“Tú no puedes andar cargando en la calle, compa. Le voy a hablar a la patrulla para que te quiten el carro. Así que baja a la gente. Es ilegal lo que estás haciendo”, advierte un taxista a un chofer incorporado a Uber en una de las calles de Tijuana. Dos taxis libres, con los números 1704 y 5904 pintados en la carrocería, bloquean la calle de tal forma que el vehículo no puede avanzar más. Al alegato se suma un chofer más. “Para empezar no estás regularizado con Vialidad y transporte. Tú no pagas impuestos”. El usuario, que va acompañado de un menor de edad, interrumpe la conversación. “Es transporte privado, me estás deteniendo a mí. Déjame ir”. “Él no paga impuestos”, sostiene uno de los taxistas que se para justo al lado de la puerta del chofer de Uber. “Tú crees que la empresa no paga impuestos”, refuta el usuario. “¿Quiere que le hable a una patrulla para que vea lo que le van a hacer?”, amenaza el taxista, quien asegura no los está deteniendo. El usuario apunta la cámara de su celular a los taxis y en voz alta lee los números de las dos unidades. “Esto va a internet”, advierte. “No me interesa que vaya a internet”, le responde. Baltasar Gómez, representante sindical taxista, dice que las agresiones y retenciones sucedidas en Tijuana –que como la anterior han circulado en medios de comunicación y redes sociales–, no corresponden a una instrucción de las cúpulas del gremio, sino a decisiones personales de cada chofer. Donde sí, agrega el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de Autotransporte y Conexos “Fernando Amilpa”, es en la Ciudad de México y Guadalajara. “Somos un sindicato nacional y tenemos comunicación con los compañeros. Ellos señalan que –esos actos— se deben a acuerdos que la autoridad no ha respetado”. Es decir, advierte: deben establecerse las condiciones que ellos consideran igualitarias de competencia entre el nuevo servicio que les ha afectado económicamente en un 30 por ciento. “A diferencia de otros tiempos, no hemos salido a las calles a manifestarnos, a bloquear, a saquear o hacer actos de ese tipo, toda vez que le estamos dando la confianza al Gobierno Municipal de que sesione el consejo municipal de transporte”, que se instaló en marzo. 
Pero por conservadora que sea la postura del sector taxista frente a la novedad que Uber ha traído a la movilidad de Tijuana, las imágenes mediáticas de violencia no hacen más que aderezar la percepción sobre el transporte concesionado o “permisionado”. Regularización de Uber no es un hecho; la idea es garantizar la equidad: Padilla Para Bernardo Padilla, secretario del Ayuntamiento de Tijuana, la intención es “entrarle de fondo” al servicio de transporte en la ciudad, y que la decisión parte de la llegada de Uber y de cómo su servicio superó los “procesos arcaicos” de regularización. “Es decir, Uber no existía, existe un modelo de regulación de cómo funciona (en el Ayuntamiento), y por eso queremos que Tijuana sea pionero en el noroeste del país, como la primer ciudad que regule o no, pero si lo regula que lo haga en una situación de equidad para los transportistas, que exista una garantía para los ciudadanos”. Aunque no hay definidos protocolos, ni costos, hay un plazo de alrededor de 21 días para partir con dos foros de consulta a cargo del Instituto Municipal de Participación Ciudadana. En el primero se revisarán ejemplos de la regulación de Uber en México y el mundo. Casos de éxito y de fracaso. En el segundo, se abrirá un debate entre transportistas, funcionarios, directivos de Uber y ciudadanía en general. No se descarta una consulta popular, la participación del Consejo Municipal del Transporte y posterior a ello el debate en el Cabildo de Tijuana, de proceder una regulación. Y es que según explica el funcionario, en el ejercicio anterior, justificado con la idea de garantizar equidad a las partes, se esclarecerán cosas tan básicas como el número de choferes y automóviles de Uber, hasta si existe posibilidad jurídica de someterlos a un régimen municipal como al resto del transporte. En la mano tienen, por ejemplo, aspectos de modelos que se implementarán en el Estado de México y el Distrito Federal. En este último, se contemplan pagos de derechos que irán a un fondo “para el taxi, la movilidad y el peatón”. Padilla promete también “iniciar un programa de regularización integral” de masivo, taxi de ruta, de sitio y libres. “No solo vamos a entrar a Uber, se va a entrar de fondo y blindar los procesos de regularización que deben darse al transporte”. Uber ya no acepta vehículos en Tijuana; así se regulan Uber se define como una plataforma electrónica que conecta a usuarios con choferes a través de una aplicación telefónica para prácticamente cualquier sistema operativo: IOS, Android, BlackBerry y Windows. El usuario crea un perfil en el que incluye datos básicos y el número de su tarjeta de crédito o débito, donde se descontarán