No hay inspecciones permanentes a las estancias infantiles privadas en el Estado, aunque la Ley faculta a DIF estatal, a través de la Procuraduría para la Defensa del Menor y la Familia, y a la Secretaría de Desarrollo Social del Estado (SEDESOE) a vigilar e inspeccionar periódicamente estos establecimientos, las dos dependencias se deslindan de esta obligación.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), a cargo de Melba Adriana Olvera Rodríguez, señaló que la Ley de Instituciones de Asistencia Social Privada y la Ley de Asistencia Social, facultan al DIF estatal y a SEDESOE a inspeccionarlas, procurando la seguridad de los niños, pero que ninguna cumple.
El artículo 34 de la Ley de Instituciones de Asistencia Social privada, precisó, establece que el DIF “vigilará e inspeccionará de manera periódica y en cualquier momento de manera extraordinaria” a dichas instituciones, entre las que se encuentran las estancias infantiles. Según el artículo 4 del mismo ordenamiento, abundó, esta institución está obligada a vigilar cualquier sitio en el “que residan y tengan bajo su guarda, custodia o ambas a niños, niñas y adolescentes”.
Consuelo Luna Pineda, encargada de la Procuraduría, puntualizó que el área a su cargo no tiene responsabilidad para inspeccionar o verificar las guarderías, sino la Subdirección Operativa de DIF estatal a través de una coordinación encargada para ese efecto. No obstante, Luis Armando Gutiérrez Vidal, titular de dicha Subdirección, contradijo la versión de Luna Pineda, al sostener que tampoco ellos inspeccionan las estancias infantiles de forma permanente, sino que se encargan de otorgar becas de 850 pesos mensuales, a niños de hasta 12 años cuyos padres ganen 2.2 salarios mínimos o menos, para que puedan pagar a la guardería. Actualmente hay 336 guarderías incluidas en ese esquema.
Por su parte, Alfonso Álvarez Juan, titular de SEDESOE, dijo que la dependencia no tiene “ninguna” obligación para con las estancias infantiles, ya que a su decir éstas deben ser vigiladas exclusivamente por DIF estatal, así como cumplir con la normativa de Protección Civil y Bomberos del Ayuntamiento y de la Secretaría de Salud (ISESALUD).
Leopoldo Jiménez Sánchez, director de Protección Contra Riesgos Sanitarios de ISESALUD, informó que desde enero de 2016 cuatro estancias han sido suspendidas, ya que sus condiciones no son salubres.
El funcionario explicó que para operar las guarderías deben presentar un aviso de funcionamiento y una constancia de que un médico privado se hará cargo de atender a los menores.
Actualmente hay 400 avisos de funcionamiento válidos en Baja California. Pero la dependencia no inspecciona las estancias de oficio, opera solo bajo denuncia, lo que limita su capacidad de revisión y arriesga a miles de niños.
Son los municipios los encargados de emitir las licencias de operación para estancias infantiles, previa presentación de una validación de Protección Civil, Bomberos e ISESALUD; en el caso de Tijuana hay 308 licencias emitidas que deben ser regulados de forma permanente, pero el Ayuntamiento solo inspecciona si se considera que hay indicios para hacerlo.
