La recomendación 4/2017 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Baja California, que evidencia omisiones de la Procuraduría para la Defensa del Menor y la Familia que condujeron al asesinato del menor de 3 años de edad Usiel Alejandro Jiménez, contiene “apreciaciones inadecuadas”, acusó la titular de la Procuraduría, Consuelo Luna Pineda.
La CEDH expone que la Procuraduría supo de la violencia al interior de la familia de Usiel el 1 de junio de 2016, una semana antes que el niño perdiera la vida, enviando a una trabajadora social a hacer diligencias al domicilio dos días después, sin que fuera capaz de hallarlo, dejando a Usiel y sus hermanos vulnerables a los golpes mortales de su padrastro.
No obstante a este hecho documentado, Luna Pineda ponderó: “Fue una denuncia que se atendió de manera inmediata”, señalado que la trabajadora social fue removida y la coordinadora jurídica de la Subprocuraduría fue suspendida una quincena por ser “responsable de supervisar el trabajadora social”. Luna Pineda, tiene 10 días para contestar a la recomendación.
La CEDH ha recibido 17 quejas contra la Procuraduría desde enero de 2016. Melba Adriana Olvera Rodríguez, titular del órgano defensor de derechos humanos, denunció que son frecuentes las fallas en la operación del DIF, como la falta de coordinación con autoridades educativas cuando es detectado un niño que sufre violencia familiar, a lo que se suma la saturación de los albergues.
“Yo ya visité los albergues, están llenos, los niños ya no caben, los están retirando porque cada rato encuentran más niños”, dijo Olvera Rodríguez. Pero Luna Pineda negó la saturación, aunque aceptó que algunas áreas se llenan parcialmente debido a la llegada de cierto perfil de menores en un corto periodo.
En el primer trimestre del año han sido ingresados 404 niños a dichos establecimientos, destaca que el año pasado fueron canalizados mil 934 menores. Actualmente hay 460 infantes atendidos.
El Ejecutivo Estatal está por presentar al Órgano Legislativo una iniciativa de Ley orgánica para la Procuraduría, que cambia su denominación a Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Baja California.
En esa Ley orgánica se redefine la estructura de la Procuraduría para armonizarse con la legislación federal expedida desde diciembre de 2014 y la local de abril de 2015, para establecer qué áreas del organismo coadyuvarán con los órganos administrativos y jurisdiccionales en los trámites o procesos que un menor esté involucrado.
No obstante, afirmó que lo anterior no representa un cambio operativo o presupuestal para la Procuraduría, sino meramente normativo. Esa Ley incluirá el programa de familias de acogida, consistente en el resguardo familiar de los menores en proceso de adopción.
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