las tarifas del viaje que nunca serán menores a 35 pesos en el caso de la modalidad más económica, UberX. El cliente es ubicado vía GPS por el chofer y viceversa, de manera que ambos conocen el nombre del otro, y el en caso del pasajero, la fotografía de quien lo llevará a su destino. Por políticas de la empresa a la que se incorporan, los automóviles no podrán ser anteriores al 2008, deben tener aire acondicionado y un buen estado. Además de someterlos a una revisión mecánica semestral, deben contar con seguro de responsabilidad civil –por 3 millones de pesos— y documentos exigidos por el Estado vigentes. Para los choferes, la exigencia es acreditar que no tienen antecedentes penales, que cuentan con licencia, y pasar diversas pruebas y exámenes de confianza. La relación de los dueños de los vehículos con Uber es de “socios”, mismos que pueden contratar choferes –que cumplen con los requisitos— o dar el servicio ellos mismos. Su obligación es entregar el 20 por ciento de lo generado en cada viaje a Uber. Los socios –de acuerdo a consultas hechas— ganan entre 5 mil y 7 mil pesos semanalmente (24 mil pesos mensuales), a los que se les resta el pago de choferes y otros gastos como el combustible. Otro requisito es la incorporación al Servicio de Administración Tributaria (SAT). Uber recomienda sea bajo el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) para personas físicas que realizan actividades empresariales –en este caso Renta de Auto con Chofer Particular—, modalidad que exenta el Impuesto Sobre la Renta (ISR) durante el primer año de tributación. ZETA buscó una entrevista con los directivos de Uber pero la solicitud fue rechazada con el argumento de que no se encontraban en la ciudad de Tijuana. Específicamente se buscó a Alejandro Chouza. De acuerdo a información que pudo obtenerse, Uber Tijuana ya no acepta incorporación de más vehículos, pues consideran que la demanda de la ciudad está cubierta, a excepción de las modalidades Uber XL, cuya tarifa base es mayor y Uber Ensenada, donde el servicio apenas empieza.
Afectaciones a taxistas los han hecho reflexionar Baltasar Gómez, representante del 32 por ciento de los taxistas de Tijuana, dice que si algo positivo ha dejado al sector transportista el servicio y la novedad que Uber ha traído a la ciudad, es una capacidad de autocrítica para mejorar su oferta, pero tan grande es el padrón “que se pierden los menos”. “No lo podemos negar, tienen un servicio excelente y con un personal bien calificado y diseñado. Eso nos hace reflexionar para revisar a nuestra gente, revisar qué tipo de acciones hacer para que nos sigan utilizando”. No obstante, como respaldo legal, habla del artículo 17 de la Ley General del Transporte de Baja California, mismo que dicta que los vehículos particulares o privados pueden trasladar personas o dedicarse al traslado de mercancías sin concesión o permiso, siempre y cuando no exista un lucro en su actividad. Por lo que argumentan que la regularización de Uber no debería estar sujeta a debate. Asegura que en la ruta de Playas de Tijuana se han comprado entre 20 y 30 camionetas del año y que hay dos grupos de taxis libres que traen 350 unidades del año, pues si no hicieran ese esfuerzo, la afectación del 30 por ciento en áreas como la Central Camionera, el aeropuerto, Zona Río, Playas de Tijuana y Rosarito, se iría para arriba. Una propuesta que plantea Baltasar es la integración de sistemas de localización en las unidades para que registren velocidad y recorridos, con el fin de sancionar a malos conductores, dadas las limitaciones de la Dirección de Vialidad y Transporte Municipal. La misma dependencia no logra cumplir con lo reglamentado, hablando específicamente de los taxímetros, que garantizarían las tarifas para no dejarlas como un trato entre chofer y usuario. Lo anterior, de acuerdo a José Luis Hernández Silerio, titular de la dirección, es que aún no se localiza a un proveedor que garantice la calidad del aparato y que ofrezca una garantía razonable. El funcionario compartió que en Tijuana hay 7 mil 749 taxis –de ruta, de sitio y libres. A los 3 mil 382 libres habría que sumarle 509 más que circulan gracias al amparo parcial o definitivo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Ese número de unidades, están exentas de pagar tarjeta de circulación, placas, permisos de vialidad y seguro; se les obliga únicamente a realizar una revisión mecánica semestral. Además, en las calles hay un número indeterminado de taxis clonados o piratas, que prestan el servicio sin la autorización de la autoridad; a la fecha, 226 de éstos han sido enviados a corralones. Hernández Silerio recordó que desde el año 2007 oficialmente no se entregan permisos a taxistas, pero cada cinco años, pagan por la revalidación del permiso 3 mil 987 pesos y en caso de querer transferirlo 4 ml 215.
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