El sábado 30 de enero, después de la tercera manifestación realizada por los residentes de17 fraccionamientos de Tijuana, con el propósito de lograr la exención del pago de peaje para el uso de la carretera escénica Tijuana-Ensenada, los ciudadanos consiguieron el compromiso de una mesa de diálogo con las autoridades correspondientes.
Mónica Jiménez, representante de los afectados –quienes para trasladarse dentro del municipio deben pagar, algunos con descuento, el peaje de 31 pesos–, señaló a ZETA que esta manifestación sirvió para hacerse escuchar ante las autoridades.
En la toma, alrededor de un centenar de quejosos tomaron las casetas, levantando pancartas con leyendas como “El libre tránsito es mi derecho” y “Libre circulación en mi Delegación”, se dieron cita legisladores panistas como Jackie Nava, Cuauhtémoc Cardona, Gerardo Álvarez y la representante de ese distrito en la Cámara de Diputados, María Luisa Sánchez.
Los manifestantes aprovecharon la presencia y el apoyo del fuero de los legisladores presentes para levantar las plumas de las casetas durante 3 horas, permitiendo a los usuarios el ingreso sin pago.
El movimiento causó la empatía de los usuarios de la carretera, a quienes brevemente se les explicaba el motivo de la protesta y quienes a petición de los residentes tocaban los cláxones de sus vehículos en señal de solidaridad.
Respecto a los funcionarios, diputados y políticos que los apoyaron ese día, la vocera del movimiento manifestó que requieren su presencia constante y mensual en cada manifestación –hasta que se logre el objetivo–, además de la presentación de un exhorto ante la comisión permanente del Congreso referente al tema.
Presente, Alfredo Pérez Guzmán, Subdirector de gestiones de Recursos y Operaciones de Bienes Concesionados de Banobras, fue quien recibió la petición escrita de una mesa de diálogo y se comprometió a conseguirla, a pesar de que manifestó a los vecinos que el logro de la exención en el pago era improbable, ya que el recurso obtenido mediante peaje se destina a la construcción y mantenimiento de otras vialidades federales.
Al finalizar, la vocero Mónica Jiménez refirió la falta de disposición de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y de la concesionaria de la vialidad, Banobras, dado que la audiencia constitucional del juicio de amparo para la exención del pago, agendada para el 29 de enero de 2016, fue diferida por tercera ocasión, por omisión de las autoridades señaladas en cuanto a rendir su informe justificado. La próxima fecha de audiencia se fijó para el 23 de febrero.
Los afectados por estos cobros en una vialidad que ya fue pagada por los usuarios, son alrededor de 12 mil personas, residentes de los fraccionamientos Baja Malibú, Bella Vista, Brisas del Mar, Campo Torres, Gardenhaus, Garden Homes, Hacienda del Mar, Los Delfines, Playa Blanca, Punta Bandera, Punta del Mar, Real Mediterráneo, San Antonio del Mar, San Marino, Sueños del Mar y The Park, quienes realizan el pago de peaje hasta 6 veces diarias para ingresar o salir de su domicilio, siendo la tarifa vigente 31 pesos por vehículo, pues en algunos casos no obtienen ni descuento vía credencial.
