Las víctimas ahora son ejidatarios de La Purísima Todavía no se reponen de la pérdida de tierras en la invasión de “La Ballena” en el Ejido de San José del Cabo, y el ex gobernador Narciso Agúndez Montaño y su grupo recibieron el 2 de diciembre de 2013 un nuevo revés en el intento de despojar de sus propiedades a 384 ejidatarios en el corazón agrícola de Comondú. La Comisión Investigadora designada por la Asamblea General del Ejido La Purísima, presentó en su última reunión de análisis y revisión una serie de irregularidades detectadas durante la asignación de parcelas en el segundo núcleo ejidal más grande del estado, que comprende los municipios de Comondú, Loreto y Mulegé, colindantes con el Golfo de California y el Océano Pacífico. Según el informe, las principales anomalías son el registro de prestanombres, empresarios, extranjeros, familiares, amigos, compadres y personas que no son ejidatarios, como presuntos propietarios de valiosas tierras sobre todo en playa, que tras la investigación, se descubrió tienen vínculos con las siguientes personas: – Narciso Agúndez Montaño, ex gobernador de Baja California Sur. – Luis Cano Hernández, empresario sexenal de las administraciones de Leonel Cota Montaño y Narciso Agúndez Montaño. – Ana Karina Angulo Esquer, esposa de Luis Cano. – Alberto Orozco Moreno, ex delegado del Registro Agrario Nacional (RAN). – José Rigoberto Mares Aguilar, ex delegado de la Procuraduría Agraria (PA). – Miriam Aideé Orozco Luna, ex subdelegada jurídica de la PA. – Daniel Raúl Vizcarra Angulo, ex comisariado ejidal. – Rosario Baumar, ex subdelegada jurídica de la PA. – Salvador Sarabia Vázquez, perito topográfico. – Yuan Yee Cunningham, ex alcalde de Loreto. El 25 de marzo de 2012, la Asamblea General del Ejido La Purísima, encabezada en aquel entonces por Daniel Raúl Vizcarra Angulo, bajo el control absoluto del ex gobernador Narciso Agúndez Montaño, parceló las 425 hectáreas que forman parte de la zona ejidal, y de manera virtual, supuestamente distribuyeron en partes iguales la tierra -al no tener trabajo de apeo y deslinde e incluso mojoneras-, entonces iniciaron los trámites para la certificación y obtener los títulos de propiedad de las parcelas. Desde 1999, el ex gobernante y un grupo de 38 empresarios y políticos, habían comprado de manera irregular derechos ejidales, cuando Agúndez era alcalde de Los Cabos, bajo el argumento de invertir “millones de pesos” y desarrollar turísticamente la zona. Sin embargo, nada de eso sucedió. Lo que sí paso, según el informe de la Comisión Investigadora, es que “el grupo de Narciso Agúndez, y cuando estaba de gobernador, planeó y preparó todo para despojar a los pobladores de sus tierras”. 
