Testimonios obtenidos y presentados, la noche del 7 de mayo de 2024, por N+Focus -unidad de investigación de Noticieros Televisa-, revelaron cómo operaba una supuesta red formada por miembros cercanos al ministro Arturo Fernando Zaldívar Lelo de Larrea -entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF)-, para presuntamente presionar a jueces y magistrados.
Según lo relató la citada cadena televisiva, el Consejo de la Judicatura Federal recibió el 9 de abril de 2024, una denuncia contra Zaldívar Lelo de Larrea y otros funcionarios judiciales, acusándolos de presionar a jueces y magistrados, para cambiar el sentido de sus resoluciones en los casos que llevaban.
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El magistrado Alberto Roldán Olvera -actual magistrado del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con sede en Naucalpan de Juárez, Estado de México- relató a dicho medio cómo, al igual que varios de sus homólogos, fue presionado entre 2020 y 2021 por Carlos Antonio Alpízar Salazar, entonces secretario General de la Presidencia del CJF,, y el magistrado Constancio Carrasco Daza -entonces titular de la Unidad para la Consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal del Consejo de la Judicatura Federal- para emitir una resolución en un amparo que, según aseguraron ambos, era una prioridad institucional para el ministro Zaldívar Lelo de Larrea.
En la actualidad, Alpízar Salazar es el titular de la Unidad de Desarrollo Democrático, de la Secretaría de Gobernación (SEGOB). El 11 de marzo de 2013, el Congreso del Estado de México lo nombró magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Mientras que Carrasco Daza se desempeñó como magistrado de la Sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), desde 2006 y como presidente de esa misma institución, entre el 13 de abril de 2015 y 4 de agosto de 2016.
El magistrado Roldán Olvera, entonces titular del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo, había recibido en septiembre del 2020 el caso de Frida Martínez Zamora, ex titular de la Secretaría General de la Policía Federal (PF), y acusada desde agosto de ese año, junto con 18 funcionarios más, por su presunta responsabilidad en un fraude de cerca de 2 mil 500 millones de pesos.
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En uno de los audios presentados por el periodista Enrique Acevedo Quintana, en el noticiero estelar de la cadena Televisa -que se transmite por el Canal 2-, en los que Alpízar Salazar hablaba sobre dicho caso, argumentando que era “trascendental” para la institución.
“No te estamos pidiendo que hagas algo indebido, jamás lo haríamos, y jamás te lo pediríamos, simplemente nosotros lo hemos estudiado, lo hemos platicado con el presidente [de la SCJN], hemos debatido esto con el presidente. Trae muy claro el tema, lo conoce muy bien; inclusive él dijo: ‘Oye, pudiera ser por acá’, o sea, honestamente, como lo está diciendo Constancio y coincide con el presidente. Entonces, no es bajar una línea, por supuesto que no, jamás lo haríamos, está muy claro el tema y que nos ayudaras un poquito a sensibilizar ese tema, de esa manera te lo pido yo encarecidamente. Es un tema trascendental para la institución”, se escuchó decir al entonces secretario General de la Presidencia del CJF, en uno de los audios.
Según la narración de Roldán Olvera, en noviembre de 2020 recibió una primera invitación para comer del magistrado Carrasco Daza, quien le indicó que tendría que ir a la oficina de Alpízar Salazar, ubicada en el piso 14 de la sede del Consejo de la Judicatura Federal, para hablar del caso de Martínez Zamora.
La primera de cinco reuniones en el piso 14 se dio el 14 de diciembre del 2020. Según lo indicó Noticieros Televisa, magistrado Roldán Olvera sabía por comentarios de otros jueces que ahí quitaban el celular antes de entrar, por lo cual, decidió llevar una grabadora oculta.
“Entonces, cuidado: échale coco, que caiga en manos de Beto [Roldán Olvera], con toda la confianza institucional, con todo el cariño, ayudarte y cuidarte, pero que nos ayudes a ver cómo le podemos hacer. Entiendo que Constancio ya más o menos te dio la línea de cómo poder hacerle”, indicó Alpízar Salazar, según otro de los audios presentados por Noticieros Televisa.
“Dependen las reformas de eso. A ese grado te lo digo, dependen de verdad muchos temas: los fondos, o sea, te lo digo de amigos y es un tema que dices tú ¿qué tiene que ver? Más de lo que nos podemos imaginar, o sea, no es un interés particular, es un interés institucional; entonces, sí, ayúdanos”, insistió el entonces secretario general de la Presidencia del CJF.
“Las presiones llegaron a tal nivel que, en días previos a la audiencia del caso, a Roldán le pidieron que diera celeridad a la resolución, aun cuando ya tenía planeadas sus vacaciones”, indicó Noticieros Televisa, en su reportaje.
