Será 2018 el año de inflación y desempleo para BC

Foto: Demián Chávez/Cuartoscuro.com
 
Edición Impresa Lunes, 1 Enero, 2018 12:00 PM

Dólar podría llegar a 19.80 pesos en casas de cambio, advierten especialistas a ZETA. La renegociación del TLC, la reforma fiscal de EUA y el aumento en el precio de las gasolinas, presionan a la inflación. La Inversión Extranjera Directa podría disminuir hasta 20 mil millones de dólares en el país

En noviembre de este año, la inflación en el Estado se colocó en 7.24%, por lo que Baja California ocupó el tercer puesto con el indicador más elevado entre las entidades de la frontera norte de México.

En Tijuana, el aumento de los precios de los productos se ubicó en 8.10%, en el mismo lapso, cifra superior a la reportada en mismo mes de 2016, que fue de 4.47% y la segunda más alta desde febrero de 2009. Mientras que la inflación en Mexicali llegó a 6.38% en el onceavo mes de 2017, por encima del 3.57% registrado en noviembre del año anterior.

Para la primera quincena de este diciembre, ambas ciudades reportaron una inflación superior a la media nacional (0.44%). En Tijuana, los precios de los productos crecieron 0.93%; y en Mexicali, 0.60%, respecto a la primera quincena inmediata anterior.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en estas dos urbes, los productos que más se encarecieron fueron el gas doméstico LP, la gasolina de bajo octanaje y el transporte público.

Respecto a esta tendencia, Carlos Leos Martínez, presidente de Centros Cambiarios Asociados de Tijuana (Cca), pronosticó que la inflación en el Estado seguirá aumentando y podría llegar a 9% en 2018, debido a que la depreciación del peso frente al dólar es un factor importante para que la inflación continúe de manera descontrolada.

Además anticipó que el dólar podría cotizarse hasta en 19.80 pesos en centros cambiarios de Tijuana durante el primer semestre del próximo año, lo que repercutirá en el bienestar económico de las familias.

“Un dólar más caro es igual a menos capacidad adquisitiva, más pobreza y desempleo, ya que casi 70 por ciento de lo que se consume en la entidad es de origen estadounidense y como consecuencia, su valor está atado a los vaivenes de la paridad; de modo que, el impacto en Tijuana es dos veces mayor a lo que sucede en el resto de la República”, apuntó.

Lo anterior se agrava con el aumento en las tarifas gubernamentales, como el impuesto al predial, así como en otros servicios, agregó.

 

Desempleo y pobreza

Paralelamente, datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo indican que en Baja California, la tasa de desocupación en noviembre de este año fue de 3.1% de la Población Económicamente Activa (Pea), porcentaje superior al 2.5% reportado en el mismo periodo de 2016.

Así, en la entidad hay dos mil 620 desempleados más, al pasar de 48 mil 112 personas desocupadas en el segundo trimestre a 50 mil 732 en el tercer trimestre de 2017.

Además, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) indicó que al tercer trimestre de este año se incrementó a 27.1% de la población cuyo ingreso laboral es menor al valor de la canasta alimentaria. Por lo que, desde el tercer trimestre de 2016 al mismo lapso de 2017, se redujo 8.3% la capacidad de compra del ingreso laboral.

Pese a ello, el gobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid, presumió en días pasados que durante su administración, 185 mil bajacalifornianos han salido de la pobreza y 65 mil personas abandonaron la pobreza extrema.

 

Inversiones a la baja

Otro rubro que también ha disminuido y se prevé siga esa tendencia es la Inversión Extranjera Directa (IED), derivado de la reforma fiscal de Estados Unidos, comentó Roberto Valero, presidente del Centro de Estudios Económicos de Baja California, quien detalló que durante los últimos cuatro años, la IED ha tenido un freno de 12%.

Indicó que Baja California y Chihuahua serán los estados que tendrán mayores afectaciones por la reforma tributaria estadounidense. En el caso de Baja California, se podría dejar de percibir alrededor de 500 millones de dólares de inversión nueva y ampliaciones durante una primera etapa que iniciaría una vez que la ley fiscal se haya puesto en marcha.

Lo anterior se agravará o disminuirá conforme a las medidas que tome la autoridad fiscal federal mexicana, puntualizó el economista y añadió que a nivel nacional, la afectación podría rondar los 20 mil millones de dólares. Cantidad que incluiría menores ingresos para el gobierno por impuestos y la pérdida de inversiones.

 

Reforma fiscal de EU y TLC presionan al peso

La mayor reforma fiscal estadounidense, desde 1986, aprobada por el Congreso de ese país y publicada por el presidente Donald Trump, el 22 de diciembre, ha presionado más al peso mexicano, de por sí resentido por la incertidumbre generada por las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan).

Para Valero, la respuesta de México ha sido lenta y soberbia, ya que “tenemos una enorme e histórica dependencia con Estados Unidos. El principal flujo de turistas y de inversionistas viene de ese país, y hacia allá mandamos nuestros productos”.

