Con la asignación de 300 elementos que se sumarán a los poco más de mil 200, a partir del miércoles 22 de febrero el Ejército Mexicano reforzó las labores de vigilancia emprendidas en los 5 municipios de Baja California, informó el comandante de la Segunda Zona Militar, general Enrique Martínez Hernández.
A la par que se apoya el patrullaje en la entidad, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) demandó que la participación de las fuerzas armadas sea regulada con planes a largo plazo, para que su tarea no “cambie de rumbo cada que cambie un gobierno” y que los gobiernos locales no evadan su responsabilidad en materia de seguridad, anotó el comandante.
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Por ello consideró vital reformar la Ley de Seguridad Nacional, para que jurídicamente se respalde y delimite la responsabilidad de cada autoridad e institución, incluido el Ejército, expresó Martínez Hernández en la reunión semanal del Grupo 21 de Tijuana, A.C.
Por su parte, el diputado Jorge Ramos, indicó que continúa impulsando dos reformas paralelas que presentó al Congreso de la Unión y que confía serán aprobadas en el actual periodo legislativo: La Ley de Seguridad Nacional y la reforma constitucional del mando mixto.
Estos cambios legislativos plantean la intervención temporal, durante 6 meses, por parte del Ejército, y la posibilidad de que el periodo pueda ser renovado o ampliado con una justificación muy puntual de parte de las autoridades estatales o municipales, sin que los gobiernos locales puedan dejar de lado su compromiso en el tema de seguridad.
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Se busca evitar lo sucedido en Tamaulipas, Estado que con 7 años de intervención de las fuerzas armadas los índices de violencia no disminuyen, hecho que se atribuye a que las autoridades locales dejaron de invertir en seguridad, dejando la responsabilidad de vigilar solo en manos del Ejército, coincidieron por separado el general Enrique Martínez y el diputado Ramos Hernández.
La reforma condicionará el apoyo militar a un compromiso por parte de la autoridad civil de abatir la corrupción, mediante la renovación y depuración policiaca, así como en inversión de la infraestructura policiaca.
“Se va a regular para que el presidente ya no tenga la atribución discrecional de disponer de las fuerzas armadas sin una justificación de una causa de seguridad interior, la Ley no viene a militarizar, es totalmente lo contrario, el no tener una regulación da pie a arbitrariedades y excesos de militares o marinos”, acotó Ramos Hernández.
