Ayuntamiento demandado por quitar cerco de predio del Gobierno, que reclama particular El polígono mayoritario llamado El Monumento, abarca en gran medida a la parte Oeste de la Tijuana; primordialmente lo que ahora se conoce como la delegación Playas de Tijuana. Desde la administración estatal de Eugenio Elorduy Walther, esa superficie ha entrado en disputas protagonizadas por los gobiernos en turno y los terratenientes de la zona. A principios del año 2004 el exgobernador panista, decretó la expropiación de 7 millones 479 mil metros cuadrados, con la intención de implementar un proyecto inmobiliario que, según el discurso, representaría una oportunidad de desarrollo urbano, turístico y comercial en la zona. Finalmente, después de la presión legal de los particulares afectados, en junio del 2009, el actual gobernador José Guadalupe Osuna Millán, publicó en el Periódico Oficial del Estado la revocación de aquel decreto con lo que el proyecto se vino abajo. Problemáticas en materia de tenencia de la tierra mantienen al XX Ayuntamiento de Tijuana involucrado en un proceso judicial y ministerial por la presunta invasión y despojo de una superficie de 26 mil 984 metros cuadrados –según datos de los demandantes– en el fraccionamiento El Mirador, inmersos en este polígono mayoritario. Se trata de un terreno irregular ubicado en su parte más baja sobre la autopista a Playas de Tijuana, mientras que en su parte alta colinda con la avenida Finesterra del fraccionamiento. A partir de una denuncia atendida por ZETA, remitida por el comité vecinal de la zona, se conoció un embrollo legal entre el ayuntamiento de Tijuana y el particular que se dice dueño legítimo del terreno, nombre que se mantiene en el anonimato a petición del representante legal, licenciado Jesús Quezada Salas. Personal de la administración municipal, derribó el cercado puesto por los demandantes, que dicen, era parte de una modernización, pues el predio ya estaba cercado. Por tal motivo, la parte afectada interpuso dos recursos legales: uno ante la Procuraduría General de Justicia del Estado contra quien resulte responsable del delito de despojo y daños en propiedad ajena, y un amparo contra las acciones de la administración pública de Tijuana por una “presunta desposesión” del inmueble. Autoridades del Ayuntamiento de Tijuana justifican su accionar: aseguran que el cerco violaba el derecho de vía de la autopista, también indican que en la parte alta del predio se perjudicó una zona donada al gobierno del Estado, sin embargo no fue posible acceder a documentación que pruebe esas afirmaciones. Dado que en la administración de Carlos Bustamante, apenas iniciaron la integración de una investigación documental. La parte que aseguran fue violada por el particular tiene una superficie de 2 mil 691 metros según la información del gobierno estatal, mismo que emitió una ficha con el resumen de los vaivenes del terreno. Finalmente, se concluyó que actualmente pertenece a la Comisión Estatal de Servicios Públicos, adquirida en el 2003 y cuyo título de propiedad se mantiene en trámite. Los supuestos dueños El abogado Jesús Quezada Salas, explica que fue en la última semana del mes de diciembre del 2012 cuando su cliente intentó “modernizar” un cerco que ya existía en el predio referido en El Mirador, sin embargo, para el viernes 29 de diciembre, autoridades municipales derribaron postes y alambrado. A su favor, comenta que el terreno de más de dos hectáreas de superficie, deriva del primer titulo original del polígono mayor denominado El Monumento, expedido el 3 de mayo de 1928 e identificado como el número 1 de aquel año por la entonces llamada Secretaría de Agricultura y Fomento, ahora Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación –Sagarpa–. Desde aquel año, la propiedad conocida como El Monumento ha sido traspasada, vendida y dividida en diversas ocasiones. En el mes de agosto de 1989, el que ahora se presume como propietario dice haber adquirido dicha fracción de terreno. El último de los procesos de compraventa fue iniciado en el Juzgado Octavo de lo