Ante la posibilidad de que la reforma fiscal sea la antesala de la salida de EUA del Tlcan, el especialista dijo que México podría entrar en recesión al disminuir 2% su Producto Interno Bruto (Pib), según pronósticos conservadores. Además de que se perderían al menos un millón de empleos, sobre todo en el sector manufacturero.

“En caso de que en marzo, las negociaciones del Tlcan se compliquen mucho, el pronóstico es que el dólar llegará a 24 pesos y haya una recesión económica. Esto se va a complicar más por el proceso electoral. Sin ser catastrofistas, se espera un primer semestre de 2018 muy complicado”, añadió.

En su oportunidad, Carlos Leos Martínez comentó que la reforma fiscal ha tenido un impacto más fuerte y más rápido del que se había estimado, debido a que entrará en vigor a partir de enero de 2018 y no hasta 2019, como se había pensado, con lo que el precio del dólar podría alcanzar los 21 pesos en ventanillas bancarias.

Foto: Tomada de Internet

Coincidió con Valero en que el proceso electoral es otro factor importante que provocará incertidumbre en el mercado financiero.

Consideró que la reforma financiera estadounidense da ventaja al precandidato del partido del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, respecto a los otros contendientes presidenciales, “sobre todo frente al precandidato del partido en el poder, José Antonio Meade, a quien cada vez le va a costar más trabajo remontar ante un dólar más caro y la falta de maniobra del gobierno federal”.

Si bien, hay 40% de posibilidades de que el presidente Trump cumpla su promesa y pida la cancelación del Tratado, el congreso estadounidense vetaría dicha decisión, con lo que al menos pasarían seis meses para que se hiciera efectiva, indicó al prever que el Tlcan permanecerá.

Asimismo, dijo que el primer semestre será de mucha turbulencia económica derivado de “la incertidumbre de quién ocupará la silla presidencial y si dará continuidad con la política económica que ha llevado el Presidente Enrique Peña Nieto”.

Por otro lado, estimó que el crecimiento económico del país estará en línea con el pronóstico del banco JP Morgan, que será de 2.2% del Pib en 2018, cifra similar a la registrada en 2017, de 2.1%, como consecuencia de un consumo interno menos fuerte, afectado por la pérdida de poder adquisitivo de la población.

De acuerdo con la institución financiera, dicha estimación podría revisarse a la baja ante la incertidumbre de la renegociación del Tlcan y el resultado de las elecciones presidenciales.

Esta misma perspectiva comparte Eliseo Díaz González, profesor investigador de El Colegio de la Frontera Norte (El Colef), quien comentó que la economía mexicana crecerá alrededor del 2% como lo ha pronosticado Banxico (entre 1.29% y 2.5% del Pib), el Fondo Monetario Internacional (2.1% y 2.2% del Pib) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) de 2.2% del Pib.

Ante los efectos nocivos de la reforma de Trump, Adolfo Solís Farías, abogado fiscalista señaló que “México perderá competitividad porque no está haciendo nada en el rubro de deducciones, exenciones, aminoraciones y beneficios que potencialicen los factores de la producción. Va a perder competitividad porque no está haciendo nada, porque necesita hacer ajustes a su gasto público y no lo está haciendo”.

Desde su perspectiva, la autoridad fiscal tendría que impulsar las deducciones, exenciones, reducciones, minoraciones y hasta condonaciones con las que se potencializará la creación de empleos, infraestructura y las inversiones, todo esto para que se produzca riqueza.

 

Encarecimiento desbordado por aumento de gasolinas

Además de la depreciación de la moneda mexicana, el incremento en el precio de las gasolinas que se dio a principios de 2017, ocasionó que la inflación en México se descontrolara.

Se había subestimado la consecuencia del aumento de los precios de los combustibles, las autoridades financieras hicieron una conclusión muy optimista de que el incremento en las gasolinas tendría repercusión una vez y no se presentaría efecto inflacionario, pero eso no fue lo que está pasando, puntualizó Díaz González.

“Aunque el Banxico ha pronosticado que la inflación volverá al 3% en el último trimestre de 2018, abriendo un largo periodo de casi un año, de una lenta disminución de las presiones inflacionarias; yo creo que la inflación podría ubicarse en 5%, por debajo de lo registrado este año”, estimó.

Díaz González agregó que está costando mucho trabajo la normalización de los precios y eso ha tenido efectos en las tasas de interés, las cuales tienen efectos en el consumo y en la producción

Durante la última reunión de la Junta de Gobierno del banco central, y primera encabezada por Alejandro Díaz de León, se tomó la decisión de subir 25 puntos base, la tasa de referencia, para ubicarse en 7.25%.

Medida que estuvo acorde al anuncio de la Reserva Federal de Estados Unidos que aumentó la tasa de interés para ubicarla en un rango de entre 1.25% y 1.50%, y provoca encarecimiento en el crédito tanto para las tarjetas de crédito, como para préstamos de mediano y largo plazo, lo que afectaría las metas de crecimiento económico.

