Después de casi seis años de la desaparición de un residente del poblado Guadalupe Victoria, finalmente fue detenido uno de los acusados de participar en el incidente, un ex agente de la Policía Estatal Preventiva. Emergen prácticas de estos elementos que ilegalmente “reventaban” domicilios en el Valle de Mexicali
Tres pick-ups de la Policía Estatal Preventiva (PEP) con ocho agentes a bordo -entre ellos una mujer- llegaron temprano a una comunidad en el Valle de Mexicali conocida como Ciudad Guadalupe Victoria o Kilómetro 43. Después de varios recorridos enfilaron hacia la calle Quinta. Eran cerca de las diez de la mañana del lunes 4 de abril de 2011 cuando las tres unidades se detuvieron frente a la casa ubicada con el número 159 de la calle Quinta, entre las avenidas Allende y Nicolás Bravo.
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En el domicilio se encontraba cuidando la casa Jesús Francisco Balderrama, acompañado del menor Julio César Valladares. Los dos vieron cómo de repente un grupo de agentes de la PEP irrumpieron violentamente en la vivienda. Posteriormente los sometieron. Al joven lo llevaron a una recámara y a Jesús Francisco lo golpearon mientras le gritaban “Donde está la droga… donde está la droga…”.
Jesus Francisco Balderrama Sanchez
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Afuera del domicilio permanecieron algunos de los agentes en resguardo del perímetro; en uno de los vehículos traían a otro detenido, Javier Villacaña, quien agazapado entre los asientos del vehículo, no perdía detalle de lo que sucedía.
Afuera y desde su automóvil, el cuñado de Jesús Francisco -César Hernández- apenas vio las patrullas de la PEP que se le cruzaron en su camino y se regresó a seguirlas, luego atestiguó que llegaban al domicilio que custodiaba el hermano de su esposa.
Después de un rato, en el interior de la vivienda el forcejeo y los gritos se apagaron. Los agentes policiacos acomodaron rápidamente uno de los pick-ups en reversa, sacaron un bulto en una cobija y salieron apresuradamente en convoy. César alcanzó a seguirlos hasta que se perdieron en uno de los caminos de tierra cerca de las vías del tren. El detenido que iba en una de las patrullas fue llevado hasta las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) en Mexicali. Al regresar a la casa, César Hernández encontró al joven Julio César, estaba muy asustado y Jesús Francisco no se encontraba por ningún lado. Las únicas huellas estaban en un sillón empapado de agua y, bajo éste, un pañuelo manchado de sangre. Desde entonces no han vuelto a saber del paradero de Balderrama Sánchez, a quien apodaban “El Chevesita”.
De ahí empezó un peregrinar familiar por instalaciones policiacas, hospitales, el Centro de Reinserción Social (CERESO) y hasta en el Servicio Médico Forense (SEMEFO), adonde acudieron a buscaron a su pariente sin encontrar rastro. A los dos años la madre del joven, quien insistentemente exigía conocer el paradero de su hijo, falleció. “Estaba muy triste”, refieren sus familiares.
La mañana del lunes 6 de febrero de 2017, en la Garita Oriente -de cruce a Calexico-, Édgar León Terreros, ex agente de la PEP, fue detenido por autoridades norteamericanas, acusado de participar en el grupo que se presume desapareció al joven residente del Valle de Mexicali, de oficio ayudante de albañil.
El sábado 11 de febrero, en la Sala Siete del Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) se llevó a cabo la audiencia del ex agente estatal, quien en función de las evidencias presentadas y los testimonios de al menos cinco testigos, fue vinculado a proceso por la juez de Garantías, Dora Leticia Conteras Salazar.
Se trata del primer caso de desaparición forzada en Mexicali en ser judicializado, que se integra y completa una carpeta de investigación que a su vez deriva en detención. Hay órdenes de aprehensión contra los otros siete ex agentes, todos dados de baja a raíz del incidente de aquel abril de 2011, aunque no han sido cumplimentadas pese a que se emitieron desde el 14 de octubre de 2016.
Testigos
Jesús Francisco tenía 30 años al momento de la desaparición, trabajaba como ayudante de albañil y cuidaba la casa de la calle Quinta desde hace varios años, debido a que era de un familiar que emigró a Estados Unidos, comenta César Hernández, cuñado. Se le pregunta si tenían alguna relación con drogas:
“Todo el tiempo dicen eso, si vas al 43 te puedo llevar con varias personas que te cuentan cómo estos fulanos se los llevaron, los golpearon, eso es siempre. La gente ve una patrulla de esas y en lugar de mirar protección, se esconde. Van y hacen un desmadre”, expresó sobre los agentes de la PEP.
