Importar un vehículo se ha convertido en una especie de lujo en Baja California. No solamente por las condiciones económicas en la región, que agravaron la situación de millones de personas, también por la severidad de medidas centralistas que dificultan las posibilidades de que un ciudadano promedio pueda pagar los costos del trámite fiscal. 
Tan solo en el primer cuatrimestre de 2014, los residentes fronterizos recibieron fuertes golpes a su economía, ante e incremento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 11 al 16 por ciento, provocando una reducción del 7% en los ahorros de los tijuanenses, y el aumento a 392 pesos del gasto mínimo para un hogar, de acuerdo a datos del Colegio de la Frontera Norte (COLEF). A ello habrá que sumar las medidas federales próximas a aplicarse, para quienes deseen adquirir un vehículo usado. De acuerdo a un decreto federal, ya sea a partir del 1 de septiembre de 2014 o del 1 de enero de 2015, se eliminará la opción del pedimento C2, el cual permite la importación de vehículos usados destinados a permanecer definitivamente en la franja fronteriza norte del país, la cual incluye Baja California, Baja California Sur y una región parcial de Sonora. Esto implica que aquellos vehículos modelos 2006 o anteriores, así como los de empresas de procedencia extranjera que no sean de Estados Unidos o Canadá -debido al Tratado de Libre Comercio-, deberán obtener un certificado de origen, también conocido como “certificado duro”, o de lo contrario, deberán pagar un 10% sobre el valor del vehículo, concepto adicional a los actuales de importación. “Estamos hablando de los carros Honda, Toyota, Mitsubishi, Suzuki, Hyundai, marcas ahorradoras de gasolina y, por lo tanto, las más populares entre los clientes”, explica Fernando Parra, presidente de la Unión de Asociaciones de Autos y Camiones Usados de Tijuana. Quienes poseen un carro “chocolate” en Tijuana comenzaron a organizarse cuando el Servicio de Administración Tributaria (SAT), a través de la Administración de Comercio Exterior, colocó retenes, desde el 16 de julio y hasta el 1 de agosto, para detectar aquellos vehículos de procedencia extranjera que circulaban de manera ilegal. Entre las primeras medidas, destacaron las alertas a través de redes sociales de la ubicación de estos filtros que en tres semanas, decomisaron 37 vehículos. Después vinieron las manifestaciones para exigir su retiro y, cuando éste ocurrió, la solicitud de acercamiento con las autoridades estatal y federal para disminuir los costos de importación. La misma exigencia fue hecha por la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) en Tijuana, a través de su presidente, Gilberto Leyva Camacho. Y aunque el vocero del movimiento “Ya Basta BC”, conformado por un grupo de propietarios de autos irregulares, culpó al empresario de solicitar la instalación de retenes del SAT, el empresario comentó acerca del tema: “Como comercio organizado, tenemos la obligación de exigirle a todas las autoridades que cumplan con la Ley”. Aun así, la coincidencia persiste. “Pedimos que el Gobierno Federal reconsidere su medida de fijar una tarifa de importación de precios estimados con precios más justos, para que la gente pueda cumplir con la Ley”, explica Leyva Camacho. Lotes de carros usados casi sepultados, salvación en importaciones masivas 
Antes de ser presidente de la CANACO, Gilberto Leyva presidía al grupo organizado de vendedores de autos usados en Tijuana. De ahí su interés por el tema y por pedir la regularización de miles de vehículos. En su opinión, el beneficio no sería solamente para los ciudadanos que actualmente circulan sin placas válidas ni pólizas de seguro, también para el sector formal, el cual resiente los precios altos de importación. “Hay vehículos cuyo costo de importación triplica a su valor de mercado”, ejemplifica. De 2002 a 2014, han cerrado el 80% de los lotes dedicados a la venta de carros usados. En el padrón de la CANACO, quedan apenas 116 de estos negocios. El titular del organismo vincula la “decadencia” del sector a las disposiciones oficiales. “Con importaciones tan altas, muchos compañeros prefieren saltar a la informalidad. En lugar de que el gobierno protegiera al comercio establecido, lo olvidó por completo”, comparte Guillermo Rojas, tesorero de la Unión de Asociaciones de Autos y Camiones Usados de Tijuana. El