El 12 de marzo de 2015, directivos de la empresa Promotora Ambiental (PASA), encabezados por Fernando Kuri, informaron que debido a la suspensión de pagos por parte del Ayuntamiento de Mexicali, a cargo del alcalde Jaime Díaz Ochoa, decidieron dejar de operar el relleno sanitario y el centro de transferencia de la colonia Xochimilco, al sur de la ciudad. El representante de PASA indicó que por falta de recursos, la firma no tenía flujo de efectivo, por lo que desde las dos de la tarde de ese día, dejarían de recibir la basura por parte del Municipio, al tener un adeudo de 74 millones de pesos, de los cuales 18 millones corresponden a la anterior administración. Desde la concesionaria se afirmó que se reciben alrededor de 700 toneladas de basura por día, por lo que pedían al Ayuntamiento diálogo y alternativas, y así resolver rápidamente el problema. Justo a las dos de la tarde del jueves 12 de marzo, personal de seguridad a las órdenes de Promotora Ambiental detuvieron los vehículos propiedad del Ayuntamiento de Mexicali que se dirigían a la unidad de transferencia Xochimilco, y les impidieron descargar la basura. 
Sin información de lo que pasaba, los trabajadores municipales hicieron fila afuera de las instalaciones concesionadas a PASA, fue alrededor de las 3:00 pm que solicitaron a la Dirección de Seguridad Pública Municipal apoyar con el tráfico, ya que los camiones se amontonaban en la Calzada Héctor Terán Terán. La respuesta llegó alrededor de las 10:00 pm, cuando elementos de la DSPM irrumpieron a las instalaciones del relleno sanitario y estación de transferencia para tomar posesión e impedir el acceso a personal de PASA. El presidente municipal Jaime Díaz concedió entrevista a los medios de comunicación el viernes 13 de marzo, luego de una reunión con alcaldes panistas, ahí dijo que no detendrían la recolección de basura y que se buscaban alternativas para que el destino final no aumentara la contaminación en Mexicali. Cuestionado sobre la revocación de concesión, externó que constitucionalmente corresponde al Municipio otorgar estos servicios, además de que “se va a llegar hasta donde tengamos que llegar por el bien de los mexicalenses, este tema tan sentido no lo puede detener un proceso mercantil”. — ¿Fue un error darle la concesión?, se le preguntó. “A mí me parece…”, fue la respuesta. El mismo 13 de marzo por la tarde, el alcalde convocó de urgencia a una reunión extraordinaria de Cabildo. En la sesión se acordaron tres puntos: el primero, instruir al director de Servicios Públicos, Jesús Hernández Roa, asumir los servicios de traslado, tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos, y no interrumpir el servicio de recolección de basura. El segundo punto fue que se realicen gestiones para analizar el contrato de concesión AYTO-CTC-SP-01-2010, que contrajo el Ayuntamiento con Promotora Ambiental, a fin de que suspenda, extinga o revoque la concesión. Y por último, que Oficialía Mayor y Tesorería convoquen a una mesa de trabajo y emprendan el procedimiento legal administrativo correspondiente para recuperar los bienes municipales, con lo cual le daban la espalda a las negociaciones con PASA. La empresa respondió hasta el martes 17 de marzo. En conferencia de prensa, Manuel González Rodríguez, director del consorcio, reprobó las acciones de tomar por la fuerza las instalaciones y que ya habían iniciado el proceso jurídico para defenderse. Indicó que el Ayuntamiento se ha negado a responderles las llamadas y que no han atendido al gerente de la plaza, por lo que pidió llegar a un acuerdo con el Municipio, ya que el último pago lo recibieron a principios de marzo, apenas por 2 millones de pesos. “Que nos paguen lo que cada factura representa, podemos modificar el contenido del contrato-concesión, podemos recibir un terreno a cuenta, buscar la forma de agregar tiempo a la concesión; yo que sé, hay un sinnúmero de cosas que se pueden hacer para poder aminorar el impacto, pero para un diálogo se requieren dos”, consideró. Trabajadores afectados Al día siguiente, el 18 de marzo, representantes de la empresa, 200 trabajadores y un numeroso grupo de pepenadores a las órdenes de PASA acudieron al “Miércoles Ciudadano”, a la espera de entrevistarse con el alcalde; sin embargo, éste no salió y en su lugar prefirió encontrarse con taxistas de la liga de choferes “23 de Marzo” antes que enfrentar la multitud. Después de poco más de dos horas, se retiraron del lugar sin cumplir con el objetivo. A la misma hora, pero en conocido hotel de la ciudad, los regidores de las distintas fracciones se reunían para fijar una postura sobre el tema. En cuanto a los trabajadores, señalaron que desde la suspensión de PASA no habían podido ingresar al relleno sanitario, por lo que se vieron afectadas alrededor de 400 familias, así lo comentó el líder de Unidos Libres de Mexicali, José Guadalupe Rodríguez Duarte. “Estamos ahí sin trabajar y no nos queremos quedar afuera por el motivo de que somos un grupo separado de los otros dos grupos y nos están diciendo por amenazas de que si no se van con ellos, no van a entrar a trabajar, siendo que nosotros tenemos mucho tiempo trabajando” indicó un pepenador. Los claroscuros de PASA Al menos dos personas entrevistadas por ZETA afirmaron tener temor por atentados contra su vida de parte de Promotora Ambiental, al oponerse a sus planes y estrategias de negociación. El primero, un activista que apoyó a los pepenadores en Sinaloa, el otro, un ex funcionario municipal. 
