La Secretaría de Salud de Baja California regresó a la federación, en el año 2017, un recurso por seis millones de pesos del Fondo de Protección para Gastos Catastróficos del Seguro Popular, para tratamientos contra el virus de la hepatitis C (VHC), a pesar de que Baja California es la entidad con mayor cantidad de casos en el país, con una prevalencia del 2 por ciento.
De acuerdo al Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), en 2017 se corroboró que más de 60 mil personas en Baja California, son portadoras del virus; ese mismo año, el Seguro Popular diagnosticó 497 nuevos casos en la entidad, lo que convierte este padecimiento “en un problema grave de salud pública en el Estado”, reconoció la directora de Servicios de Salud en Baja California, Elba Cornejo Arminio.
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No obstante, dijo que el recurso canalizado el año pasado por la federación para atender la hepatitis, no se gastó porque solo pudieron localizar a cuatro de los tres mil 500 pacientes diagnosticados de 2010 a 2017, y que fueron calificados para el tratamiento.
Cornejo Arminio argumentó que hasta febrero pasado, solo los portadores de VHC con daño hepático avanzado y de entre 20 y 50 de edad, podían recibir tratamiento en el sector salud; por lo que las posibilidades de localizar a casos con esas características eran limitadas.
La versión de la funcionaria fue desmentida por la directora del Grupo Unidos por una Vida Mejor, paciente con VHC y promotora de la detección temprana del padecimiento, Miriam Castellot Canto, y quien trabaja en coordinación con las autoridades de salud, señaló que el año pasado tenían un listado de al menos 100 personas en espera del tratamiento, las cuales no fueron atendidas.
Puntualizó que el acceso a los medicamentos es muy complicado y no parece haber recurso suficiente para todos los diagnosticados. “Una cosa es que entren al cuadro básico y otra cosa es que ya tenga acceso el paciente. Hasta ahorita, eso ha sido muy lento”, expuso.
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Las pruebas, el registro en una plataforma digital, la espera a ser elegido para tratamiento y desplazarse de cualquiera de los municipios a la capital del Estado -donde se provee el tratamiento-, es un proceso que desgasta los pacientes y representa el reto más importante en la atención de este padecimiento.
Castellot Canto dijo esperar que con la implementación del Protocolo de Microeliminación de la Hepatitis C, iniciado tras la acreditación, en 2017, del Hospital General de Mexicali para otorgar el tratamiento, se implementen estrategias de búsqueda y localización de pacientes diagnosticados.
Al respecto, Elba Cornejo Arminio, informó contar con personal específicamente abocado a la tarea de hacer llamadas telefónicas y visitar domicilios, aunque dijo no ha tenido mucho éxito.
También realizan un tamizaje en grupos de riesgo, en centros de rehabilitación de consumidores de drogas intravenosas, trabajadoras sexuales, hospitales y centros de readaptación social. Aseguró que a todos los que resulten positivos, se les “perfilará” una batería de pruebas de carga viral, genotipo y evaluación del daño del hígado para determinar el tipo de tratamiento que requiere cada caso y asignarle el medicamento.
Este año, asegura Cornejo Arminio, han invertido cuatro millones 139 mil 761 pesos en 24 tratamientos de tres frascos de antivirales de acción directa.
