La Marcha por la Familia en Tijuana contó con alrededor de 8 mil asistentes, quienes mostraron su oposición ante la iniciativa presentada en mayo de 2016 por el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, para legalizar el matrimonio igualitario en todo el país.
Entre los manifestantes se coló Andreí Ulloa, quien junto con amigas y familiares portó una cartulina con la leyenda “Yo también marcho por la familia, ¡Por todas!”, sin buscar con ello la provocación, acción que no le salvó de muestras de intolerancia hacia su mensaje.
“Hubo mucho fanatismo, hubo mucha agresión verbal, pero también nos dimos cuenta que había mucha gente apoyando y que mucha gente son niños que vienen de colegios católicos y nos decían ‘Yo vengo apoyándolos a ustedes, pero no digan nada’”, comentó Ulloa a ZETA.
“Si en realidad la marcha fuera por el fundamento de la familia, ¿dónde están las marchas en contra de los divorcios? ¿Dónde las marchas contra las familias que no quieren tener hijos? ¿Por qué solo se centran en un grupo en especial y lo atacan de esta manera? A fin de cuentas, sus raíces que no quieren admitir son homofóbicas e intolerantes”, concluyó.
A pesar de que se insistió en que la marcha no tendría tintes religiosos, éstos se hicieron presentes en la música, pancartas, lonas y en la presencia de miembros del clero, como el Arzobispo Francisco Moreno Barrón, quien aseguró encontrarse en la marcha como un simple ciudadano y se reservó toda declaración sobre la manifestación y otros temas.
Para Ricardo Cano Castro, coordinador del Frente Nacional por la Familia en Tijuana y organizador de la marcha del sábado 10 de septiembre, uno de los propósitos de la misma fue impulsar la iniciativa ciudadana de reforma al Artículo 4 constitucional, respaldada por 40 mil firmas, para proteger el concepto de matrimonio y de la familia natural, contraponiéndose al matrimonio igualitario y a la adopción de menores de edad por parte de estas parejas.
Indicó que otros fines de la marcha, que se presentó de manera simultánea en más de 100 ciudades del país, es evitar que el Estado asuma la educación sexual y en ideología de género -lo que dicen corresponde a los padres- y promover la libertad de expresión y de conciencia, ya que consideran que organizaciones encaminadas a la protección de Derechos Humanos, han sido parciales en el tema.
“Mi hijo me va a decir que puede elegir su sexo, eso es lo que no queremos, cada quien detrás en su recámara haga lo que quiera, pero que no nos imponga una ideología a los padres de familia”, sugirió.
“Hay una sola familia, es natural, nosotros no hablamos de familias tradicionales… la tradición la cambias hoy, la cambias mañana, por eso no se puede cambiar esto, es natural, todos venimos de una familia natural”, argumentó.
Cuestionado sobre el fondo discriminatorio del discurso de la marcha, entendiendo la misma como la limitación al derecho de personas por cuestión de sus preferencias sexuales, alegó que las personas homosexuales no cuentan con el derecho al matrimonio como institución, aunque bien pueden tenerlo otras figuras de convivencia.
“No existe ningún derecho constitucional, ni derecho universal que así lo diga, no existe. Nosotros podemos inventar derechos, pero esos derechos se legislan”, concluyó Cano.
Sobre esta última aseveración, por considerarla discriminatoria, desde el año 2015 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que son inconstitucionales los Códigos Civiles locales, que como el de Baja California, acotan el matrimonio como institución solo entre un hombre y una mujer.
“Pretender vincular los requisitos del matrimonio a las preferencias sexuales de quienes pueden acceder a la institución matrimonial con la procreación es discriminatorio, pues excluye injustificadamente”, dicta la Jurisprudencia 43/2015.
