Guillermo Trejo Dozal, el ex secretario de Gobierno con Francisco Vega de Lamadrid, había permanecido en calidad de prófugo y con un trámite de amparo de la justicia, desde aquella primera semana de abril de 2014, hasta el miércoles 18 de marzo, cuando fue detenido. Después de mantenerse oculto, evidentemente en Mexicali, el doctor Trejo analizó la opción de cruzar hacia los Estados Unidos. Lo hizo. O por lo menos lo intentó. El miércoles 18 de marzo, pasadas las cinco de la tarde, se encaminó en su auto hacia la garita en Mexicali. Debidamente documentado -y aprobado- por las autoridades de los Estados Unidos, portaba su visa de turista y su tarjeta Sentri para el cruce ágil. Cuando sus datos fueron introducidos en el sistema de los Estados Unidos por el oficial de migración norteamericano, apareció la alerta de búsqueda para su aprehensión que la Interpol (Policía Internacional) inscribió a partir de una solicitud del Gobierno de la República Mexicana. Ahí acabó la libertad de Guillermo Trejo Dozal, buscado por delitos fiscales, cuya orden de aprehensión fue generada por el Juzgado Sexto de Distrito a petición expresa del Ministerio Público de la Federación en respuesta a una investigación ordenada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que preside el priista Luis Videgaray Caso. Detenido por las autoridades de los Estados Unidos, el doctor Trejo, oftalmólogo de profesión, permaneció en las instalaciones precautorias de la garita de Calexico hasta las once de la noche del miércoles. Poco antes, agentes de la Policía Federal destacados en la delegación de la Procuraduría General de la República en Tijuana habían recibido la orden desde la Ciudad de México de acudir a la recepción del detenido y trasladarlo, ya en su jurisdicción, primero a las oficinas de la PGR y después a la Penitenciaría de Mexicali. El traslado a México El sonido de las sirenas de un pick-up blanco doble cabina y dos camionetas, se apagó al llegar a la zona federal. Cruzaron la zona aduanal y se fueron hasta el fondo, al módulo del Instituto Nacional de Migración, a la parte pegada a la garita mexicana -el retorno de Calexico a Mexicali-, donde diariamente expulsan a los deportados de Estados Unidos. Eran las 11:22 pm del miércoles 18 de marzo cuando agentes estadounidenses entregaron a los federales mexicanos -adscritos a la Interpol- al doctor Guillermo Trejo Dozal, quien hasta abril de 2014 fungió como secretario general de Gobierno en la administración que encabeza el panista Francisco Vega de Lamadrid. Agentes del Servicio de Administración Tributaria (SAT) destacados en la zona, militares y guardias de seguridad resguardaron la escena, lo que impidió que periodistas pudieran acercarse hasta el módulo. 
Trejo Dozal fue director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Gobierno y Municipio del Estado de Baja California (ISSSTECALI) en el gobierno panista encabezado por Ernesto Ruffo, en el que también estuvo al frente del área de Desarrollo Social; en 2004 participó como candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a la alcaldía de Mexicali. En diciembre de 2013 se sumó al gabinete de Vega de la Madrid como secretario general de Gobierno, el segundo puesto en importancia en la administración estatal. Pero la noche del miércoles 18 de marzo, no eran su séquito de empleados gubernamentales quienes lo rodeaban, sino media docena de agentes federales que lo llevaron en custodia. El medico oftalmólogo vestía pants deportivos negros, una chamarra deportiva de color oscuro colocada sobre una camisera azul, tenis Nike y cargaba una foja de documentos. El convoy de vehículos cruzó rápidamente la zona aduanal y enfiló hacia el Oriente de Mexicali, hasta las instalaciones de la PGR ubicadas en la confluencia de Bulevar Benito Juárez y Calle Novena. Los vehículos cruzaron frente a Plaza Nuevo Mexicali, viraron en “U” y entraron por la puerta lateral al patio trasero del edificio que alberga las instalaciones de la Subprocuraduría Mexicali de la PGR. Eran cerca de las 11:55 pm cuando el detenido bajó del auto oficial rodeado de los agentes para ingresar las instalaciones de la dependencia y, media hora después, el mismo grupo salió, pero en dirección al Centro de Readaptación Social (CERESO) de Mexicali, donde el ex funcionario estatal fue ingresado minutos antes de la una de la mañana del jueves 19 de marzo. Los delitos del doctor El ex funcionario del gobierno de Kiko Vega es acusado por delitos fiscales a raíz de una investigación generada desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, bajo la presunción de actividad ilícita en operaciones activas de seguros, sin contar con el permiso necesario. 
