En obras de infraestructura, asistencia social, saneamiento de las finanzas, educación y salud, el Gobierno del Estado y los cinco ayuntamientos registraron casi 2 mil millones de pesos en subejercicios y recursos mal ejercidos. Según la revisión de la Auditoría Superior de la Federación a la cuenta pública 2015, tan solo en Seguro Popular se dejaron de ejercer mil 56 millones de pesos
En el manejo de recursos federales asignados para 2015, el gobierno de Baja California y los cinco ayuntamientos recibieron, pero no ejercieron, mil 664 millones de pesos, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
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De estos recursos no utilizados, los dos principales corresponden a 276 millones de pesos repartidos en ocho fondos y mil 56 millones de pesos en subsidios al Seguro Popular.
A esta cantidad, se suman otros 296 millones 300 mil pesos en recuperaciones detectadas por personal de la ASF en el proceso de revisión a la cuenta pública 2015.
Durante las auditorías, apenas 26 millones de pesos fueron localizados y reintegrados a las arcas públicas. Sin embargo, quedan 270 millones 300 mil pesos pendientes y se categorizan como “recuperaciones probables”.
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La suma de subejercicios y recuperaciones llega a mil 960 millones 700 mil pesos que el Gobierno Federal transfirió al Estado, pero que no se tradujo en beneficios para los bajacalifornianos.
Con esta cantidad se puede financiar a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado durante un año -de acuerdo al Presupuesto de Egresos Estatal 2017- y sobrarían 24 millones 339 mil pesos. O bien, alcanzaría para operar dos secretarías de Infraestructura y Desarrollo Urbano siguiendo el presupuesto estatal de este año.
Un año con pocas revisiones
2015 se trataba del segundo año de gobierno de los entonces alcaldes Jorge Astiazarán en Tijuana, Jaime Díaz en Mexicali, Gilberto Hirata en Ensenada, César Moreno en Tecate y Silvano Abarca en Playas de Rosarito, así como del gobernador Francisco Vega de Lamadrid.
Según informes de la ASF, ese año, el Gobierno Federal transfirió 43 mil 405 millones de pesos al Estado de Baja California, de los cuales 17 mil millones de pesos correspondieron a participaciones federales y 26 mil millones a transferencias condicionadas o gasto federalizado programable, estas últimas distribuidas en 83 fondos y programas.
De este universo, se tomó una muestra de 21 mil 236 millones de pesos y de esto, se auditaron 18 mil 825 millones de pesos, es decir, el 71.9 por ciento del monto total transferido a Baja California mediante el gasto federalizado programable.
Según explicó la ASF a ZETA, no se revisan la totalidad de los fondos, sino aquellos elegidos con base en criterios establecidos en la Normativa Institucional de la ASF, porque se consideran elementos como la importancia, pertinencia y factibilidad de su realización.
Al revisar el histórico de auditorías practicadas al Estado, 2015 es uno de los años con menor número de fondos revisados. Se realizaron 17 auditorías, la mitad de las ejecutadas en 2014.
De esa cifra, diez correspondieron al ejercicio de fondos por parte del gobierno estatal y siete a los municipios.
Ya que la ASF firmó un convenio con el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California (ORFIS), así como lo hizo en el resto de las entidades, solamente tres auditorías se practicaron directamente por el organismo federal y 14 fueron realizadas en conjunto con el ORFIS. Durante estas revisiones, el titular del Órgano fue Manuel Montenegro Espinoza, quien en agosto de 2016 renunció y quedó como encargado el entonces subdirector, Carlos Padilla Villavicencio.
“Kiko”, con más observaciones
Los mil 960 millones de pesos en subejercicios y recuperaciones en Baja California detectados por la ASF, representan el 3% del monto total observado con irregularidades en todo el país durante 2015.
De esa cantidad, el 88.2%, mil 728 millones de pesos, corresponden a revisiones realizadas al gobierno de Francisco “Kiko” Vega y apenas 220 millones de pesos a los gobiernos municipales.
Gilberto Hirata, Jaime Diaz, Jorge Astiezaran, Cesar Moreno, Silvano Abarca
En específico, el 55.3% del monto observado corresponde al Seguro Popular, seguido del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (6.9%) y el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo.