Sobre la posibilidad de que el precio de las gasolinas aumenté 20% al inicio de 2018, como lo había advertido la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros (Amegas) y rechazó Hacienda, Díaz González consideró que el gobierno mantendrá estable el precio.

“Es posible que la fórmula, en la que incide mucho el tipo de cambio, llegara a tender al alza en el precio de la gasolina, pero el gobierno todavía tiene elementos para poder moderar o mantener estable ese precio al menos hasta antes del 1 de julio de 2018. El gobierno no permitirá un incremento brusco en el precio de las gasolinas en un año electoral porque sería adelantar la derrota del partido oficial”.

En su oportunidad, Mario Escobedo Carignan, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) Tijuana, estimó que el precio de la gasolina tenderá a subir y solo a partir de que los inversionistas tengan la certeza en materia de infraestructura, es que se puede pensar que ésta se abarate.

“El tema de la liberación de las gasolinas es un tema complejo, primero porque nos vendieron la reforma energética como una que daría resultados rápido o nos dejaron pensar que así sería, pero los países que la han implementado tardan hasta 30 años en beneficiarse de ello”, acotó.

Después, dijo, porque el gobierno mexicano tiene una participación de 40% de la gasolina irrenunciable y, por otro lado, toda la infraestructura con la que se transportan los energéticos es propiedad del Gobierno Mexicano, misma que renta y eleva el costo para los nuevos competidores.

 


 

Sube 9.35% costo de canasta básica

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), que agrupa y analiza la variación de precios de los 283 productos y servicios de consumo regular entre las familias mexicanas, acumuló hasta noviembre de 2017, una inflación de 6.63%, mientras que la canasta básica, como subconjunto del índice y que comprende principalmente alimentos, elevó sus precios en un 9.35% en el mismo periodo.

La compra de 12 productos de la canasta básica en cadenas de supermercados con presencia en Tijuana, en específico de Soriana, Calimax y El Florido, oscila entre los 306 a 327 pesos. Siendo que el salario mínimo general establecido para 2018 será de 88.36 pesos, el trabajador que perciba esta cantidad, necesitaría trabajar alrededor de tres días y medio para adquirir estos productos, eso si destina la totalidad de sus ingresos a este fin.

A finales de 2016, ZETA realizó este mismo ejercicio, recabándose entonces los precios exhibidos en Comercial Mexicana (adquirida este año por Soriana) y no en El Florido, con los mismos productos y en las mismas presentaciones, alcanzando un gasto aproximado de 284 a 366 pesos, lo que muestra un incremento de 22 pesos en el total mínimo. El precio promedio entre las tres opciones en 2016 fue de 303.90 pesos, y en 2017, de 317.90 pesos, lo que representa un aumento del 4.6%.

Según el presidente del Colegio de Economistas de Baja California, Domingo Reyes, la tendencia inflacionaria, tanto en los productos del índice como de la canasta básica, se mantendrá mientras no se logre un equilibrio en la paridad peso-dólar y no se disminuyan los precios de los energéticos.

Ramos explicó que el principal catalizador de la inflación ha sido la liberación de los precios de combustibles, ya que al no existir las condiciones para que empresas extranjeras compitan en igualdad de condiciones, no se dará la reducción de precios pretendida con la reforma energética.

Se abrió el mercado, pero no se crearon condiciones para la libertad del mismo, detalló, como lo es crear certidumbre en la distribución de la gasolina, afectada por el robo de la misma por parte de los llamados “huachicoleros”; la cuestión de que los ductos y gasoductos sean propiedad de Petróleos Mexicanos (Pemex) y estos sean arrendados a otras empresas, así como la imposibilidad de que éstas puedan producir y almacenar en el país, siendo que actualmente venden el producto que adquieren de Pemex con aditivos propios, por lo que la competencia se ha centrado en el servicio que ofrecen a los consumidores y no a la oferta de precios más bajos.

Puntualizó que la gasolina, diésel y gas LP son materia prima básica para la producción y distribución de otros productos, por lo que es lógico que si el Índice Nacional de Precios al Productor (INPP) registra una inflación acumulada del 5.82%, dicho incremento será pagado por el consumidor.

Esto afecta en mayor medida a Baja California, puesto que la entidad tiene una escasa participación en el sector primario de producción, es decir, el agropecuario, por lo que la gran mayoría de los productos alimentarios que se consumen en la región son importados desde el interior del país o desde Estados Unidos, por lo que resiente el costo de traslado y la depreciación del peso frente al dólar, lo que podría empeorar con la especulación en torno a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y las elecciones presidenciales que el próximo año tendrá México.

Cuestionado sobre la conveniencia de que el Estado Mexicano ejerza un mayor control sobre los precios de los productos de la canasta básica, Reyes argumentó que estos ya existen, como lo son la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), sin embargo, estos no han sido eficientes en su tarea ni llegarán a serlo por la política económica de libre mercado, de la cual, uno de los riesgos cuando no existen las condiciones para la implementación de la oferta y la demanda (como sucede con la gasolina) es la inflación. Héctor Daniel Ortiz Ramírez/ZETA

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