Civil del Poder Judicial de Baja California con fecha del 28 de octubre de 2009 y resuelto a su favor hasta el 16 de julio de 2010, según consta en la resolución con número de expediente 1765/2009, de la cual ZETA tiene copia. De esta forma, Quezada Salas pretende fundamentar la propiedad de su cliente de estos 26 mil metros cuadrados. “Esto deriva primordialmente de la problemática que existe en todo el estado de sobreposesiones de títulos, problema que ha acarreado el gobierno del Estado sin ningún empacho de que siga habiendo esa clase de problemas, el gobierno no le va a entrar, ni le ha entrado a la regularización de los polígonos conflictivos en Tijuana. El gobierno se limita a recibir donaciones de manera gratuita, pero jamás hace el ejercicio de revisar que la persona que le está donando el inmueble sea el titular único y exclusivo de ese predio”, reflexionó Quezada. Los hechos José Rodolfo Rivapalacio, presidente del comité vecinal en el fraccionamiento El Mirador de la delegación Playas de Tijuana, comentó que fue el viernes 28 de diciembre del año pasado, cuando los representantes legales de quien se ostenta como dueño legítimo, arribaron al predio para instalar un cerco en todo el perímetro. Los vecinos, motivados por lo que a su juicio se trató de un intento de invasión en una zona que conocen como área verde, ese mismo día se trasladaron a las oficinas de Oficialía Mayor en el centro de Gobierno del Estado, para solicitar una reunión con el delegado de la dependencia en Tijuana, Luis Bustamante Mora, quien los remitió con la jefa del departamento de Bienes del Gobierno, Francisca Rodríguez Díaz. Personal del mismo orden de gobierno los acompañó a la zona de disputa con la intención de elaborar un expediente del caso, para que al día siguiente –el sábado 29– autoridades municipales se encargaran de derribar el cerco. No obstante, la parte señalada por los vecinos, misma que se dice dueña del predio, presentó una denuncia ante la Agencia del Ministerio Público Investigadora de Delitos Patrimoniales integrada bajo la averiguación previa 11407/12/211/AP. 
Los actos referidos se explican en la averiguación a la que ZETA tuvo acceso. El 25 de diciembre del año 2012, cinco personas desconocidas para los demandantes se encontraban en el terreno con instrumentos y maquinaria usada para realizar levantamientos topográficos. Los desconocidos informaron que se encontraban efectuando esos trabajos por la orden de un supuesto dueño, mismo que tenía interés en cercar la superficie con malla ciclónica. Acto seguido, se solicitó al Ministerio Público una inspección ocular de un perito para acreditar la situación física del inmueble. Para el sábado 29, un agente del fuero común visitó el lote y elaboró un documento de expedición agregado a la averiguación previa mencionada, en el cual se da fe de la presencia de trabajadores del ayuntamiento, mismos que en ese momento se encontraban retirando el cerco que había colocado la parte denunciante, con la ayuda de una maquina retroexcavadora maniobrada por un hombre identificado como trabajador de la Dirección de Obras e Infraestructura Urbana municipal. En el lugar también permanecían otros empleados municipales conduciendo una camioneta tipo pick up con redilas, rotulada con el distintivo de Oficialía Mayor municipal, y bajo las órdenes de el director de Obras Públicas, Esteban Barba Yee, dicta el informe ministerial. Los mismos argumentos son los dados en el recurso de Amparo y Protección de la Justicia Federal, donde se señala como responsables a 34 funcionarios del ayuntamiento por la “pretendida desposesión” de esta fracción de tierra. En el escrito se expresa que ese mismos día llegó al predio el arquitecto Raúl Pompa Tovar, supervisor de la Dirección de Administración Urbana Municipal, junto a un inspector de la dirección referida, el primero justificó su visita con el argumento de que la superficie correspondía a una donación hecha al municipio con la finalidad de habilitarlo como área verde, todo esto, sin que el arquitecto mostrara la resolución de autoridad competente