Trejo Dozal y un grupo de profesionistas cachanillas crearon la empresa Latino Servicios de Salud -o Latin Health Services</em>-, encargada de la promoción y venta de los llamados seguros médicos, y a raíz de la investigación federal, el caso fue turnado a la PGR. En enero de 2014, un juez federal giró órdenes de aprehensión contra cuatro de los involucrados en la empresa, entre ellos el entonces titular de la Secretaría General de Gobierno. En noviembre de 2014, un Juzgado federal otorgó un amparo al ex funcionario, quien desde abril de ese año dejó el cargo y se le consideraba prófugo de la justicia mexicana, presumiéndose que todo este lapso estuvo en San Diego, California; premisa errónea, toda vez que fue detenido cuando precisamente, intentaba cruzar la frontera hacia los Estados Unidos. Suspensiones y amparo ineficaz A pesar de que a Guillermo Trejo Dozal le fue concedida la suspensión provisional (protección efímera en tanto el juez se entera del asunto) de la orden de captura en el juicio de amparo 113/2014 y posteriormente se le otorgó la suspensión definitiva (protección que prevalece hasta en tanto se dicte la sentencia del juicio de garantías), éstas dejan de surtir efecto cuando se trata de delitos graves. Por lo anterior, el secretario general de Gobierno con licencia tuvo que permanecer escondido durante varios meses hasta ser detenido el miércoles, al cruzar a Estados Unidos, pues el delito que le imputan, es considerado grave por el Artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, y no tiene derecho a la libertad bajo caución. Tampoco salvó al funcionario el hecho de que el 31 de octubre de 2014, el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California le haya concedido el amparo para efectos repositorios de procedimiento, al estimarse que el juez de la causa no se pronunció debidamente sobre el pliego consignatorio del Ministerio Público federal. El amparo otorgado no quedó firme, debido a que el fiscal adscrito al Juzgado protector interpuso el recurso de revisión para que el asunto sea estudiado por un Tribunal Colegiado con residencia en Mexicali. El propio Trejo Dozal se adhirió a la impugnación sobre la protección que le fue concedida, ya que esperaba un amparo liso y llano, y no para reposición de procedimiento. El recurso de revisión fue remitido el 12 de enero del año en curso al Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, donde se declaró su admisión el día 29 del mismo mes y se le registró con el número de expediente 82/2015. El 4 de marzo se turnó el caso a la ponencia de la magistrada Isabel Iliana Reyes Muñiz, para formular el proyecto de sentencia. Debido al cúmulo de trabajo y gracias a que los magistrados pueden solicitar el auxilio de otros tribunales creados ex profeso para ello por el Consejo de la Judicatura de la Federación, el expediente de revisión fue enviado temporalmente el 9 de marzo al Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, para que dicte la sentencia. Por el momento se desconoce el cariz que vaya a tomar el amparo y su revisión, pues ahora el acto reclamado -la orden de aprehensión y su ejecución- es un acto consumado, por lo que los errores detectados en el juzgador de la causa al momento de dictar el mandamiento de captura, podrían ser combatidos en apelación o mediante un nuevo juicio de garantías. El proceso La mañana del jueves 19 de marzo, el ex funcionario estatal acudió ante el Juzgado Sexto Penal para rendir su declaración preparatoria. Lo llevaron junto con otros reos y, tras la rejilla, se notaba un semblante serio, desencajado. Al parecer ya vestía el uniforme del CERESO, camiseta blanca y pants gris. Sus abogados solicitaron una ampliación del término constitucional