Y es que las únicas parcelas que fueron asignadas en papeles, fueron las del malogrado Grupo de Los Cabos, las cuales ya estaban incluso en trámite en el Registro Agrario Nacional (RAN), donde la mayoría de los ejidatarios de La Purísima ni siquiera se habían dado cuenta que no aparecían en el listado del registro. Es el caso de los ejidatarios Ismael Arce Hernández y Álvaro Alfredo Arce Mayoral, quienes durante una entrevista con ZETA, expusieron que “incluso en el último parcelamiento, más de 300 predios aparecen sin asignar, es decir, sin dueño, a pesar de que en el antepenúltimo registro elaborado el 25 de febrero de 2007, figuraron 384 ejidatarios y 38 supuestos nuevos ejidatarios, todos provenientes de Los Cabos”. Los ejidatarios comentaron que en teoría -de acuerdo a la extensión del predio y por el número de socios- “debieron haberles tocado 200 hectáreas por el lado del Golfo de California y 200 hectáreas por el lado del Océano Pacífico, y un terreno de 20 hectáreas en las orillas del Estero de San Gregorio”. Pero la mayoría no recibió nada, situación que desató conflictos entre ejidatarios y avecindados del ex gobernador Narciso Agúndez Montaño, terminando con la destitución de Daniel Raúl Vizcarra Angulo -alfil del ex gobernante- como presidente del Comisariado Ejidal de La Purísima, luego de que el 25 de marzo de 2011 y tras perder el poder, el Tribunal Agrario Unitario resolvió el juicio bajo el expediente TUA-48-101-2010, a favor de los verdaderos ejidatarios. Después del término de la investigación ordenada por el pleno de la Asamblea General del Ejido La Purísima, el procurador agrario, Cruz López Aguilar, ordenó deslindar responsabilidades, en principio de cuentas, en contra de los servidores públicos que a continuación se enumeran: 1. Alberto Orozco Moreno, ex delegado del RAN. 2. José Rigoberto Mares Aguilar, ex delegado de la PA. 3. Miriam Aideé Orozco Luna, ex subdelegada jurídica de la PA. 4. Rosario Baumar, ex subdelegada jurídica de la PA. En su momento, los arriba mencionados se coludieron con el ex gobernador Narciso Agúndez Montaño y su grupo para intentar robarse las tierras de los ejidatarios. Hoy por hoy, la Subprocuraduría General de la Procuraduría Agraria, como única facultada jurídicamente, prepara la formulación de denuncias penales correspondientes de los hechos que pudieran ser constitutivos de delitos relacionados en materia agraria. El delegado de la PA, Eligio Soto López, adelantó a ZETA: “Vamos con todo, porque vamos a sentar un precedente, no es posible que este grupo de bandidos quiera apoderarse de la tierra que no es suya”. El comienzo Cuando era alcalde de Los Cabos, en 1999, los ejidatarios de La Purísima le abrieron la puerta a Narciso Agúndez Montaño y su grupo. Políticos y empresarios empezaron por visitar la zona, y poco a poco se fueron metiendo hasta que compraron derechos ejidales, según recordó el ejidatario Ismael Arce Hernández. “Tenían la intención de desarrollar la zona turísticamente e invertir millones de pesos en el núcleo ejidal, como sucedía en Los Cabos”, justificaron en su momento. La llegada del llamado Grupo de Los Cabos fue silenciosa y no se sabía nada, hasta que durante una reunión de la Asamblea General del Ejido La Purísima, los opositores sacaron a relucir en una reunión, una carta de Narciso Agúndez como residente de La Purísima, expedida por el Ayuntamiento de Comondú. Siendo alcalde y públicamente conocido que vivía en Los Cabos, el grupo de ejidatarios -de acuerdo al registro de la reunión- cuestionaban cómo era posible que avalaran a “este tipo de gente”, sobre todo porque “no veían que trajeran muy buenas intenciones, pues estaban comprando derechos hasta en 10 mil pesos, cuando su costo real era de 3 o 4 millones de pesos”. Lo cierto es que se corrió la voz, y en un corto tiempo, llevados por la ambición, llegaron empresarios y políticos de Los Cabos que ofrecían dinero por la venta de derechos ejidales en ofertas que rayaban en lo ridículo: 50 mil pesos “por ceder sus derechos de ese núcleo ejidal, y otorgar su anuncio y consentimiento, para que las parcelas por asignar, a las que tenían derecho, fueran reconocidas a favor otras personas”, transcribían solicitudes de