Las organizaciones sociales Pueblo Sin Fronteras, Al Otro Lado y Diversidad Sin Fronteras, acusaron -el día 30 de mayo- de negligencia médica a las autoridades de inmigración de Estados Unidos, por la muerte de Roxana Hernández, migrante de 33 años de edad, originaria de Honduras y miembro de la comunidad LGBTI, quien falleció el pasado viernes 25 de mayo, en un centro de detención migratorio en Cibola, Nuevo México.
Roxana fue una de las mil 300 personas que el pasado 25 de marzo -del presente año- emprendieron un viaje desde Tapachula, Chiapas, recorriendo gran parte del territorio mexicano, como parte de la Caravana de Refugiados 2018, organizada por la asociación Pueblo Sin Fronteras, con el apoyo de Diversidad Sin Fronteras.
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Ella había salido huyendo previamente de su país con destino a México, debido al estigma y situación de vulnerabilidad en la que vivía como mujer transexual en su lugar de origen; sin embargo, en territorio mexicano también vivió actos de discriminación y violencia, y para salvar su propia vida e integridad, se unió a la caravana y viajó más de tres mil kilómetros a través del territorio mexicano a pie, en tren y en autobús hasta llegar a Tijuana, el día 24 de abril, donde permaneció varios días a las afueras de la garita de El Chaparral a expensas de poder entregarse para solicitar asilo en Estados Unidos.
De acuerdo con información proporcionada por las organizaciones, la mañana del 9 de mayo, Roxana ingresó a Estados Unidos por la garita de San Ysidro, en donde fue procesada y retenida durante cinco días en las celdas conocidas como la “nevera”, por las temperaturas extremadamente bajas que le caracterizan, en donde acusan que sufrió frío, falta de alimentación y atención médica, lo cual la llevó a que su cuerpo se deteriora rápidamente debido a que se le agravó la enfermedad de VIH de la que era portadora.
Posteriormente fue transferida a la prisión de inmigrantes en Cíbola, Nuevo México, en donde las autoridades de inmigración del país vecino finalmente “reconocieron, a pesar de haber estado bajo custodia del gobierno durante más de una semana”, que necesitaba atención médica y fue hasta el día 17 de mayo que la llevaron al Lovelace Medical Center, en donde finalmente falleció el día 25 de mayo.
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A partir de la información, las tres asociaciones civiles acusan que “Roxy -como también era conocida- murió por negligencia médica por parte de las autoridades de inmigración de Estados Unidos… Roxy murió en el país donde había buscado comenzar una nueva vida. Murió por ser una mujer transgénero, una migrante que no fue tratada ni con respeto, ni con dignidad”, por lo que exigieron justicia a las autoridades estadunidenses.
Shalene R. Thomas, oficial de supervisión de la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), informó a ZETA que el compromiso de esta institución es la seguridad y salud de las personas que se encuentran bajo su custodia y explicó que efectivamente, el día 9 de mayo, los oficiales de CBP detuvieron a Jeffrey Hernández (nombre real de Roxana) en la garita de San Ysidro, donde determinaron que ella no tenía carácter para entrar legalmente a Estados Unidos, por lo tanto se le había determinado un proceso para su deportación inmediata.
Resaltó también que durante el tiempo que Hernández estuvo bajo custodia del CBP, recibió una evaluación médica de un centro médico local y externo, quien determinó que se encontraba en posibilidades de viajar y permanecer detenido, antes de ser transferido el día 13 de mayo a las Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), en donde quedó finalmente bajo su custodia.