“¿Quieres que nos reunamos en tus vacaciones o quieres que nos veamos después?, para yo decirle al presidente con gran seguridad y Constancio también, que el engrose estará listo. Que sí sea una audiencia que se lleve y que se conozca de fondo, lo que les puedo decir es que ya con eso tengo la plena seguridad de que va a salir el primero de febrero”, abundó Alpízar Salazar, en uno de los audios presentados por Noticieros Televisa.
“Al aplazar la resolución, las presiones hacia el magistrado Roldán se convirtieron en amenazas que mencionaban a miembros de su familia, quienes trabajaban también en el Poder Judicial […] Cada vez era más la urgencia que mostraban por saber el sentido de su decisión”, agregó el citado medio, en su reportaje.
“Y, ojalá, como se lo dije al presidente y como ya te lo dijo Constancio, no haya una sorpresa negativa; al contrario, yo creo que hay una gran disposición como amigo de sumarse en este proyecto institucional”, dijo Alpízar Salazar, en uno de los audios presentados por Noticieros Televisa.
“Te lo reitero porque sí me lo dijo [Zaldívar Lelo de Larrea]: ‘Dile muy claramente, conozco muy bien a su padre, el señor Alejandro, que ya está a punto o ya está jubilado, ¿verdad?, yo lo conozco muy bien, he tenido algunas ahí comunicaciones de él, de tu hermana que también está allá en Morelos, conozco perfectamente bien cómo son, son una gran familia, que queremos ayudarla para que salga adelante’”, enfatizó el entonces secretario general de la Presidencia del CJF.
“Tú sabes que esto es política, es distinto el negocio que la política. En la política hay trascendencias, hay consecuencias, hay muchas cosas que no se reponen con dinero sino con otras cosas; entonces, si pudiéramos saber y me das la oportunidad de que, como amigos, te lo pido yo, sé que es un tema que no estoy violando ni tocando ningún tema, te lo digo como amigo”, abundó Alpízar Salazar.
“Porque sería muy lamentable que traigamos una idea y que viniera otra y que el presidente dijera: ‘Uta, me hubieran dicho para ver políticamente qué puedo hacer’; no sé, alguna solución alterna institucional y extraoficialmente. Entonces sí nos ayudarías lo más que se pudiera saber”, indicó el entonces secretario general de la Presidencia del CJF.
“En algún momento, Alpízar baja el tono de la presión y señala que fue por nerviosismo, sobre todo porque fue un encargo del presidente de la Corte, en ese momento, Arturo Zaldívar”, explicó Noticieros Televisa, en su reportaje.
“No hay presión, sé que hubo algún momento a lo mejor que por la premura, por la necesidad, por el nerviosismo, es que cuando te encarga el presidente de la Corte, es como con el presidente de la República, entonces la necesidad de poder sacar las cosas lo mejor”, acotó el entonces secretario general de la Presidencia del CJF.
Después de reunirse con Alpízar Salazar y Carrasco Daza, por última vez en marzo de 2021, y al no resolver el caso como le pedían, Roldán Olvera fue cambiado de adscripción a Morelia, lo que entendió como un castigo. Tras su salida y en tan solo dos meses, un secretario del juzgado aceptó el amparo y negó la orden de aprehensión contra Martínez Zamora, quien hasta la fecha continuaba prófuga de la justicia.
Según lo informó el diario Reforma, el 8 de mayo de 2024, el Consejo de la Judicatura Federal giró los primeros citatorios a impartidores de justicia para que declararan respecto a las presuntas amenazas que habrían recibido de parte de operadores de Zaldívar Lelo de Larrea.
El CJF también requirió copias de algunos expedientes de amparo a órganos jurisdiccionales, cuyos titulares presumiblemente fueron coaccionados para que dictaran fallos conforme se los indicaban desde la Presidencia del CJF.
La Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas (UGIRA) del CJF envió los primeros citatorios por correos electrónicos oficiales a jueces de distrito y magistrados de circuito, para que comparecieran en el expediente J/108/2024, según confirmaron funcionarios del Poder Judicial de la Federación (PJF) al citado rotativo.
“Reforma confirmó que los primeros jueces ya comparecieron el pasado lunes en las oficinas de la Judicatura Federal, en Insurgentes Sur, y para ello se les facilitó con anticipación los permisos para ausentarse de sus centros de trabajo”, indicó el diario.
FRIDA MARTÍNEZ, OPERADORA DE OSORIO CHONG, DESVIÓ 65.1 MDD DE LA POLICÍA FEDERAL: REFORMA
Frida Martínez Zamora, ex titular de la Secretaría General de la Policía Federal (PF), desvió 65.1 millones de dólares, de un total de 133.9 mdd que estaban destinados a pagar una plataforma de inteligencia contratada en 2015 con la empresa paraestatal israelí Rafael Advanced Defense Systems (RADS), una de las mayores proveedoras de las Fuerzas Armadas de Israel.