Respecto a los fondos destinados al Seguro Popular, la ASF auditó mil 215 millones, de acuerdo con sus registros. De éstos, mil 56 millones de pesos no fueron ejercidos, lo que representa el 93%.
El ahora diputado Carlos Torres fungía entonces como director del Seguro Popular en Baja California. Sin embargo, de esa cantidad de fondos, el órgano fiscalizador no determinó que hubiera recuperaciones probables para las arcas públicas.
Las recuperaciones totales en el ejercicio de recursos en todo el Estado, que llegan a los 296 millones 300 mil pesos, se distribuyen de la siguiente manera:
* 120 millones de recursos ejercidos que no cumplen con los objetivos de cada fondo.
* 113 millones de pesos en transferencia de recursos a otras cuentas bancarias.
* 59 millones por ejercicio de los recursos (8 millones corresponden a bienes adquiridos que no fueron localizados o no operan, así como servicios no realizados).
* 2 millones 600 mil pesos por recursos no devengados, sin ser integrados a la Tesorería de la Federación.
Estas irregularidades quedaron constadas en 85 observaciones, las cuales generaron 93 acciones, distribuidas en 18 recomendaciones, una promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, 42 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y 32 pliegos de observaciones.
¿A dónde se fue el dinero?
A partir de los informes detallados de la ASF, ZETA hizo una recopilación de las principales observaciones dirigidos a los entes fiscalizados, así como de las obras públicas que se proyectaron realizar con dichos fondos.
En 2015, el Gobierno Federal transfirió mil 129 millones de pesos al de Baja California, a través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF). Éste tiene como destino el saneamiento de los recursos y realizar proyectos de infraestructura. De acuerdo con documentos de la Secretaría de Planeación y Finanzas, los recursos fueron divididos en 108 acciones a realizar este año.
Sin embargo, la ASF detectó un subejercicio de 67 millones 421 mil 200 pesos tan solo en ese fondo. De las 108 obras y servicios a realizar, la principal corresponde al pago de intereses por la deuda pública, que asciende a 455 millones 978 mil pesos, seguido del pago de duda pública -en capital- por 393 millones 72 mil pesos.
Más de 42 millones de pesos fueron reservados para cuatro proyectos: el programa Escuelas de Calidad 2015-2016, infraestructura para pozos particulares a partir de un convenio hidroagrícola, estudios complementarios para proyectos estratégicos 2015 y para el programa Vías de Comunicación.
Por ejemplo, un millón de pesos se destinó a adquirir más vehículos para las áreas de Recaudación de Rentas del Estado. Estos fondos son utilizados, principalmente, por las secretarías de Planeación y Finanzas, de Infraestructura y Desarrollo Urbano.
Asi luce la Avenica de Las Torres en Tijuana despues de medio millon de pesos en pavimentracion
En total se detectaron gastos por 14 millones 751 mil pesos en proyectos que no corresponden a obras financiadas con recursos del FAFEF 2015, ni a obras públicas que cumplen con los objetivos del fondo, es decir, fueron desviados.
Las principales inobservancias en las que incurrió el gobierno de Baja California, fueron a la Ley de Coordinación Fiscal, “lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública federal por un importe de 82 millones 172 mil pesos”, refiere uno de los documentos.
Sobrino de diputado federal se llevó millones
En Ensenada, la obra de mayor costo fue la instalación de terracerías, banquetas, alumbrado y guarniciones para estacionamiento en el Centro de Gobierno.
Para ello, el gobierno estatal destinó 2 millones 100 mil pesos, mientras que, para el encarpetado para estacionamiento del mismo sitio, canalizó un millón 800 mil pesos.
La empresa contratista para estas dos obras fue Aliabaja Constructora. Por el primer contrato recibió un millón 912 mil 742 pesos, y por el segundo, 2 millones 149 mil 178 pesos. En total, la constructora se llevó 3 millones 61 mil 920 pesos.
Esta compañía, de acuerdo a documentos del Registro Público del Comercio, pertenece a Samuel Guadalupe Bojórquez Villavicencio, quien durante la administración municipal de Enrique Pelayo cobró como subdirector técnico del Fideicomiso para el Desarrollo Urbano de Ensenada.
