Renta ilegal de alumbrado costará 564 mdp

Foto: Enrique Botello
 
Edición Impresa Lunes, 26 Marzo, 2018 12:00 PM

En la revisión de la Cuenta Pública 2015 por parte del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California, se establece que el XXI Ayuntamiento debió solicitar la autorización del Congreso del Estado, por tratarse de un convenio plurianual al abarcar un periodo de vigencia de diez años, con lo cual adquirió obligaciones que van más allá de su periodo de gobierno 

La revisión de la Cuenta Pública 2015 del gobierno municipal de Ensenada por parte del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) del Estado de Baja California concluye que el XXI Ayuntamiento, encabezado por Gilberto Hirata Chico, firmó de manera ilegal un contrato de arrendamiento del alumbrado público y, además, su costo será de 564 millones de pesos, muy por encima del ahorro presumido en su momento.

Este contrato de arrendamiento firmado con la empresa regiomontana Celsol, SAPI de CV por un periodo de diez años, que incluye la colocación de 25 mil lámparas led en el municipio, sigue igual y vigente con el actual Ayuntamiento presidido por el empresario hotelero de extracción priista Marco Antonio Novelo Osuna, a pesar de que públicamente se anunció en repetidas ocasiones la revisión de las condiciones.

Según el documento intitulado “Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta Pública Anual del H. Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, por el Ejercicio Fiscal 2015”, bajo número de oficio DE/OP40/2016, con fecha 20 de septiembre de 2016 y firmado por el auditor superior Carlos Padilla, se violentaron la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California, además de la Ley de Deuda Pública del Estado de Baja California y sus Municipios.

El 5 de febrero de 2015, el Cabildo aprobó por unanimidad de votos, en sesión extraordinaria, el lanzamiento de la licitación pública internacional 001-2015 para el suministro e instalación de lámparas led e inducción magnética para alumbrado público, a fin de sustituir y modernizar la totalidad de luminarias del sistema de alumbrado público actualmente instalado en Ensenada, bajo la figura jurídica de arrendamiento, con vigencia de diez años.

El acta de fallo se firmó con fecha 23 de marzo de 2015, para poner en marcha el Proyecto de Modernización del Alumbrado Público para el Municipio de Ensenada, Baja California.

Las rentas, según se desprende del numeral 9 del contrato firmado el 15 de abril de 2015 -expone el Orfis-, se cubrirán inicialmente con los ahorros generados con la reducción del consumo de energía eléctrica, al utilizarse nuevas tecnologías, “a fin de dar mayor certeza al cumplimiento de las obligaciones contraídas por el municipio en el presente contrato, utilizar como fuente de pago y garantía del Arrendamiento los remanentes que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) deba entregar a el municipio derivado del cobro del Impuesto de Alumbrado Público (IAP) que realiza por cuenta y orden del municipio, después de restar el consumo del alumbrado público”.

En su declaración II, numeral 4, el Municipio manifiesta que “… no existe impedimento legal alguno para la suscripción del presente contrato por el plazo de diez (10) años, toda vez que existen los fundamentos legales necesarios para ello…”

Adicionalmente, en dicha sesión se aprobó el Dictamen 086/2014, donde se autorizó la afectación de los ingresos derivados de los remanentes del Impuesto de Alumbrado Público (IAP) para ser utilizados como fuente de pago y garantía de la contraprestación que se pactarán en el contrato de arrendamiento, así como la constitución de un fideicomiso de administración y fuente de pago, continúa la exposición del Orfis.

Como parte de la observación número 21 de la cuenta pública, el auditor precisa: “… el monto de las rentas por los 10 años de la vigencia de dicho contrato de renta asciende a $564.6 millones de pesos”.

 

LO QUE DICE EL ORFIS, LO QUE ESTABLECE LA LEY

Previo a la celebración del contrato de arrendamiento para el proyecto de modernización de alumbrado público, el Ayuntamiento debió solicitar la autorización del Congreso del Estado de Baja California, en virtud de tratarse de un convenio plurianual al abarcar un periodo de vigencia de 10 años, con lo cual obviamente adquirió obligaciones que trascienden y van más allá de su periodo de gestión constitucional, revela la revisión de la cuenta pública.

También se requiere la aprobación del Congreso, “… ya que para afectar ingresos derivados de contribuciones, productos y aprovechamientos aun cuando sean aprobados por su cabildo, es necesario que la asamblea legislativa lo autorice, de tal forma que en el caso al celebrarse un contrato plurianual cuyos efectos jurídicos consistente en establecer obligaciones que trascienden el periodo de su gestión constitucional, se requiere forzosamente dicha intervención y autorización”.

El Ayuntamiento incumplió con lo establecido en la fracción VII y penúltimo párrafo del Artículo 73 de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California, y de los artículos 5 fracciones III y V, y 11, fracción VI inciso c) de la Ley de Deuda Pública del Estado de Baja California y sus Municipios:

Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California

ARTÍCULO 73.- Los sujetos de la presente Ley podrán celebrar contratos plurianuales, siempre que:

VII. Se solicite y obtenga autorización del Congreso del Estado; y

Quienes realicen los contratos plurianuales a que se refiere este Artículo, deberán informar al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California y a sus respectivos Órganos de Control, sobre la celebración de los mismos dentro de los 15 días posteriores a su formalización.

Ley de Deuda Pública del Estado de Baja California y sus Municipios.

