Los narcotraficantes amenazan solamente para asustar. Es como la costumbre teatral: “…primera llamada, primera llamada”. Una advertencia. Con eso le entra la temblorina a cualquiera. Pero cuando se les antoja matar no avisan. Nada más ordenan. De tarugos agarran el teléfono para enterar al futuro difunto. Menos lo encaran. Eso sí: Traman muy bien la ejecución. Las formas son tan conocidas hasta la costumbre: Rociada con ametralladora al vehículo de la víctima. O se le arriman para descerrajarle uno o varios tiros. De preferencia en el cráneo. Otros directos al pecho. Escogen: Saliendo de su casa u oficina o yendo de una a otra. Siempre hora y lugar inesperados. Todo eso cambia cuando se trata de enemigos o traidores. Primero secuestro. Luego gran tortura. Para saber cuanto quieren. O nada más para que sus camaradas vean cómo lo dejaron. No pueden perdonarle la vida. Ya los vio. Por eso expiran ahorcados o a punta de golpes. También el tiro de gracia. Y como remate tiran el cadáver en despoblado, alguna calle poco frecuentada o hasta basureros.
Ejecutan policías, funcionarios, jueces o particulares cuando el narco se siente despreciado o traicionado. Más si rechazaron dinero ofrecido por protección-disimulo. O si lo reciben y no corresponden. Antes los desasosiegan. Mandan a cualquier mafiosillo para espantar. Siempre agazapados en la cobardía anónima. Acostumbraban telefonear. Se identificaban con otro nombre. Así el buscado contestaba. Entonces le soltaban un “te vas a morir”. Infaltable rayamadreada y a colgar. Ya casi no lo hacen. Les estorba el identificador de llamadas. Y las cartas aun con letra garabateada a propósito son como anzuelo para pez. Por huellas, fecha, sello y lugar de envío. Ahora sueltan el rumor. Utilizan policías que pasan la advertencia. El mensaje llega a su destino: “Supe por allí que Fulano está muy enojado con Usted. Cuídese”.
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Leí y oí: Ocho jueces están amenazados. Lo dijo la Magistrado y Consejera de la Judicatura, Licenciada Elvia Díaz de León. Identificó el origen: Crimen organizado. Utilizan abogados “y otras personas cercanas a los delincuentes”. Así lo publicó El Universal. Página 13. Viernes 26 de agosto. Con todo eso me imagino: Amedrentan porque quieren sentencias favorables. Así presionan. Pero si los señores jueces lo están haciendo público es porque alguien les llamó y lo conocen. De ser así tienen los instrumentos en la mano: Deben emprenderla legalmente contra los abogados y “otras personas cercanas a los delincuentes”. También El Universal refirió: Los cárteles Arellano Félix y del Golfo financian a los licenciados para amenazar jueces y magistrados. Pues más fácil. Benjamín y Francisco Rafael Arellano Félix tienen docenas de abogados registrados en los tribunales y penales. También Osiel Cárdenas Guillén. Son conocidos de cada juzgador. Entonces no hay mucho por batallar. A localizarlos y procesarlos. Si los jueces tienen razón el narco no matará aunque haya amenazado. Pero si le dieron esperanza a uno o varios abogados, malo. Aunque no hayan recibido dinero. También hay la maldad de los licenciados. Dicen a sus clientes tener arreglo con el juez y por eso amenazan. Y entonces sea cual sea la sentencia, después vendrá la tragedia.
Muchos mafiosos se emberrinchan con los periodistas. No les gusta ver publicada la verdad. A unos los amenazan para asustarlos y lo consiguen. Y otros, si no hacen caso les ponen “en contrato”. Es cuando ofrecen una cantidad para matar. No importa quien lo haga. Así provocan que cualquiera busque la recompensa. En Hermosillo al reportero Alfredo Jiménez de El Imparcial no le amenazaron. Primero se dio cuenta: Un par de perversos andaban cerca y les sacó la vuelta. Pero luego fue traicionado. Atendió el llamado de un informante. Fue una trampa. Supongo que al llegar no lo mataron. Debieron secuestrarlo. “Levantón” como se conoce esta acción mafiosa. Tal vez siguieron la costumbre. Llevarlo a cierto lugar para torturarlo. “Casas de seguridad” les dicen. Allí lo medio mataron o terminaron con su vida. Me extraña mucho que la policía no haya localizado al famoso informante que lo engañó. Tampoco su número telefónico. Debe estar en los registros de la compañía. Con los confidentes sucede normalmente. Buscan al reportero. Se comunican telefónicamente. Y si es policía entonces pide cita. Eso sucede cuando los agentes andan sirviéndole a mafiosos y utilizando al reportero.
Consulté casi todos los últimos días a un alto funcionario de la Procuraduría General de la República. El viernes me confirmó: Alfredo Jiménez está muerto. A mi pregunta de cómo y quién fue me respondió con “hay pendientes varias investigaciones”. Él quería tener un anuncio oficial para este martes. Sabedor que periodistas firman la “Declaración de Hermosillo”. También le pregunté por las tres hipótesis sobre el fin de Alfredo: Enterrado al sur de Sonora por Álamos. Quemado en la norteña Agua Prieta. O deshecho en acido allí mismo o cerca. Su respuesta fue clara: “No lo tengo contundente”. Insistí: ¿Enterrado? “No”. ¿Deshecho en ácido? “No”. ¿Quemado? “Tal vez. Tal vez. Pero nada contundente todavía”.
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El de Alfredo no es el único crimen sin aclarar. Hay más. Para mí lo triste son dos realidades: Primero, la falta de solidaridad entre nosotros. Importa más el logotipo del periódico o el sentir de los dueños que la vida de un periodista. Hemos llegado al punto de interesarnos mucho por la noticia del asesinato. Y menos por unirnos, investigar y aclarar. O desentendernos porque la víctima era competidor. Hace tiempo descubrimos en ZETA que un fulano no era el asesino de mi compañero Francisco J. Ortiz Franco. Lo publicamos después de otros periódicos y televisoras asegurar lo contrario. Terminamos en sordo enfrentamiento. Por eso la SIP, Reporteros sin Fronteras de Francia o Comité de Protección a los Periodistas de Nueva York tienen tanta autoridad moral en México como se las da su seria solidaridad. Y segundo: Tomando como pretexto los asesinatos de periodistas la burocracia crece y disminuye su efectividad. Ahora a la PGR le dio por nombrar fiscales especiales en cada Estado. Nada más “…para atender las denuncias contra la libertad de expresión”. Pura enredadera. Al contrario. Ataques y crímenes deben tipificarse definitivamente como delito federal. No andar a medias con “fiscales especiales”. Ni siquiera están reglamentados. Hay casos pendientes donde el móvil es sospechosamente no periodístico. Los compañeros que fueron del victimado dicen que lo mataron por escribir. Y en otras redacciones sostienen lo contrario. Igual sucede cuando un personaje o gobernante está mezclado en los asesinatos. Por más reclamo periodístico, las procuradurías locales no les tocan. Hacen cuanto pueden para evitar la atracción federal. Por eso muchos casos fueron zambullidos en el olvido. Están pendientes desde hace 50 años. De seguir así, lo mismo pasará con jueces amenazados y periodistas asesinados. Pura bulla.
Escrito tomado de la colección Dobleplana de Jesús Blancornelas, publicado por última vez en marzo de 2008.