ejidatarios, elaboradas y fechadas en San José del Cabo. Así, los compradores tendrían la fabulosa oportunidad, a precio de ganga, de ser incluidos dentro del sorteo de asignación de tierras -que todavía no se celebraba- y disponer de 420 hectáreas en esa codiciada zona rodeadas de playa, esteros de agua dulce y ruinas arqueológicas. Los nombres de los compradores no se supieron hasta que el 25 de febrero de 2007, durante una Asamblea General del Ejido La Purísima, el entonces comisariado Bernardino Higuera Meza, leyó los nombres de los “nuevos ejidatarios”, entre éstos: – Narciso Agúndez Montaño, entonces gobernador del Estado de Baja California Sur. – Gabriel Larrea Santa, ex delegado de Cabo San Lucas. – Daniel Raúl Vizcarra Angulo, residente de La Paz. – Luis Raymundo Cano Hernández, empresario de Los Cabos. – Ana Karina, Manuel y Yolanda, de apellidos Angulo Esquer, esposa y cuñados del empresario Luis Cano. – Alberto Treviño Angulo, actual diputado de Los Cabos. – Valerio González Scholnik, Elías Gutiérrez Osuna, Jesús Mario Maldonado Astorga y Ricardo Araoz Gamiño, todos empresarios. En esa reunión, el comisariado Higuera Meza, ordenó el sorteo de las parcelas -como establece la Ley Agraria-, y entonces fueron asignadas entre los 363 ejidatarios registrados hasta ese momento. Las irregularidades A partir de entonces, el calvario empezó. Según el ejidatario Álvaro Alfredo Arce Mayoral, el grupo comandado por Narciso Agúndez, bajo argucias y maniobras -incluida la compra de conciencia de la mayoría de los ejidatarios-, renovaron la mesa directiva y nombraron nuevo presidente al comisariado ejidal Daniel Raúl Vizcarra Durán. Apantallados por el dinero, y aprovechándose de su ignorancia, dejaron en manos de la gente del grupo de Los Cabos, el destino del Ejido La Purísima. Lo primero que hicieron fue desconocer el sorteo de parcelas de 2007, y durante su paso por la gubernatura, fueron diseñando y preparando una nueva repartición que finalmente fue validada a escondidas de los ejidatarios. El propio delegado de la Procuraduría Agraria, Eligio Soto López, expuso que “el último proceso de asignación de parcelas, y previo a la Asamblea Dura, cuando ya votarían para ir por los títulos, repartieron las tierras a criterio personal de los directivos de ese entonces, manejados por la gente de Los Cabos, escogieron las mejores tierras y no asignaron más de 300 parcelas”. 
El funcionario fue más explícito: “Lo que hicieron fue un atraco”, ya que realizaron una asamblea general donde “no hubo sorteo, notario público y tampoco estuvieron todos los ejidatarios, los señores nomás dijeron ‘esta tierra, y aquella me gusta’, y se las repartieron”, mas no lo hicieron como marca la Ley Agraria. “Se los quisieron chingar”, dijo Soto textualmente, para después comentar que tan solo por ese hecho, y a raíz de la queja de 46 ejidatarios, la PA intervino y de entrada invalidó el procedimiento”, solicitando todos los archivos del caso a las autoridades agrarias que componen la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU); la propia Procuraduría Agraria; el Registro Agrario Nacional y el Tribunal Agrario Unitario, donde pudieron advertir que era “un soberano desmadre”. Tan solo en el Tribunal Agrario Unitario encontraron más de 40 juicios por despojo y acaparamiento de tierras en La Purísima en contra del grupo de Los Cabos, y lo más grave es que en el RAN, el ex gobernador Narciso Agúndez y su gente, a través de prestanombres, ya tenían metidos trámites para que fueran reconocidos como legítimos propietarios de las tierras, por lo que estaban a la espera de esos documentos. “Todo eso se paró, porque tenemos la obligación de volver a revisarlo”, expuso el delegado de la PA, para agregar que con “ese hallazgo, vislumbramos que tendremos que empezar de cero, y revisar y analizar caso por caso”. Durante una entrevista con ZETA, Soto declaró que por ahora “no se van a expedir títulos, hasta que no se revise y valore esa situación”. Por el contrario, “vamos a actuar penal y administrativamente en contra de los servidores públicos de esta oficina y otras, por haberse prestado a este despojo que ahora estamos diciendo, fue brutal y avasallador, porque quisieron