ARTÍCULO 5.- Los sujetos de la presente Ley no podrán:

III.- Otorgar garantías de pago y/o avales sin contar con la previa autorización del Congreso del Estado a que se refieren las fracciones VI y VII del Artículo 11 de la presente Ley;

V.- Celebrar operaciones de financiamiento que constituyan Deuda Pública con posterioridad a la fecha establecida como límite en la autorización correspondiente.

VI.- Reconocer y autorizar al Gobierno del Estado y a los Ayuntamientos, según sea el caso, para que afecten en garantía y/o como fuente de pago, mediante fideicomiso o cualquier otro mecanismo jurídico que se requiera:

  1. c) Cualquier otro ingreso derivado de contribuciones, productos y aprovechamientos, estatales o municipales.

 

NO ES DEUDA PÚBLICA: ASESOR JURÍDICO DE SECRETARÍA GENERAL

ZETA solicitó a la Dirección de Comunicación Social entrevistas con funcionarios del Departamento Jurídico del Ayuntamiento, así como de Secretaría General, pero hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta.

También se pidió una entrevista con la directora de Infraestructura y Servicios Públicos, Rosa Sánchez Martínez, pero la petición tampoco fue atendida.

Se buscó de manera directa al secretario del Ayuntamiento, Iván Barbosa Ochoa, quien en la pasada administración fue síndico procurador; remitió con Gaby Negrete, asesora jurídica de la dependencia.

Negrete aseguró que la observación del Orfis está basada en que se trata de deuda pública y aplica la Ley en la materia, pero para el Ayuntamiento no es tal porque el contrato de arrendamiento no encuadra.

“Pareciera que el contrato encuadra, porque la ley dice que se deberá solicitar permiso al Congreso cuando se afecten impuestos, contribuciones, pero nos vamos al objeto y no aplica”, justificó.

¿El Ayuntamiento respondió la observación del Orfis?, planteó este Semanario.

“Desconozco si se hizo de manera oficial, pero ya han pasado tres años y sigue siendo vigente el contrato”.

Lo que sí confirmó la funcionaria, es que ya están instaladas todas las luminarias y la empresa regiomontana está cobrando las mensualidades a través del fideicomiso creado.

 

SE AVENTARON EL TIRO DIRECTO:  EX DIPUTADO ARMANDO REYES

Armando Reyes Ledesma, ex diputado en la XXI Legislatura, recordó que en su momento “se aventaron el tiro directo los regidores y el propio alcalde” al no contar con la anuencia del Congreso para firmar el contrato de arrendamiento con Celsol.

En el trienio de Enrique Pelayo (2010-2013), el Cabildo también aprobó la concesión del alumbrado público, pero el alcalde no siguió el proceso porque sabía que incurriría en responsabilidades.

En el caso de la pasada administración, dijo, es obvio que hay observaciones del Orfis en el contrato de arrendamiento, “en su momento como diputado lo señalé; ahora habrá que ver hasta dónde se finca responsabilidad”.

ZETA buscó la opinión de la Sindicatura Municipal, sin embargo, no hubo respuesta.

 

SERVICIOS PÚBLICOS NO HA PRESENTADO PLAN DE TRABAJO

El 30 de enero de 2018, el Cabildo aprobó un punto de acuerdo presentado por el regidor Teodoro Araiza, de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), en el que se estableció un plazo de 30 días naturales para que la Dirección de Infraestructura y Servicios Públicos presentara un plan de trabajo y una ruta de acción para resolver el problema de la falta de alumbrado público en diversas zonas de la ciudad.

“La inconformidad de la ciudadanía es creciente, el Ayuntamiento debe dar atención a la falta del servicio de alumbrado público”, mencionó el regidor en aquella ocasión, dado el mal servicio que se estaba prestando con las nuevas luminarias.

Al respecto, la regidora Norma Silva, coordinadora de la Comisión de Obras y Servicios Públicos, informó que hasta el momento Servicios Públicos no ha presentado el plan de trabajo, a pesar de que ya transcurrieron los 30 días.

“Oficialmente no sabemos el monto del contrato, pero el anterior director de Servicios Públicos, Salvador González, mostraba mucha preocupación con este tema del contrato y las condiciones del mismo”, reveló Silva.

Si bien las deficiencias en las luminarias led ya son mínimas, en varias zonas de Ensenada se sigue sufriendo por la inseguridad, “tema que nos ocupa y preocupa”, agregó la representante del Partido Nueva Alianza.

 

ROBO PROVOCA OSCURIDAD EN LAS CALLES

En enero pasado, el subdirector de Servicios Públicos, José de la Luz Valdez, uno de los operadores de este arrendamiento en la anterior administración, declaró ante el Foro Ensenada que el robo de cableado del sistema de alumbrado público es la causa de las calles oscuras en la noche, y no tanto la descompostura del sistema.

Aseguró que 5 mil metros lineales de cable habían sido robados, en especial en colonias como Villas, Pórticos, Morelos, y fraccionamientos de la periferia. En la calle Primera y zona turística desparecieron alrededor de 200 metros de cable.

Luego de instalarse la mayoría de las lámparas led, también se dijo que el parpadeo de las mismas obedecía al voltaje del cableado, lo cual le correspondía reparar al Ayuntamiento, ya que las lámparas como tal, funcionaban bien.

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