Denuncias contra ex funcionarios del PAN, “atoradas” en la PGJE Atracos en el erario público han sido detectados en Tijuana, en esta ocasión perpetrados por tres funcionarios en activo de la administración de Carlos Bustamante Anchondo, con quienes Sindicatura Municipal busca llegar a “acuerdos” para que “voluntariamente” devuelvan los recursos malversados, antes de iniciar un procedimiento en su contra para inhabilitarlos. A decir de la síndico procuradora de Tijuana, Yolanda Enríquez de la Fuente, en los casos de sustracción ilegal de recursos “lo importante es que el erario público recupere el daño que se le ha ocasionado”. De ahí que en particular, con los funcionarios municipales -cuyos nombres omitió- se busca en primera instancia recuperar el daño patrimonial y luego entablar un procedimiento administrativo y/o legal en su contra. “En lugar de sancionar, se ha buscado que el funcionario pague primero y luego (seguir) el procedimiento para que incluso la sanción sea menor…”, “… la Ley (de Responsabilidades de los Servidores Públicos) prevé que puede ser menor”, reiteró. La nueva irregularidad administrativa se detectó en el área de Tesorería Municipal, e involucra a tres funcionarios de bajo rango que incurrieron en desvío de montos también calificados como “menores” por parte la funcionaria municipal, y que siguen laborando dentro de la administración del XX Ayuntamiento. Por tratarse de cifras mínimas, “como de 6 mil pesos”, “se les dará la oportunidad de que devuelvan el dinero”. Respecto a la sanción a que se harán acreedores, Enríquez de la Fuente aseguró que el tratamiento de estos casos será igual al que se siguió en contra de ex funcionarios de la administración de Jorge Ramos Hernández. “El procedimiento es igual, porque dañan el patrimonio municipal, y finalmente son faltas”, sostuvo. La síndico ponderó que las “negociaciones” con los servidores municipales van por buen camino, pues dos ya se han acercado a pagar, aunque se negó a revelar su identidad con el argumento de que los casos están aún en procedimiento. Denuncias en el limbo Mientras por un lado el gobierno de Carlos Bustamante Anchondo se muestra tibio para castigar a sus trabajadores que hurtan de las arcas municipales, por otro, no duda en iniciar un procedimiento de inconformidad contra la determinación del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de suspender la inhabilitación que Sindicatura Municipal hizo a cuando menos 17 funcionarios de la administración del ex alcalde Jorge Ramos, la mayoría de ellos ostentaron cargos de primer nivel. La inconformidad se prepara a través del área de la Consejería Jurídica Municipal, partiendo del hecho que “la Ley prevé que antes de iniciar la suspensión del juicio, deben (ser obligados) primero a devolver el dinero desviado, lo que no hace el Tribunal, incurriendo con ello en una irregularidad”. Enríquez se dolió que a más de un año de haber iniciado los juicios contra los ex servidores públicos, “no pasa nada en las otras instancias”, refiriéndose a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), el Tribunal, y al propio Congreso del Estado, ya que este último no resolvió sobre el juicio político requerido por el XX Ayuntamiento. 
