El sabotaje de una comunidad yaqui al gasoducto Guaymas-El Oro, ubicado entre Sonora y Sinaloa, impide que este opere en su totalidad, lo cual ha representado, de septiembre de 2017 a mayo pasado, un costo de 235.8 millones de dólares para la Comisión Federal de Electricidad (CFE), empresa paraestatal, que cubre tanto los cargos por operación al transportista, como por utilizar combustóleo en lugar de gas natural en sus plantas de Mazatlán y Topolobampo, por lo que la cifra se incrementa día con día.
“Cálculos realizados por los afectados, con base en las tarifas de transporte aprobadas por la CRE a IEnova -empresa propietaria y que opera el gasoducto-, el costo por cada uno de esos 273 días que el ducto no ha operado, ha sido de 863 mil 773 dólares”, indicó el diario Reforma, que informó del hecho este jueves.
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Según el rotativo, el cargo por servicio en base firme para el gasoducto Guaymas-El Oro es de 5.8123 pesos por millón de BTU, es decir 0.290615 dólares a tipo de cambio actual, tal como consta en el boletín electrónico que publica IEnova en su página.
Si se multiplica este cargo por la capacidad del ducto, que es de 770 mil millones de BTU, el costo diario por capacidad pagada es de 223 mil 773 dólares, indicó el medio. El resto del pago, aproximadamente 640 mil dólares diarios que realiza la CFE, corresponde a los costos por operar las plantas mencionadas con combustóleo, que es más caro que el gas.
El gas natural que entra en Sásabe, únicamente llega hasta Guaymas y de ahí al sur del la entidad, por lo que ni la CFE ni industriales tienen acceso al energético. Sin embargo, la CFE no es la única afectada, señaló el diario, ya que también la industria de Sonora, que se ubica en municipios como Ciudad Obregón, y la de Sinaloa, se han quedado sin acceso al hidrocarburo.
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El gasoducto Guaymas-El Oro, que es una de las inversiones privadas anunciadas a partir de la reforma energética, no ha podido operar desde agosto del año pasado, recordó Reforma, ya que en ese mismo mes personal de IEnova, encontró tubería expuesta, y en octubre, detectaron que una parte del ducto fue desenterrada.
El mismo rotativo recordó a través de un amparo, miembros de la comunidad de Loma de Bácum rechazaron el proyecto, ello a pesar de que siete de las ocho comunidades lo aprobaron en una consulta indígena. Según el medio, entre las empresas afectadas están Gamesa, Sabritas, Purina, Molinos Azteca, Cervecería Cuauhtémoc y Aceite Oléico, compañías que ya contaban con contratos para el suministro de gas natural.
En otra nota anterior, el Reforma informó que a cuatro años de la reforma energética, los nuevos gasoductos en México arrastran un retraso de 400 días, según estimaciones de S&P Global Platts, entre ellos el ramal de Tula, en Hidalgo; además del Tuxpan-Tula y el Tula-Villa de Reyes.