El primero de ellos accedió a denunciar públicamente a la empresa por mantener conflicto de intereses y tráfico de influencias. Según Miguel Ángel García Leyva, representante de Cooperativa de Pepenadores “Progreso” de Culiacán, PASA ha conseguido concesiones a lo largo del país de manera sospechosa. Dijo que cuando obtuvo la concesión en la administración de Rodolfo Valdez, se habló de sobornos a funcionarios, regidores y grupos de choque para enfrentar a pepenadores y expulsarlos de los centros para tener el control total del destino final. El abogado recalcó que la estrategia la ha utilizado en Sonora, Sinaloa, Morelos, Torreón, entre otras partes del país. “Lo más grave es que esta empresa usa la violencia y el chantaje después de ver que no se logran sus objetivos, y lo hacen de una manera que se van contra todos, contra los grupos vulnerables y las propias autoridades”. Para el entrevistado, la estrategia es dejar a los ayuntamientos endeudarse y así imponer condiciones mucho más allá de las que les otorgan en la concesión, y afirmó que no cumplen con las normas ambientales, además de que por medio de la presión, buscan mejorar las condiciones en cuanto a la concesión que tienen por 20 años, e incluso implementar un impuesto especial como se ha realizado en otras ciudades. “Pretende el control total de la recolección de basura, aunado a que ha provocado un alto grado de contaminación porque no tratan la basura, está violentando leyes ambientales, el siguiente paso es un impuesto nuevo aplicable directamente al ciudadano para pagarles otra cantidad por la recolección de basura”, expuso. García Leyva recordó que en Los Mochis retiraron la concesión porque dejaba de recoger la basura, provocando un problema de contaminación e inflar los tonelajes que entraban a los centros de transferencia de desechos. Incumple normas Manuel Zamora, ex director de Ecología en la administración de Samuel Ramos y regidor en el periodo de Francisco Pérez Tejada, aseguró que no era necesario concesionar el relleno sanitario en la gestión de Rodolfo Valdez, ya que gran parte del proyecto se había concluido con recursos municipales. 