Hernández agrega que como familiares reciben poca información sobre el avance del caso, incluso se queja que para la primera audiencia, la semana pasada fue avisado 10 minutos antes que iniciara y a la de este sábado les dijeron que era a las doce del día, no a las nueve de la mañana, que era el dato real.
Del día de los hechos recuerda que llegó y se estacionó frente a la casa desde que llegaron los agentes, quienes duraron cerca de media hora adentro del domicilio. Recuerda que apenas el día anterior le había dejado un garrafón de agua lleno y, después del incidente, estaba vacío y uno de los sillones lucía mojado, empapado.
Hernández asegura que todos los elementos que participaron fueron dados de baja de la PEP y, días después del incidente, él se presentó en las instalaciones de esa corporación pero primero le negaban que hubiesen participado en un operativo en el Kilómetro 43, luego cambiaron la versión para afirmar que sí habían ido, pero no había nadie; y de nuevo cambiaron: sí fueron, pero no se llevaron a nadie.
”Yo miré todo, cuando se fueron los seguí pero nunca pensé que llevaran a mi cuñado, yo miré el bulto pero esperaba que fuera otra cosa. Agarraron hacia el lado del 30 -una comunidad aledaña, pegada a la vía del tres-.pero me di vuelta y se perdieron”, explica en torno a lo sucedido con el hermano de su esposa.
En la audiencia de vinculación
Según César, la madre del desaparecido murió en espera de localizar a Jesús Francisco. Como a los dos años del incidente dejó de comer, de tomar sus medicamentos, adelgazó y finalmente falleció. “Mi señora está cada vez más delgada, no come, no duerme, se está acabando”, dice quien antes vendía garrafones de agua y ahora labora en una pipa repartidora del líquido.
De los otros participantes en el incidente, expone: “Queremos ver a la procuradora, para que le meta calor. Ahí en el 43 hay varia gente desaparecida, pero mucha gente no denuncia”.
Vinculado
De acuerdo a lo expuesto en la audiencia de vinculación, hubo otros siete agentes que participaron en el operativo ese lunes 4 de abril en el poblado conocido como Ciudad Guadalupe Victoria, entre éstos una mujer. Se trata del comandante Rodolfo Ochoa Bustamante, Jorge Luis Silva Jiménez, Edwin Rafael Rivas Tapia, Marina de Jesús Rodarte Benítez, Gerardo Morales Saldaña, Humberto Pérez López y Javier Vargas Mendoza.
Los agentes llegaron en las patrullas con los números 269,292 y 324 e ingresaron al domicilio marcado con el número 159 de la calle Quinta, donde rompieron puerta y candados. En la carpeta de investigación quedaron asentados varios testimonios, uno es el del joven Julio César Valladares, quien relató a los investigadores lo ocurrido esa mañana:
Estaba junto con Jesús cuidando la casa, y cerca de las 9:30 am de repente abrieron la puerta principal, ingresando alrededor de seis hombres y una mujer, todos uniformados de color azul con insignias de la PEP, armados y apuntándoles. Los separaron y a Jesús se lo llevaron a la sala.
“Escuchaba cómo lo estaban golpeando, oía que se quejaba. Uno de los agentes le preguntaba dónde estaba la droga y él le decía que no sabía de qué hablaban. Mientras me golpeaban en la cabeza y me daban cachetadas, a la vez que otros agentes esculcaban los cuartos. Luego de un rato me dijeron que me quedara bocabajo, que no me levantara, escuché que empezaron a decir ‘vámonos’, luego llegó César y me dijo que ya se habían ido, entonces me fui a mi casa…”.
Otro testimonio fue el de Francisco Javier Villacaña, narra cómo ese 4 de abril, cerca de las ocho de la mañana se encontraba en su domicilio, acostado en su cama cuando de repente ingresaron un grupo de uniformados armados -se identificaron como agentes de la PEP-. “Dónde tienes la droga”, le preguntaron y, al no obtener respuesta, lo esposaron y lo sacaron de su casa para subirlo a uno de los tres pick-ups en que viajaban. Lo colocaron en el asiento trasero de uno delos vehículos, agachado.
Dijo que después de casi dos horas llegaron a una casa donde los agentes estuvieron un buen rato, lo dejaron solo en la patrulla pero levantó la cabeza y observó cómo los agentes ingresaron a la casa -color café con cerco negro-, luego una de las unidades fue colocada en reversa.