En seis expedientes, Sindicatura Municipal integró y presentó formales denuncias contra ex servidores públicos que supuestamente incurrieron en diversos desvíos de recursos públicos, siendo el caso del evento cultural Festiarte, que involucra a Elia Rosa González Reyes, Martha Alicia Fuentes García y Julio César Fuentes Solís (quienes ostentaron los cargos de directora administrativa de Presidencia Municipal, Tesorería Municipal y Auxiliar Administrativo de Tesorería Municipal, respectivamente), que presume una mayor cantidad de dinero desviado. A Festiarte se le encomendó la organización de un evento cultural, cuyo representante legal, César Borja Vázquez, comprobó haber recibido solo 100 mil pesos. En los expedientes del Municipio apareció que se le otorgaron 2 millones 465 mil pesos, irregularidad que Sindicatura documentó bajo el expediente 004/2012, con fecha del 29 de mayo de este año, cuando también se abrió el documento 036/2011 por uso indebido del 2 por ciento de recursos provenientes del Ramo 33. En esta nueva irregularidad detectada por la Auditoría Superior de la Federación y el gobierno en turno, se responsabilizó a Arnulfo Guerrero León del desvío de 76 mil pesos en supuestos gastos de gasolina y papelería, cuando los recursos están etiquetados para obra social; hecho que el ex secretario de Desarrollo Social del XIX Ayuntamiento de Tijuana, alude a un error administrativo. En el faltante de estos recursos vuelve a aparecer Martha Alicia Fuentes, y se incluye además a Ernesto Lucero López (ex subdirector de Egresos); el ex oficial mayor Mario Alberto Martínez Castillo; Julio César Murillo Valtierra (ex jefe del Departamento de Inventarios de Oficialía Mayor); Mario César Spíndola Rodríguez (ex jefe del Departamento de Adquisiciones y Servicios de Oficialía Mayor) y Joaquín Enrique Palomera Ramírez (ex coordinador de Obra Comunitaria). Desde el inicio del XX Ayuntamiento de Tijuana, Sindicatura Municipal detectó anomalías en el manejo de recursos públicos por parte de sus antecesores inmediatos, de ahí que el 9 de junio de 2011, denunciara por pagos indebidos al ex director de Inspección y Verificación Municipal, Gustavo Lemus Torres; involucrando además al ex secretario del gobierno municipal, Enrique Méndez Juárez. En este caso aparecen de nuevo los nombres de Mario Alberto Martínez Castillo, Martha Alicia Fuentes y Ernesto Lucero López; además de Luis Ernesto Cuenca Ruiz (subdirector de Recursos Humanos) y José Mario Hernández Ramírez (ex titular del Departamento de Nóminas). El 14 de julio de 2011, una nueva irregularidad es documentada, señalando a Arturo Berrelleza Cruz, ex director de Responsabilidades de la Sindicatura Municipal durante la administración de Jorge Ramos. En agosto del mismo año se abrió un nuevo expediente en contra de Gustavo Lemus Torres, responsabilizándolo por el desvío de 212 mil pesos. Asimismo, el 21 de octubre de 2011, Sindicatura Municipal abrió el expediente 035/2011 por cobros indebidos por el orden de los 324 mil pesos, responsabilizando a Luis Alonso Morlett Corrales, ex director municipal de Transporte Público. En este caso, la dependencia también responsabilizó a Ciro Castillo Hernández (ex jefe del Departamento de Recursos Materiales de la Dirección Municipal de Transporte Público), Reynita Cabrera González (ex subdirectora de Contabilidad de Tesorería) y Pedro Rafael Serrano Luna (ex jefe del Departamento de Personal). Nuevamente salieron a relucir los nombres de José Mario Hernández, Luis Ernesto Cuenca Ruiz, Ernesto Lucero López, Martha Alicia Fuentes, Mario Alberto Martínez y Enrique Méndez Juárez. De todos los casos se presentaron las denuncias correspondientes ante Ministerio Público por Sindicatura Municipal, instancia que los integró en una sola acta para su averiguación, por tratarse de un mismo delito: Peculado. Pero el expediente aún se encuentra en integración, y de acuerdo a información proporcionada por la PGJE, sin mayor avance al respecto. Por su parte, Sindicatura sancionó inhabilitándolos en forma temporal para obtener y ejercer cargo, empleo o comisión en el servicio público hasta por cinco años, como es el caso de la ex directora administrativa de Presidencia Municipal, Elia Rosa González Reyes. No pasa nada A más de un año que algunas de estas denuncias fueron interpuestas formalmente, la PGJE no ha resuelto al respecto y en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, órgano revisor de los actos promovidos por las autoridades, los casos duermen “el sueño de los justos”. El Tribunal no solo no ha resuelto al respecto, sino además, suspendió el acto de inhabilitación que la actual Sindicatura Municipal dictó contra los ex funcionarios, por lo que algunos de ellos, como el ex oficial mayor Mario Martínez Castillo, ocupan cargos públicos en el gobierno federal. Para Yolanda Enríquez, la suspensión concedida por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo es irregular, al darse sin garantizar antes el interés fiscal: “Lo primero que se tiene que procurar es salvaguardar el interés fiscal del Estado, es uno de los requisitos para dar la suspensión, cuando hay dinero de por medio se requiere, primero, se deposite la cantidad reclamada como una garantía”. Si bien es cierto, no hay términos para que el Contencioso resuelva, algunos casos tienen procedimientos hasta de dos años. Para la síndico procuradora, una cosa queda clara: “Finalmente salimos nosotros y a la siguiente administración no le importará (darle seguimiento), se corre el riesgo de que se abandonen (estos casos)”. 
