En México, en poco o en nada se han solucionado los problemas de la violencia común o de la delincuencia organizada. Los escenarios y actos de barbarie se repiten a cada instante. Solo cambian el número y los nombres de las víctimas. Lo mismo mueren delincuentes, policías, víctimas elegidas o circunstanciales y periodistas. El discurso oficial no reconoce los hechos como una cadena de omisiones, negligencia y falta de control por parte del Estado. Por el contrario, aísla los sucesos y las investigaciones, matiza las estadísticas para informar las más convenientes y reitera la versión del “Vamos bien, pero redoblaremos el esfuerzo”. Prueba de lo anterior es la noticia del presunto descenso del 35 por ciento de los secuestros en el país durante los primeros cinco meses del año. El anuncio lo realizó el coordinador Nacional Antisecuestros, Renato Sales. Por supuesto, la disminución en la incidencia “es resultado de las acciones que han realizado para contener y disminuir este flagelo”. De 688 averiguaciones previas iniciadas en el referido periodo de 2014 por secuestro, hubo un descenso a 447 indagatorias. 241 asuntos menos. Y detuvieron a 510 presuntos plagiarios, expuso. 
El martes 7 de julio, el General Secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, afirmó ante un grupo de soldados deportistas –en el Distrito Federal— que México requiere de un mayor esfuerzo de la sociedad, su gobierno e instituciones. Apenas un día antes, narcotraficantes atacaron un helicóptero de la Armada en el estado de Tamaulipas, sin que afortunadamente lo derribaran. Los marinos abatieron a seis de los presuntos criminales. La violencia continúa en todo el territorio nacional, focalizándose en los estados que últimamente padecen una severa crisis de seguridad: Michoacán, Guerrero, Jalisco, Nuevo León y Tamaulipas. Balaceras, personas ejecutadas o colgadas y la aparición de nuevos grupos de autodefensas lo hacen patente. Encuestas del propio sistema lo corroboran. Números y realidades La más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI –institución del gobierno federal— realizada en 2 mil 336 viviendas, de 32 ciudades del país, en el segundo trimestre del año 2015, registró la percepción de inseguridad más alta en lo que va del año. Casi siete de cada diez mexicanos, estima que vivir en su ciudad es inseguro. El análisis revela que 65.3 por ciento de la población dijo que fue testigo de robos o asaltos. Ante los actos de inseguridad, seis de cada 10 personas decidieron modificar sus hábitos cotidianos por el temor a sufrir un delito, como no llevar cosas de valor, entre éstas joyas, dinero o tarjetas de crédito. 
Los resultados de la encuesta realizada en junio, en comparación con la efectuada en marzo, tuvo una disminución del 0.5 puntos porcentuales en la expectativa de que la seguridad mejorará. Mientras que sobre el desempeño de los policías municipales y estatales en el combate a la delincuencia, el 33.2 y el 38.5 por ciento, los consideró muy o algo efectivos. A estos números relacionados sobre la percepción ciudadana se suman otras cifras de la realidad, como las dadas a conocer por la Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados (OCRA) en el Foro Nacional de Transporte de Mercancías, organizado por la Asociación Nacional de Transporte Privado. En México, la delincuencia organizada roba 100 mil vehículos de carga y transporte de mercancías al año. La OCRA informó que en diez años el crimen ha robado más de un millón de automotores. La institución que agrupa a 22 compañías aseguradoras externó que durante el primer semestre de 2015 se han denunciado 30 mil 425 vehículos robados. La violencia se hizo presente en el 54 por ciento de los casos y que los restantes los carros, camiones y camionetas estaban estacionados. Michoacán secuestrado Michoacán es uno de los ejemplos latentes de la falta de un Estado sólido y firme para preservar el orden social. Pese a la intervención del gobierno federal sus condiciones de seguridad no mejoran y el crimen organizado continúa enseñoreado en esta región de la República. Los señalamientos contra ex gobernadores y ex comisionados de aliarse con integrantes de la delincuencia organizada abundan en los últimos días. 