aprovecharse de los ejidatarios coludidos con políticos que gobernaban en ese tiempo, y casi los dejan en la calle”. — ¿Por qué los ejidatarios no se dieron cuenta de lo que estaba pasando? “Porque tenían el control de la mesa directiva, y a nadie le mostraban lo que estaban haciendo documentalmente, a pesar de que muchos de ellos, durante mucho tiempo, pidieron e insistieron en conocer cómo había quedado el aparcelamiento de las tierras, hasta que vinieron a quejarse conmigo, y yo como autoridad facultada legalmente, solicité las copias de todo lo actuado, saliendo a relucir todo el cochinero que estaban haciendo para apoderase de La Purísima y los tramites que ya tenían adentro del RAN”. La ambición Los ejidatarios Ismael Arce Hernández y Álvaro Alfredo Arce Mayoral, consideran que lo que más afectó al Ejido La Purísima fue la ambición de Grupo de Los Cabos, porque cuando llegaron se les abrieron las puertas, creyendo en la inocencia y buena voluntad de la gente, pues supuestamente invertirían millones de pesos. Hasta ahorita y desde 1999, no han puesto ni un solo ladrillo en la comunidad. Pero el verdadero interés -según los ejidatarios- podría ser: – Apropiarse de la zona de playa. – Adueñarse de un yacimiento de agua. – Hacerse de una zona rica en oro y plata que, incluso, está concesionada a una compañía minera, en una superficie de casi 50 mil hectáreas, según un informe de la Dirección General de Minas, de la Secretaría de Economía. Lo anterior, porque los mayores conflictos legales están centrados en esas tres zonas, dentro de la extensión de 425 hectáreas. El propio alcalde de Loreto, Yuan Yee Cunningham, expidió -cuando detentaba el poder- una carta de posesión de un predio identificado como San Juan Londó Misión a su tía, de nombre Emigdia Cunningham Verdugo, el cual pretende despojar a uno de los ejidatarios que resultó su suegro, Eusebio Ramírez. Peor aún, las principales anomalías -según el resultado de la investigación de la Comisión Investigadora del Ejido La Purísima- se centran en la asignación de parcelas de las siguientes personas: – Ana Karina Angulo Esquer, esposa del empresario Luis Raymundo Cano Hernández, apareció como dueña de 14 mil 293 hectáreas asignadas en playa y en la zona de concesión minera. – Daniel Raúl Vizcarra Angulo, ex comisariado ejidal, quien de una parcela, pasó a tener siete, con una extensión de 350 hectáreas. – Alexander Octavius Georgelos Hodgers, extranjero, aparece con diez hectáreas en playa. – Humberto Rocha Higuera y Mario Francisco Rocha López, ejidatario, a quien se asignó una parcela en el hábitat natural del borrego cimarrón. – Salvador Sarabia Vázquez, perito topográfico que apareció con mil 685 hectáreas en la playa. – Miriam Aideé Orozco Luna, es subdelegada jurídica de la PA, con 10 hectáreas de playa. – Alfonso Gutiérrez Mayoral, ejidatario, quien posee dos parcelas más. – Alfonso Meza Arce, Gloria Higuera Higuera, Graciela Osuna Careaga, Humberto Higuera Higuera, Idalia Higuera Romero, Ignacio Moreno Martínez, Iván de Jesús Arvizu Higuera, Jaime Arturo Macías Salinas, Jesús Hernán Higuera Arce, Jesús Salvador Monserrat Veliz Murillo; Jorge Martín Mayoral Mayoral, Jorge Oceguera Amador, José Martín Gutiérrez Mayoral, Karla Denisse Arvizu Preciado, Lilia Peralta Higuera, Luis Alfonso González Díaz, Ramón Rosas Rosas, Rosario Gutiérrez Mayoral y William Bache La Garde Gómez. Ninguno de los citados es ejidatario, sino presuntos prestanombres. 
Asimismo, aparecen Benito Alvarado Murillo, Benito Geraldo Arca, Eleazar Mayoral Mayoral, Elvia Manuela Arce Mesa, Manuel Salvador Estrada Romero, Manuel Valentín Espinoza Romero, Marcos Gutiérrez Mayoral, María de Jesús Arce Meza, María Inés Hernández Arce; Mario Alberto Meza Meza, Matilde Díaz Romero, Nicolás Arce Espinoza, Olivia Rosas García y Silvestre Arce Amador. Todos son ejidatarios, pero ya habían vendido sus propiedades y ahora son prestanombres. Todos tenían trámites en el Registro Agrario Nacional para obtener títulos de propiedad, menos los verdaderos propietarios de la tierra. ZETA solicitó entrevista con los señalados, sin embargo, al cierre de esta edición, ninguno respondió al llamado.
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