La funcionaria señala que el Congreso del Estado tampoco ha puesto mayor interés en la demanda de juicio político requerido en contra de quien fuera alcalde en la XIX administración del Ayuntamiento de Tijuana, Jorge Ramos Hernández, acusado de retener indebidamente 70 millones de pesos de cuotas que debieron pagarse al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno del Estado y Municipios de Baja California (ISSSTECALI). El 23de noviembre de 2011, el pleno del Congreso del Estado aprobó el Dictamen Número 16 de la Comisión Jurisdiccional, avalando así el juicio político en contra de Jorge Ramos Hernández, en su carácter de presidente municipal del XIX Ayuntamiento de Tijuana; proceso que tres semanas atrás había requerido el gobierno de Carlos Bustamante Anchondo. Una semana después, se instala la Comisión Instructora para instaurar el procedimiento de juicio político, presidida por Julio Felipe García Muñoz e integrada por Ricardo Magaña Mosqueda, Gregorio Carranza Hernández, Marco Antonio Vizcarra Calderón y David Jorge Lozano Pérez. Hasta la fecha el caso sigue sin resolución. Cuestionado al respecto, Julio Felipe García precisó que actualmente “se están analizando, valorando y preparando la sustanciación correspondiente de los elementos de prueba ofrecidos, tanto por la parte denunciante, como por la parte denunciada”. Y sostuvo: “En ningún momento se ha suspendido, la Comisión Instructora continúa con el seguimiento del caso”. No obstante, Enríquez de la Fuente se dice decepcionada: “Nos desilusionamos porque es mucho trabajo, muchos esfuerzo, se tienen todas las pruebas de nuestro dicho y nada, ahí están parados los temas, aunque la Consejería Jurídica les da seguimiento ante Ministerio Público, ninguno ha terminado en buen fin, mucho menos se ha devuelto el dinero”. A decir de la funcionaria, los casos han sido relegados, aun cuando están bien documentados y se ha comprobado el daño patrimonial y abuso de autoridad. “Hemos hecho todo lo que ha estado en nuestras manos, pero la justicia no es muy expedita”, lamentó Yolanda Enríquez de la Fuente. Frente común Para garantizar que los servidores públicos que incurran en irregularidades sean realmente sancionados conforme a la Ley, y que los futuros servidores públicos “sepan que son responsables de sus acciones”, se trabaja para que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo actúe con mayor prontitud. Para ello, las cinco sindicaturas de los municipios de Baja California trabajan en conjunto en la homologación al reglamento de la administración pública municipal. Primeramente, en una propuesta para cabildearla en cada municipio y, una vez aprobada, presentarla en forma conjunta ante el Congreso del Estado. La iniciativa podría estarse presentando en un mes o dos, aunque la síndico procuradora admitió que, de aprobarse, no podrá ser retroactivo para estos expedientes. Finalmente, la funcionaria local se quejó de que “tanto esfuerzo y trabajo solo terminan en notas (periodísticas)”, de ahí que, para bien de la Sindicatura y del Municipio, se da seguimiento no solo a los casos ya denunciados; también a los que se encuentran en proceso, como los de servidores públicos en activo.
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