Según el ‘Índice de Riesgos de Corrupción: El sistema mexicano de contrataciones públicas’, elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), hubo un cambio de empresas ganadoras de contratos o licitaciones pública entre el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa y en el de Enrique Peña Nieto.
En su estudio, el IMCO aseguró que de las 73 principales empresas que durante el 2016 se llevaron el 32 por ciento del gasto público, en 2012, durante el último año de la administración de Felipe Calderón, esas mismas compañías sólo obtuvieron el 1.7 por ciento.
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En contraste, señaló el IMCO, de las 73 compañías que en 2012 fueron las beneficiarias con el 29 por ciento del gasto público ejercido, en 2016, ya con Enrique Peña Nieto, únicamente consiguieron el 1.6 por ciento.
El director anticorrupción del Instituto, Max Kaiser Aranda, recordó que, al inicio de la actual administración, el Ejecutivo pretendía desaparecer la Secretaría de la Función Pública (SFP) y permitió que los responsables de cada Secretaría o entidad pública designaran a sus propios contralores, lo que probablemente debilitó la fiscalización de los Órganos Internos de Control (OIC), dijo.
“Por lo tanto, a la hora de empezar a hacer las contrataciones, dicen ‘bueno, no importa si lo contrato a empresas que están sancionadas, y tampoco importa si lo hago a empresas que no tienen RFC [Registro Federal de Contribuyentes], y tampoco importa si lo hago a empresas que no han cumplido en contratos anteriores, tampoco importa si lo hago con empresas con las que hay conflicto de interés, porque nadie me está fiscalizando”, señaló Kaiser Aranda.
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En todo el Gobierno Federal existen mil 537 unidades compradoras y, de ellas, 500 fueron catalogadas como de alto riesgo a la corrupción. Por otra parte, durante la actual administración 7 de cada 10 contratos firmados con los mil principales proveedores del Gobierno de la República se asignaron mediante adjudicación directa, es decir, sin que existiera competencia entre los proveedores.
Los contratos asignados por adjudicación directa significan el 31 por ciento de los 2.3 billones de pesos que se contrataron de 2012 a 2016, indicó el análisis del IMCO, que analizó 700 mil procedimientos de contratación, que están contenidos en la plataforma de Compranet.
Aunque la adjudicación directa está contemplada en la ley, su utilización debería ser excepcional, pues está acotada a la existencia de ciertas circunstancias, por ejemplo, que el proveedor sea el dueño de la patente o que existan razones de seguridad nacional.
“El que 71 por ciento de los contratos sea por adjudicación directa me dice que todas las dependencias abusan del término excepción y lo usan ya como una regla”, indicó Max Kaiser. En la revisión de los contratos de 2012 a 2016 se encontraron tres variables que alertan de riesgos de corrupción: falta de competencia, de transparencia y la existencia de anomalías diversas.
El IMCO también encontró que casi la mitad de los 2.3 billones de pesos gastados se hizo bajo un riesgo de corrupción alto, y las dependencias que más gastan bajo este precepto son: la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA).
Le siguen la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Prospera, Liconsa, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
