aunque una de las primeras acciones será precisamente evaluar quiénes y cómo necesitan ser protegidos.
En países como Brasil y Paraguay, el Mecanismo de Protección a Periodistas está apenas en discusión y, esperanzados, han volteado hacia el ejemplo mexicano, que en la práctica, ha dejado mucho que desear.
CONCIERTO
Varios funcionarios estatales resultaron privilegiados con eso del concierto de Marc Anthony en Mexicali, encabezados por el gobernador Francisco Vega de Lamadrid y su esposa, Brenda Ruacho. Aparte, quienes se supone pagaron Zona VIP fueron Víctor Lujano y Guillermo Trejo, entre otros tantos.
El concierto del salsero neoyorquino se retrasó unos minutos, debido a que la esposa del Ejecutivo estatal insistió en tomarse -ella y uno de sus hijos- la foto con Anthony, lo que derivó en el enojo del staff de producción, quienes posteriormente optaron por no dejar pasar a otros enojados fans que ya estaban en fila. Son los privilegios del poder.
PENDIENTES
En el Congreso del Estado hay -al menos- dos asuntos pendientes, ambos importantes. Uno tiene que ver con la creación de la Fiscalía Anticorrupción, donde el camino ya recorrido ha incluido una serie de foros, el pase a las mesas redactoras y actualmente los grupos técnicos del Legislativo trabajan en la elaboración del dictamen, aunque se supone que hay tiempo, dado que el plazo vencería a mediados de julio. Uno de los puntos esenciales tiene que ver con la designación del titular, la cual parece se definió para que sea por propuesta ciudadana, pero aprobada por el Congreso. La otra tiene que ver con la integración del consejo, acordándose que fuesen once ciudadanos y otros once propuestos desde la esfera gubernamental.