por 144 horas, el cual vence el miércoles 25 de marzo, alrededor de las 11:30 pm. Ahí el juez deberá resolver si opta por un auto de formal prisión, o por el auto de libertad. De acuerdo a datos extraoficiales, la prueba sustancial a favor de Trejo Dozal seguiría siendo el examen pericial que ya obra en el expediente del Juzgado VI de Distrito. En el recurso que se resolvió en el Juzgado I de Distrito, se ofreció una pericial de un especialista, Pedro Vázquez -autorizado por la Comisión Nacional de Seguros-, quien revisó técnicamente la situación, resumiendo que “esa actividad no era ilícita, que no cabía dentro del supuesto del delito”, lo que fue fundamental para que la juez resolviera que en la actividad realizada no había dolo, por lo que resolvió otorgar el amparo. Otro delos argumentos fue en el sentido de que los señalados hicieron hincapié en que en esta región, Latino Servicios de Salud no es la única empresa que se dedica a ofertar seguros de gastos médicos a empresas, y a su vez, lo otorgan como una prestación a sus trabajadores. Ante el amparo, el Ministerio Público federal entró en revisión del documento y presentó un recurso de revisión ante el Primer Tribunal Unitario en Mexicali, pero por exceso de trabajo, el expediente fue turnado a una instancia similar en Jalisco. Por lo pronto, Guillermo Trejo Dozal tendrá que pasar toda esta semana en la cárcel y, sobre la posible fianza -en caso de un auto de formal prisión-, un abogado comentó que deberá pasar al menos un mes más para poder solicitarla, de acuerdo a las modificaciones a la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas aprobadas en abril del año pasado. Lo exhibe la PGR Al día siguiente de la aprehensión, la PGR envió a los medios de comunicación, la foto de la ficha de investigación del doctor Guillermo Trejo Dozal. Se le ve serio, parado frente al parámetro de estatura y no viendo a la cámara que le toma la fotografía. Arriba de la imagen, los logos de la Procuraduría y de la Presidencia de la República, después el título de “Probable Responsable”, el nombre completo del indiciado y, otra vez sobre un fondo rojo, los logotipos de PGR, Presidencia y la Agencia de Investigación Criminal, creada en el presente sexenio. 
Llama la atención la forma en que, contrario a su política de no proporcionar información de casos en proceso, la PGR haya boletinado la fotografía de la ficha del doctor Trejo, incluso con la leyenda “Presunto Responsable”. Con este cambio en la estrategia de comunicación de la Procuraduría General de la República, al doctor Trejo le dieron el mismo trato que a narcotraficantes perseguidos por años, como Joaquín “El Chapo” Guzmán, Servando Martínez “La Tuta” y recientemente, Omar Treviño Morales “El Z-42”, que de hecho emplazó a la PGR por la difusión de su imagen y su nombre, perdiendo el amparo. Es de resaltar que la exhibición del ex funcionario del gobierno panista contrasta con la discrecionalidad con que la misma institución, la PGR, trató a Jorge Hank Rhon cuando fue presunto responsable del delito de acopio de armas y cartuchos, además de posesión de armas de uso exclusivo del Ejército y Fuerzas Armadas. “Mi opinión personal es que fue un buen secretario de Gobierno, fue el primero que hizo vínculos con los diferentes partidos políticos, había una relación importante con él; yo lo único que puedo decir es que seguramente el doctor Trejo es un hombre que tenía una profesión limpia, lamenta mucho haberse acercado a Acción Nacional, nada más. No quisiera opinar más, seguramente es lamentable para él haber hecho vínculos con Acción Nacional”, afirmó Nancy Sánchez, dirigente del PRI en Baja California.
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