Pide Cespe a CEA sancionar o rescindir contrato de la planta desalinizadora

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Destacados Miércoles, 6 Junio, 2018 11:55 AM

“Es una situación incómoda que ya ha llegado en el caso de nosotros a un grado fuerte de molestia porque consideramos que las posibles explicaciones que nos puedan dar los ejecutivos de la empresa, ya para nosotros son inaceptables”, declaró el director de la paraestatal, Carlos Loyola.

 

 

 

ENSENADA.- La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (Cespe) ha pedido a la Comisión Estatal del Agua revisar el contrato con la empresa Aguas de Ensenada, constructora de la planta desalinizadora, con el fin de que le imponga sanciones o hasta rescinda el contrato.

Lo anterior debido a un retraso más en la operación de la planta que aportará 250 litros por segundo en una primera etapa, lo que viene a complicar el abastecimiento en esta temporada de calor.

Al ensenadense lo que le interesa es recibir agua y el responsable del abastecimiento es la CESPE, sin embargo, hasta hoy el organismo operador no ha sido informado de una nueva fecha para poner en operación la planta, relató el ingeniero Carlos Loyola Peterson.

“Es una situación incómoda que ya ha llegado en el caso de nosotros a un grado fuerte de molestia porque consideramos que las posibles explicaciones que nos puedan dar los ejecutivos de la empresa, ya para nosotros son inaceptables, ya no hay, desde el punto de vista de la Cespe, razón que valga”, reclamó.

Explicó que el contrato fue firmado entre la empresa Aguas de Ensenada y la Comisión Estatal del Agua.

Lo que hemos estado insistiendo a la CEA es que si ya llegó el momento de tomar un curso diferente,  que pasen el contrato a los abogados, que empiecen a ver las sanciones o inclusive la rescisión, insistió.

Sí existen cláusulas en las que se establecen sanciones económicas, comentó, lo que en la CEA nos dicen es que el procedimiento normal es terminar el proyecto, luego viene el cierre financiero del proyecto y ahí es donde se analizarán los costos, retrasos y sanciones a las que se hayan hecho acreedores los inversionistas españoles.

 

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