comerciante aporta más cifras: de enero a agosto de 2014, las ventas de autos usados han disminuido en un 60%. Ahora, la esperanza de estos comerciantes para revivir sus negocios es utilizar el momento después de la instalación de los retenes del SAT, en que miles de personas buscan regularizar sus carros, para atraer nuevos clientes. Según explicó el presidente de la Unión de Asociaciones de Autos y Camiones Usados de Tijuana, el sector envió una solicitud al gobierno estatal para permitirle actuar como intermediarios en la regularización de vehículos irregulares. En primer término, los comerciantes realizarían un padrón que incluya número, tipo de unidad e identificación de sus propietarios para tener un censo de autos “chocolate”. Después, esperarían la intervención del Gobierno del Estado ante la Federación para la reducción de costos de importación. “Así podríamos ofrecerles las importaciones a precios más bajos y regularizarlos”, apunta Francisco Parra. “Como grupo especializado, hemos visto esta problemática, y lo que estamos tratando es hacer la regularización antes de que se termine el periodo del pedimento C2 y deban pagar el 10 por ciento del valor del vehículo que sea 2006 o anterior, y de marcas como Honda, Toyota, Hyundai y más”, concluye. Precios incongruentes con realidad social Néstor es un joven profesionista dedicado a la administración de empresas. Hay días en que sale de la oficina después de las ocho de la noche. Este año, pagó 2 mil 200 pesos en la revalidación de su tarjeta de circulación y su póliza de seguro. Con la intención de adquirir un mejor vehículo, compró uno nuevo, pero no importado. Al cotizar precios y sumar los conceptos de impuestos estatales y póliza de seguro, se dio cuenta que tendría que pagar más de 20 mil pesos. El precio le resultó incosteable. Cuando los retenes del SAT comenzaron a preocupar a muchos automovilistas como él, decidió unirse al grupo “Ya Basta BC” para solicitar que se reduzcan los precios de importación. “La gente compra de buena fe un carro en la calle porque lo ve más barato, pero se enfrenta a esa situación, que tiene que regularizarlo y pagar. Se da cuenta de que es caro, opta por dejarlo y usarlo así (como auto “chocolate”)”, opina Guillermo Rojas, tesorero del grupo organizado de autos usados. El comerciante se enfrenta a la misma realidad. Por ejemplo, para importar un vehículo Toyota año 2009 -requisito previo para ponerlo a la venta en Tijuana-, debe pagar 9 mil pesos de importación. Fue a partir de 2008 cuando el Gobierno Federal -entonces a cargo de Felipe Calderón- incrementó el pago de los impuestos por importación de vehículos fronterizos. “Es un problema social que al final de cuentas, el gobierno estatal, a través del Gobierno Federal, tiene que solucionar mediante la regularización”, opina el empresario. Se aprovecha Policía Municipal Aunque desde el 1 de agosto finalizaron los retenes por parte de la autoridad federal, ciudadanos detectaron que filtros instalados por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) también fijaban sus esfuerzos en la detención de vehículos con plazas estadounidenses. En siete días, el grupo “Ya Basta BC” recibió a través de su página de Facebook, 50 testimonios de ciudadanos que pagaron hasta 300 pesos a policías municipales para que les permitieran seguir en tránsito. Por medio de su vocero, Octavio González, se reunieron el miércoles 13 de agosto con la directora de la Policía Municipal, Patricia, Sida para denunciar el hostigamiento y extorsión de los elementos de la corporación. Ante la falta de información sobre los hechos, ya que la mayoría de los reportantes omitieron recabar el nombre de los oficiales, número de unidad, hora y lugar del suceso, entre otros datos, la directora de la SSPM se comprometió a instruir a los oficiales a detener tal práctica. “Le expusimos que la ciudadanía tiene miedo y ella nos dijo que la Policía municipal no está tras los carros ‘chocolate’, solamente busca prevenir delitos y accidentes de tránsito”, detalló el vocero de la agrupación. Entre los planes del grupo surgido de la organización a través de redes sociales, está convocar a un Foro de Consulta Ciudadana con los tres niveles de gobierno para dialogar sobre las necesidades de la reducción de costos de importación. “Queremos regularizarnos, pagar los impuestos correspondientes y pagar