De acuerdo al ex funcionario municipal, cuando fue secretario de Protección al Ambiente, Enrique Villegas aprobó el proyecto del relleno sanitario, pero al momento de pasar a la Dirección Municipal de Mexicali, él armó la autorización para la concesión de la basura. Afirmó que en esa etapa se gastaban alrededor de 28 millones de pesos de presupuesto para el manejo de residuos, pero ahora el tema se disparó, tras la opacidad en la licitación. Zamora detalló que Francisco Pérez Tejada no quiso dar a conocer el contrato, ya que fue parchado y, por lo tanto, se desconoce qué establece actualmente. Explicó que no existe supervisión de personal del Ayuntamiento para comprobar cuantas toneladas de basura realmente entran, ya que Promotora Ambiental fija su tarifa a través del peso. Otro de los aspectos, es que el relleno fue concesionado para admitir únicamente residuos sólidos urbanos, pero la empresa metía sus residuos industriales y comerciales, incluso esto fue aceptado por el propio director. “No se sabe qué tipo de basura están metiendo a la celda, misma que para mi gusto, ya la llenaron, y uno de los acuerdos era que tenían que empezar a trabajar otra celda y no lo han hecho; ya se terminó de llenar esa celda porque entró más basura de la que el Ayuntamiento genera”, reveló el ex regidor, quien por último, dijo que PASA debió concluir el abandono del antiguo relleno ubicado en el Ejido Hipólito Rentería y reforestar el área, así como un relleno sanitario en San Felipe y la creación de dos centros de transferencia, pues “existen elementos suficientes” para retirar la concesión. PASA en el país Promotora Ambiental trabaja en 200 ciudades del país, con 26 concesiones municipales no exentas de polémica. En 2006, el consorcio ganó la licitación para la operación en Cuernavaca, Morelos, para prestar el servicio de recolección, transportación y destino final de la basura; sin embargo, en agosto de 2011, el Ayuntamiento de Cuernavaca decidió suspender el pago y la concesión por 20 años a la empresa. En 2012, PASA se amparó en Monterrey contra el entonces alcalde Manuel Martínez, quien desde campaña se opuso a la operación del nuevo relleno sanitario en Loma de Mejía, según nota de SDP Noticias fechada el 12 de febrero de 2013. La pugna entre empresa y ambientalistas de la zona terminó tras el secuestro y muerte del ayudante municipal de San Antón, quien era líder comunitario y opositor a la creación del relleno. El 27 de marzo de 2013 el diario Tabascohoy, y la reportera Concepción Alejo Díaz, documentaron que PASA incumplía la Norma Oficial porque el centro de transferencia era un tiradero a cielo abierto, además de que los vehículos en los que transportaban la basura lo hacían sin cubiertas, por lo cual los desechos quedaban regados en la cinta asfáltica. Por su parte, en su edición del 15 de marzo de 2013, El Siglo de Torreón informó que la Dirección del Medio Ambiente inició un procedimiento en contra de la empresa, al detectar diversas irregularidades, entre éstas, no contar con celdas de emergencia para depositar desechos en caso de accidentes, y no proporcionar equipo de protección a su personal; de igual manera, no contaba con depósito de agua para sofocar incendios. En tanto, en mayo de 2013, el periódico El Imparcial de Sonora retomó las declaraciones del contralor municipal de Guaymas, donde Héctor Hernández García reveló presuntas irregularidades en la recolección del servicio. En noviembre de 2011, Noticaribe divulgó que el Ayuntamiento de Playa del Carmen analizaba la posible revocación del contrato de operación del relleno sanitario, luego de irregularidades en el manejo de desechos, provocando una grave contaminación en los mantos freáticos, como denunciara en su momento el alcalde Filiberto Martínez Méndez. Por último, en octubre de 2013, el portal de noticas Zona Franca señaló que el relleno sanitario “El Verde” -concesionado a PASA- operaba de manera irregular y era verificado por la Dirección de Medio Ambiente Municipal de León, Guanajuato. El director de PASA, Fernando Kuri, reconoció que actualmente enfrentan problemas legales con los ayuntamientos de Ramos Arizpe y Cuernavaca, ya que éstos incumplieron con los contratos. No se les dejó de pagar El secretario del Ayuntamiento de Mexicali, Francisco Iribe Paniagua, aseguró que no se dejó de pagar ni un solo mes a Promotora Ambiental de la Laguna, aunque reconoció que se le daban abonos inferiores al monto mensual. Según Iribe, la deuda es de 71 millones de pesos, de los cuales 28 millones se arrastran de la administración de Francisco Pérez Tejada Padilla. “A esta empresa siempre se les han venido haciendo pagos parciales que se han reconocido, mes tras mes, ellos facturan alrededor de 6 millones de pesos, y de esos se les venían haciendo pagos de 2.5 millones ya acordado por ambas partes; se han hecho infinidad de reuniones, de las cuales hay minutas levantadas con los nombres de quienes vinieron y los acuerdos que se tomaron”, argumentó el funcionario. El atraso se debe a la problemática financiera que sufre el Ayuntamiento, pero aun así, para 2015 se calendarizó un plan de pagos por 27.5 millones de pesos, de los cuales se les han pagado 5 millones 330 mil pesos en enero y febrero, no así en marzo, ya que PASA no presentó la factura.
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