El segundo socio es el de mayor interés: Gunther René Padilla Martínez, sobrino del actual diputado federal panista Wenceslao Martínez Santos, acusado ante la Procuraduría General de la República (PGR) por delitos contra el medio ambiente y gestión ambiental por el aprovechamiento ilícito de materiales pétreos. En términos más simples, por saquear arena sin permiso para hacerlo.
El precio de la obra terminada parece excesivo para algunos expertos consultados por este Semanario, quienes advirtieron que con esos 3 millones de pesos hubiera alcanzado para terminar el encarpetado en el área posterior del estacionamiento, que sigue en terracería.
DIF y escuelas con serias carencias
Otra de las auditorías que arrojó mayores observaciones fue la del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), el cual se divide recursos destinados al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) para asistencia social y educación en sus niveles básico, medio superior y superior.
De los 360 millones 864 mil pesos que se destinaron para este fondo en 2015, la ASF auditó 190 millones 2014 mil pesos, poco más de la mitad, y registró un subejercicio de 71 millones 283 mil pesos.
En conclusión, la auditoría determinó: “… el Gobierno del Estado de Baja California no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del fondo, apegada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas”.
A través del DIF, la administración estatal manejó recursos por 166 millones 746 mil pesos por concepto de asistencia social.
Mas de 3 millones de pesos no alcanzaron para terminar el estacionamiento del centro de gobierno de Ensenada
Por ejemplo, se adquirieron 10 millones 612 mil 262 pesos, pero solo el 35.4 por ciento se distribuyó en zonas con alto nivel de carencia alimentaria, según lo determinado por la ASF.
En su tercer informe de actividades frente al Patronato DIF, Brenda Ruacho, esposa del gobernador, resaltó la aplicación de 230 millones de pesos a la entrega de casi 30 millones de raciones de desayunos escolares en sus tres años en el cargo, sin precisar que auditores federales le entregaron un informe sobre el pobre desempeño en alimentar a los niños más necesitados.
De los más de 141 millones de pesos canalizados a infraestructura de educación básica, la ASF dictaminó que las obras realizadas con estos fondos solo beneficiaron al 8.7% de los alumnos de ese nivel en la entidad.
En el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) tampoco se hizo una correcta aplicación.
“Se determinó que se registraron insuficiencias, específicamente en la deserción de los alumnos durante el ciclo escolar 2014-2015 en el CONALEP Baja California”, detalla el informe, por los niveles de 14.8% en deserción de alumnos y 49.8% de alumnos certificados como profesionales técnicos, menos de la mitad.
650 mil pesos en la calle Esmeralda, colonia Pedregal, en Tijuana
Aunque en un monto menor, también es significativo el subejercicio detectado en el programa Escuela de Tiempo Completo, en el cual se detectaron 5 millones 126 mil pesos de recursos no ejercidos, lo cual afectó a la población objetivo, según los informes de la Auditoría.
“Irritación social es producto del ineficiente manejo de recursos”: Nancy Sánchez
Para la legisladora federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Nancy Sánchez Arredondo, “basta ver la irritación social para entender que la ciudadanía no ve reflejado el producto de su voto en mejorar sus condiciones de vida y notar el uso de sus impuestos”.
Según la diputada, hay una interrelación muy legítima y natural entre el ineficiente manejo de los recursos públicos por parte del Estado y las reacciones de marchas y protestas sociales que se han dado estas últimas semanas.
Acerca del manejo de recursos públicos por parte del gobierno de “Kiko” Vega, Sánchez Arredondo opinó: “Hay tiempos muy claros y definidos y reglas de operación muy precisas para la aplicación de recursos. Pareciera que casi 30 años no han sido suficientes para que los gobiernos estatales del PAN aprendan a ser eficientes en el gasto público”.
Reiteró: “No es poco el dinero que recibe el gobierno estatal, pareciera que no hay una adecuada distribución de ese recurso federal donde realmente se necesita”.
Vía telefónica y a través de mensajes de texto enviados a Raúl Reynoso, se solicitó “información sobre la aplicación del Fondo de Aportaciones Múltiples del FAFEF en 2015”, sin embargo, el director de la Coordinación de Comunicación no atendió al llamado de ZETA. Lo mismo ocurrió con el titular del ORFIS y el diputado local Carlos Torres, en cuyos casos tampoco hubo respuesta.