placas, pero no fomentar el coyotismo empresarial”, explica Octavio González y utiliza este término para denunciar la práctica de aquellas importadoras que trabajan bajo el amparo constitucional. ¿A dónde se va el dinero? Como lo reportó ZETA en su edición 2099, hay comercializadoras que pueden evitar cumplir por lo menos uno de los requisitos para la importación de un vehículo, aunque hay amparos que suspenden todas las obligaciones legales. Por ejemplo, el decreto de importación definitiva de vehículos usados -julio 2011- y sus precios estimados, acuerdos ambientales, reglas de Comercio Exterior y el mismo valor real de la factura. Entre los beneficiados con estos amparos, están Pastor Perea Ramírez, Josefina Valencia Valencia, Gilberto García Lizárraga, Arnulfo Curiel Hermosillo, Grupo Empresarial YAMVE, Promotora Multinacional de Comercio Exterior, Grupo de Comercio Exterior Globalizado y GOGA Autos.</p> Tanto CANACO como la Unión de Asociaciones de Autos y Camiones Usados de Tijuana, han denunciado que mediante estos amparos se han importado más de 8 millones de automóviles en ocho años. “Prefieren que estas personas agarren el dinero a bajar los precios y que lo capte el gobierno”, denuncia Gilberto Leyva, presidente del organismo empresarial. Un ejemplo: la importación de un automóvil marca Accura año 2009 ante una empresa regular, se cotiza en 2 mil 400 dólares, pero si se opta por una que trabaje por medio del amparo, el precio se reduce a mil 400 dólares. De ahí el reproche de que el Gobierno Federal no acepte reducir los precios estimados en impuestos y otros conceptos que irían a parar a las arcas federales, pero prefiera que los beneficiados sean quienes importan por medio de amparo. Según un reporte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en 2012 se realizaron 379 mil 963 importaciones bajo amparo. Si bien, el Consejo de la Judicatura Federal suspendió a un juez y a su secretario de Acuerdos por denuncias de presuntas ilegalidades en el otorgamiento de estos amparos a importadoras, el sector formal espera medidas más severas contra estas prácticas que, afirman, lastiman a la mayoría de los comerciantes y benefician a un puñado de empresarios. Proponen amparo colectivo para autos “chocolate” 
También la Corriente Crítica Social, integrada por militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN) y Partido de la Revolución Democrática (PRD), anunció su apoyo a los propietarios de vehículos irregulares. A través de una convocatoria para un amparo colectivo gratuito -próxima a anunciar-, la organización política invita a los ciudadanos cuyos carros fueron retenidos por la autoridad fiscal, a buscar una alternativa para recuperar parte de su patrimonio. “Con base a recientes reportes de automovilistas, los decomisos de vehículos no solo están presentándose en los retenes que instala el Servicio de Administración Tributaria, sino que tijuanenses han sido despojados de su automóvil al estar estacionados en la vía pública”, comentó el abogado Juan Núñez García. Por su parte, el coordinador de la Corriente Crítica del PRI en Baja California, Rubén Ovando Ulloa, expuso que la intención es utilizar los beneficios de un amparo gratuito para garantizar la suspensión de los decomisos en Baja California. Su compañero de organización, Núñez García, aseguró que jueces federales en materia de amparo y los mismos jueces federales en la región, podrían conceder de forma inmediata la suspensión provisional al proceso de decomiso de un vehículo. Agregó que en los artículos 14 y 16 de la Constitución se refiere que ningún mexicano podrá “ser molestado en su persona o bienes, sin un previo procedimiento establecido según la Ley”. “Instalan un retén, se presenta la autoridad aduanera, realizan el despojo, y lo que contempla la Ley es que se tiene que regir mediante un procedimiento administrativo previo, donde la autoridad fundamente y motive el por qué el decomiso del carro, mismo que no se está cumpliendo”, consideró. Pero hasta que los gobiernos del Estado y Federal respondan a las peticiones de reducir los precios de importación de vehículos fronterizos, ciudadanos afirman que continuarán en “desobediencia” de las leyes con autos “chocolate”, al mismo tiempo que el comercio formal espera el momento propicio para recibir a nuevos clientes.
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