Según el diario Reforma, que informó del hecho, el 30 de agosto de 2021, el servicio contratado por la PF mexicana fue para el “análisis, diseño e implementación de la plataforma del Sistema de Explotación de la Información de Inteligencia”, que a la fecha no es utilizado por la Guardia Nacional (GN), pero por el cual se pagaron al menos 65.5 millones de dólares, es decir, la mitad de lo acordado.
“Se trata de los sistemas Wisdom Stone, ImiLite y RecceLite que permiten obtener y analizar volúmenes masivos de datos, imágenes y videos georreferenciados para generar inteligencia accionable, incluido un módulo de reconocimiento táctico instalado en un avión que se coordina con vehículos especiales en tierra”, detalló el citado rotativo.
Martínez Zamora está prófuga de la justicia por el presunto desvío de más de mil 760 millones de pesos, pero en particular los desvíos del contrato con la empresa paraestatal israelí fueron confirmados y notificados mediante edicto por la Secretaría de la Función Pública (SFP), en un citatorio publicado el pasado 16 de agosto.
El diario abundó que en 2016 y 2017, la PF mexicana pagó un anticipo de 39.2 millones de dólares a RADS, así como cuatro facturas iniciales por 26.3 millones de dólares. “Pero Martínez nunca pagó las siguientes 16 facturas a la contratista, por 65.1 millones de dólares”.
Ello “[…] aunque el dinero ya estaba autorizado desde el 15 de septiembre de 2016, tres días después de que una delegación de 12 funcionarios de la PF regresó de un viaje de una semana a Tel Aviv, pagado por RADS”, señaló el Reforma en la nota, la principal de su edición impresa.
El mismo rotativo indicó que en 2019, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) concluyó que no hubo un análisis previo de las necesidades de la PF, con lo que la viabilidad del contrato con la paraestatal israelí RADS no fue confirmada.
Además, siempre según Reforma, la ASF identificó siete facturas, por 30.7 millones de dólares, que son por bienes y servicios que incumplen los términos del contrato, por lo que calculó un daño al erario público de al menos 807 millones.
“Los 65.1 millones de dólares mencionados por la SFP, equivalentes en 2016 a unos 975 millones de pesos, serían parte de los mil 764 millones de pesos de la partida Gastos de Seguridad Pública y Nacional, que Martínez recibió en cheques a su nombre entre 2014 y 2017, para luego desviarlos endosando los documentos a subordinados”, enfatizó el diario.
JUEZ GIRA ORDEN DE APREHENSIÓN CONTRA 19 FUNCIONARIOS DE LA EXTINTA PF
El 10 de agosto del 2020, un juez federal giró una orden de aprehensión contra 19 exfuncionarios de la extinta Policía Federal (PF), entre ellos Jesús Orta Martínez, ex titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México (SSC-CDMX), relacionados con el desvío de recursos por 2 mil 500 millones de pesos.
El juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el CEFERESO Número 1 de El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, giró las órdenes de aprehensión, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) inició una investigación contra Orta Martínez, por su probable responsabilidad en el delito de delincuencia organizada, con la finalidad de cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El caso contra el ex titular de la SSC capitalino durante el primer año de Gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, está relacionado al período durante el cual se desempeñó como secretario general de la entonces Policía Federal, entre diciembre de 2012 y mayo de 2014.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Federal interpuso una denuncia ante la FGR contra 19 exfuncionarios, entre ellos Orta Martínez, tras detectar un desvío de recursos y compras irregulares de patrullas, aeronaves y tecnología, durante la administración federal de Enrique Peña Nieto.
¿QUIÉN ES FRIDA MARTÍNEZ ZAMORA?
Además de Orta Martínez, el juez federal libró órdenes de aprehensión contra otra ex secretaria general de la Policía Federal, Frida Martínez Zamora, quien desde hace 17 años ha sido operadora del ex titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Miguel Ángel Osorio Chong.
Abogada de profesión, Martínez Zamora fungió como representante del ahora senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) ante el Instituto Electoral estatal, cuando Osorio Chong fue candidato. Ya como gobernador de Hidalgo, Martínez Zamora fue directora general de Recursos Materiales y Adquisiciones en la Oficialía Mayor.
Mientras que en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), con Osorio Chong en SEGOB, fue titular de la Unidad de Administración, Finanzas y Desarrollo Humano. En 2004, Martínez Zamora llegó a la Policía Federal, donde también controlaba el presupuesto.
Otra de las personas contra las que se libró la orden de captura fue para Carlos Hipólito Rivera Codina, quien en la actualidad se encontraba en activo en la Guardia Nacional y estaba adscrito a la Dirección de Servicios Especiales de dicha corporación.