El presunto desmantelamiento del grupo criminal de Los Caballeros Templarios es la bandera de los gobiernos estatal y federal. Ahora se desligan de los hechos sangrientos en la entidad señalando que esa oleada de criminalidad proviene de otras entidades y por cárteles ajenos que pretenden apoderarse de su territorio, como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), por cierto liderado por narcos michoacanos. La inacción o falta de eficacia de las autoridades ha llevado a que grupos delictivos o de ciudadanos cansados de la violencia hagan justicia de propia mano. El sábado 4 de julio, los cuerpos sin vida de dos hombres aparecieron colgados de un puente en Michoacán. Presuntamente fueron linchados después que acudieron a cobrar el dinero de un rescate, derivado del secuestro de un habitante de Zinapécuaro. Al día siguiente se conoció del asesinato a tiros del comandante de las autodefensas de Huetamo, Camilo Santana Aguirre. Sujetos armados lo privaron de la vida cuando se encontraba en una cenaduría de la carretera Huetamo-Churumuco. Otro comensal fue acribillado, en tanto resultaron lesionados el director de Seguridad Pública Municipal, Félix Gómez Río y dos personas más, sin que fueran capturados los responsables. El 7 de julio trascendió la aparición en Michoacán de un nuevo grupo de autodefensas. Se hacen llamar “Los Blancos de Troya”. A través de una cuenta de Facebook se dio a conocer la noticia de la creación de la supuesta policía comunitaria, sin que se haya corroborado la autenticidad de la publicación. En el muro de la página de la red social –creada el 29 de junio— aparece una fotografía de cinco individuos armados con el rostro oculto y que anuncian “defenderán a la población de Apatzingán”. Al día siguiente, sin más elementos, el Gobernador de Michoacán Salvador Jara decidió públicamente salir a desmentir la existencia del grupo, y a asegurar que no se permitiría la justicia por mano propia. Testigos y víctimas Los periodistas, testigos e informadores de los diversos acontecimientos y fenómenos sociales no escapan de las garras criminales. Tan solo en las dos últimas semanas han muerto tres comunicadores de manera violenta y se investiga el posible nexo de su trabajo profesional con el móvil de sus asesinatos. Al monero Trino trataron de secuestrarlo. 
El dos de julio fueron localizados los cuerpos de dos de los reporteros. Uno en el estado de Veracruz, desaparecido y después encontrado sin vida, atropellado; y el otro en Oaxaca, ejecutado a balazos en la vía pública. Juan Mendoza Delgado era taxista y atendía un portal web de noticias en Medellín de Bravo. Filadelfo Sánchez Sarmiento era locutor de radio comunitaria en Mihuatlán. El crimen restante ocurrió el 26 de junio del año en curso en el estado de Guanajuato, cuando en una cantina fue apuñalado en el cuello el director del semanario El Tábano, Gerardo Nieto Álvarez. Otra víctima de atentado, perteneciente al sector de los medios de comunicación, lo es el caricaturista del diario Reforma “Trino” Camacho, que hace apenas unos días reveló que dos sujetos armados pretendieron privarlo de la libertad el 11 de junio en la carretera a Chapala, Jalisco, cuando regresaba a casa tras grabar un programa radiofónico. Piden indagar a ex gobernador por liberación de “El Mencho” Luego de la publicación realizada por El Universal en la que señala que el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho” fue detenido en agosto de 2012 por elementos de la Marina y liberado por intervención del ex gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, legisladores federales solicitaron al gobierno federal que realice una investigación al respecto. Tanto Senadores del Partido Acción Nacional (PAN), como del Partido Revolucionario Institucional (PRI) pidieron se aclare a fondo el delicado señalamiento y se establezca la verdad jurídica del caso. El coordinador de los senadores del PAN, Fernando Herrera, declaró ante medios de comunicación que nadie puede estar al margen de la ley, por ello lo deseable en estos momentos es que se aclaren los hechos a través de una investigación formal. Prudente en sus expresiones, el también senador –por el PRI— Omar Fayad, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, señaló que no tiene los elementos suficientes para pronunciarse en el asunto y por ello son las autoridades federales las que tendrán que realizar la indagatoria correspondiente. La noticia vertida por Silvia Otero detalla que el 20 de agosto de 2012 fue detenido “El Mencho”, en el municipio de Zapopan, lo cual desató una jornada narcobloqueos en el estado de Jalisco y Colima. “Sin embargo, su captura representó exponer a las autoridades que tenían algún nexo con la organización criminal, y se operó su liberación”. También refiere la pieza informativa que el ex gobernador panista fue convencido de la conveniencia de liberar al presunto narcotraficante por su secretario de Seguridad Pública, Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, quien al cambio de administración –ahora priista— se convirtió en el fiscal general de la entidad. La reportera cita informes que hicieron llegar a El Universal y que “validan fuentes de seguridad del gobierno federal”. A través de un comunicado, la Secretaría de Marina negó su relación con la supuesta detención de Oseguera Cervantes en 2012: “esta Institución desmiente categóricamente haber participado en la captura de esa persona”. Por su parte, la tarde del jueves 9 de julio, el ex gobernador, Emilio González Márquez, emitió un boletín a los medios de comunicación locales y nacionales, señalando que la información falsa, tal como lo afirmó también la Marina. El aún panista, asegura que “nunca bajo ninguna circunstancia ha tenido comunicación con alguna persona buscada por la ley o realizado gestión para beneficiar a infractores de la misma”. En los días que se ha señalado sucedió la detención de “El Mencho”, González Márquez estaba en Europa representando al Gobierno de Jalisco, según refiere. Agregó que esta información lo coloca en “situación de riesgo”, al igual que a su familia.
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