que respaldara su dicho, se subraya en el escrito. La respuesta del Ayuntamiento Entre los 34 funcionarios señalados en el recurso de amparo, destaca en primer término el presidente municipal, Carlos Bustamente Anchondo, el secretario de Seguridad Pública, Alberto Capella, los directores de Inspección y Verificación tanto a nivel municipal como el de la delegación Playas de Tijuana, los directores de Administración Urbana, de Obras e Infraestructura Urbana, entre otros. Roberto Díaz, secretario de Desarrollo Urbano y Ecología municipal, defendió la idea de que la superficie es un bien del dominio público perteneciente al gobierno del Estado. Que el cercado del terreno violó los 20 metros de “derecho de vía” de la autopista a Playas de Tijuana, es decir, que el alambre de púas se instaló más allá de sus límites oficiales. “Hay una persona de la cual no tengo el nombre, cercó, tratando de reclamar una propiedad en la que están inmiscuidos terrenos del dominio publico, tanto del Estado, como del municipio”. –En las observaciones que realiza el ministerio público, se acredita que el Ayuntamiento no presentó ningún documento de propiedad a la hora de quitar el cerco. “Porque no existe la obligatoriedad de presentar nada en terrenos que son propiedad del ayuntamiento o de un particular, pero en este caso específicamente de la propiedad pública. Creemos que vamos a tener la información necesaria de cómo se originó esa propiedad, y hacia quién fue esa propiedad y quién de buena fe o mala fe dictó una sentencia. Pero insisto, nadie puede prescribir los bienes del dominio público”, argumentó. Posteriormente lanzó una advertencia al demandante: “La persona tendrá que demostrar plenamente su propiedad, y en eso pues yo creo que tiene el derecho de asistir a las instancias legales, a las instancias judiciales que considere pertinentes, pero les puedo adelantar lo siguiente: Ningún amparo, y ningún juicio de prescripción, procede contra vienes del dominio público, contra los vienes de la comunidad”. El abogado Jesús Quezada, aseguró que en la zona no existe ningún parque, solo un terreno baldío que el gobierno no puede acreditar como suyo. Además, asevera que el cerco fue instalado un metro y medio antes de llegar al cordón de la autopista. “El gobierno del Estado no tiene ni una sola marca, no tiene ni una sola señal de que cuente con la posesión de esa fracción de terreno, porque es una fracción que está en breña, está descuidada y que si fuera una donación y estuviera bajo custodia del gobierno del Estado, bueno pues pareciera algo que dicen que es, un parque, y tendría un documento que respaldara la titularidad de ese parque a través del donador”. Gobierno estatal hecho bolas De entrada, los registros del gobierno del Estado hablan de un terreno cuya superficie es de 2 mil 692 metros cuadrados, es decir, 24 mil 292 metros cuadrados más chico que el señalado por los que se ostentan como propietarios únicos. 
Cuestionado por este semanario, Luis Bustamante Mora, delegado en Tijuana del departamento de Oficialía Mayor del gobierno del Estado sobre la situación de este predio, en primera instancia dijo que esa superficie correspondía a un área verde a cargo del gobierno municipal. Sin embargo, según comentó, después de hacer las investigaciones pertinentes documentadas en oficio OMG/DBIA/059/2013, se descubrió que ese predio de 2 mil 691 metros cuadrados fue enajenado a favor del Instituto de Vivienda –INDIVI– a finales de 1988. Pero a pesar de estas afirmaciones del gobierno del Estado, el delegado del INDIVI en Tijuana, Gerardo Cortez, refirió que fue en 1984 cuando el terreno fue donado al gobierno estatal, para que en 1987 fuera traspasado al instituto con el fin de desarrollar proyectos de vivienda. No obstante, el 3 de diciembre del año 2003, éste fue vendido a la Comisión Estatal de Servicios Públicos por la cantidad de un millón 512 mil 355 pesos, toda vez que las condiciones del predio no son aptas para la construcción de casas. Muchos dueños, pocos documentos.
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