En su décima sesión extraordinaria, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de Petróleos Mexicanos (Pemex) reservó por tres años la información de las negociaciones para otorgar a la constructora brasileña Odebrecht un contrato por mil 811 millones de pesos para el proyecto de aprovechamiento de residuales en la Refinería Miguel Hidalgo, en Tula, Hidalgo.
El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de la Empresa Productiva del Estado resolvió que, a partir del 15 de marzo de 2018, la información del acta de adjudicación a Odebrecht del 18 de diciembre de 2013 será reservada hasta el año 2021.
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La empresa brasileña aceptó que pagó sobornos en México por 10.5 millones de dólares, al ex director de la Empresa Produtiva del Estado, Emilio Lozoya Austin, para obtener contratos de Pemex, tal como lo afirmaron su directivo en México, Luis Alberto de Meneses Weyll, y su director de finanzas, Gleiber José de Faria.
Según los testimonios de ex directivos de Odebrecht, dichos ante la Procuraduría de Brasil, el ex director de Pemex, recibió sobornos por al menos de 10 millones de dólares para asignarle la obra de la Refinería de Tula, Hidalgo, y supuestamente trianguló 5.5 mdd a la campaña presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en el 2012, lo que el ex funcionario ha negado.
“Se detallaron los motivos de la contratación y el total de funcionarios involucrados para otorgar a Odebrecht el acondicionamiento del sitio, movimiento de tierras y conformación de plataformas para el proyecto de aprovechamiento de residuales en la Refinería Miguel Hidalgo, que, mediante convenios modificatorios, se elevó a 2 mil 315 millones de pesos”, informó el diario Reforma.
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El medio solicitó a la petrolera mexicana la información Vía Transparencia de la copia del acta de la sesión 12/2013; de fecha 18 de diciembre, del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios.
“El mencionado documento tiene relación con la carpeta de investigación que llevan a cabo la [Procuraduría General de la República [PGR] y la Secretaría de la Función Pública [SFP], razón por la cual de proporcionarse dicho instrumento causaría un serio perjuicio al curso de las investigaciones realizadas por el [Ministerio Público] MP y la Función Pública, contenidas en la carpeta de investigación que a la fecha se encuentra en trámite”, resolvió el Comité de Transparencia de Pemex.
“El contrato otorgado a Odebrecht derivó de un procedimiento de adjudicación directa y se negoció desde el 6 de agosto de 2013 en la sesión ordinaria número 16, en la que la Subdirección de Proyectos de Pemex Refinación presentó el Proyecto ‘Incremento de Capacidad de Refinación con Aprovechamiento de Residuales’ ante el Comité de Estrategia e Inversiones de Pemex Refinación”, señaló Reforma.
La Secretaría de la Función Pública (SFP) del Gobierno Federal, aseguró ayer lunes que la constructora brasileña Odebrecht se negó a confesar los supuestos sobornos que hizo en México, con lo que hubiera conseguido el beneficio de la reducción de sanciones.
La SFP negó, además, que la empresa brasileña tenga “compromiso y disposición de seguir colaborando con las autoridades mexicanas”, ya que no presentó elementos de prueba que permitieran acreditar su confesión o colaboración.
Asimismo, la contraloría del Gobierno Federal detalló que, en marzo de 2017, la constructora propiedad de Norberto Odebrecht, le presentó un escrito en el que manifestó su intención de colaborar con las autoridades, a efecto de esclarecer los hechos y obtener el beneficio de la reducción de sanciones.
Ante ello, la SFP aseguró que solicitó a Odebrecht presentara y precisara los requisitos legales de su cooperación, así como su confesión de responsabilidad y que aportara elementos de prueba.
Sin embargo, indicó la Función Pública, en abril de 2017 la constructora brasileña solo presentó un escrito “sin aportar elementos de prueba que permitieran acreditar su confesión o colaboración respecto de hechos constitutivos de alguna infracción concreta”.
La Función Pública le notificó en junio de 2017 que no era procedente su petición de reducción de sanciones, “en virtud de no haber aportado los elementos de prueba suficientes para acreditar la infracción […] por lo que dejó a salvo sus derechos para el momento en que fuera su decisión presentar las pruebas requeridas”.
Posteriormente Odebrecht interpuso un juicio de amparo, mismo que fue declarado improcedente por un juez federal, “quien en sus consideraciones determinó que la empresa solamente había manifestado su intención de colaborar, sin aportar elementos suficientes que permitieran acreditar la confesión de hechos constitutivos de una infracción”.
Ayer lunes, también, una unidad mexicana de la brasileña Odebrecht informó que buscará impugnar las sanciones que le impuso la semana pasada el Gobierno de México, debido a que las considera infundadas e improcedentes.
A través de un comunicado, la firma brasileña expuso que dichas sanciones administrativas son totalmente “infundadas e improcedentes”; además de que “violan los derechos fundamentales y tergiversan los hechos de los contratos celebrados entre Odebrecht México y Pemex Transformación Industrial”.
El Gobierno mexicano prohibió a las diversas dependencias y entidades de la administración pública celebrar contratos con dos unidades de Odebrecht, mismas a las que inhabilitó temporalmente y multó por más de mil millones de pesos, junto con dos de sus representantes legales.