“Observé que arrojaron a la caja de carga de la patrulla un bulto, como a una persona. Envuelta en una sábana”, luego miró cómo salieron los policías y ya dentro de la unidad escuchó que se decían “no tengan miedo, esta bronca se va a arreglar”, luego uno de los agentes preguntó qué iban a hacer con él y otro ordenó que ahí lo bajaran, pero la mujer agente les comentó que ya había avisado por radio que tenían un detenido.
Ahí se armó una discusión entre los agentes de la PEP, luego lo llevaron a las instalaciones de la PGR en Mexicali.
El resto de testimonios -otros cuatro- coinciden en que esa mañana observaron la llegada de los agentes en las tres patrullas que permanecieron ahí durante un buen rato, hasta que salieron apresuradamente.
En su declaración, la hermana de Francisco Javier asentó que desde la desaparición de éste se dio a la tarea de localizarlo, recorrió hospitales, corporaciones y hasta el SEMEFO. “Hasta la fecha no le he podido localizar, ni vivo ni muerto desde el día que los agentes de la PEP estuvieron en la casa donde desapareció mi hermano”, expresó a las autoridades en testimonio aportado el 2 de marzo de 2016.
Acorde con otros datos, las órdenes de aprehensión se giraron hasta el 14 de octubre de 2016 -cinco años y medio después de los hechos- y la única cumplimentada fue porque lo hizo un agente de Aduanas estadounidense adscrito esa mañana del 6 de febrero al cruce vehicular en la Garita Oriente. De ahí, el detenido Édgar León Terreros pasó a Migración y posteriormente a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
En la audiencia, la juez de Garantías determinó vinculación a proceso y se acordó un plazo de tres meses -propuesto por el defensor- para integrar elementos a la carpeta de investigación.
El ex agente encarcelado es hermano de Carlos León Terreros, funcionario de la Secretaría de Seguridad Pública asesinado el 28 de julio de 2012, cerca de su residencia en el fraccionamiento Villas del Palmar. Fue director del CERESO y del Área Penitenciaria. Anteriormente estuvo en la PGJE -en Subprocuraduría contra Delincuencia Organizada-, al lado de Eduardo Villalobos, acribillado el 24 de agosto de 2005 en Mexicali.
Investigación endeble
Para Luis Ramón Valdez Salas, abogado del ex agente de la PEP aprehendido, la investigación realizada desde la PGJE es escueta, tardía, con hechos sucedidos hace casi seis años: “Estamos viendo que el Ministerio Público está decidiendo hasta ahora, ejercitar acción penal y judicializar el asunto”.
En su opinión resulta raro sobre todo por el tiempo transcurrido: “No sé si estén tratando de encubrir a alguien o porque en realidad no había los elementos suficientes para haberlo judicializado desde antes”, insiste.
Un punto clave es que, pese a que haya diversos testimonios, ninguno implica directamente a Édgar León Terreros. “Aquí lo que hicieron fue reciclar los mismos testimonios, entrevistaron personas en 2011 y luego vuelven a entrevistar a los mismos testigos, quienes van variando sus versiones”, refiere Valdez Salas cuestionando el que después de cinco años vengan a sacar información que no dieron en su momento. “Eso hace presumir que estos testigos los están aleccionando para adecuarlos a la teoría del caso del Ministerio Público”.
Según el abogado penalista, el ex agente de la PEP estuvo siempre en Mexicali, originalmente compareció en el Juzgado de Ciudad Morelos y en el caso de los otros siete policías -que no son sus clientes-, aclara que presentaron una queja ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo tras su despido y ganaron el caso. La Secretaría de Seguridad Pública tuvo que indemnizarles, pero no los reinstaló. ZETA MEXICALI
Liberan a dos ex ministeriales acusados de desaparición
El 24 de enero de 2017 estaba agendada una audiencia vía teleconferencia en un Juzgado federal anexo al penal de máxima seguridad conocido como Altiplano, en el Estado de México, para desahogar la comparecencia de dos ex agentes ministeriales internos ahí desde abril de 2009: Hernando Villegas Velarde y Adolfo Roa Lara. El caso es por la desaparición del ex agente Diego Hernández Leyva en enero de 2007.
Villegas y Roa fueron detenidos por agentes federales en Mexicali en abril de 2009 y se les vinculó con el hallazgo en una residencia en Mexicali, de media tonelada de cocaína, armas de fuego y cartuchos.
Sin embargo, ni Roa ni Villegas acudieron a la audiencia. Los ex policías ligados en el pasado al Cártel de Sinaloa, ya están libres.
Antonio Martínez Luna, ex procurador señalado – Adolfo Rosa Lara y Hernando Villegas, detenidos en el 2009
El abogado Daniel Solorio Ramírez indicó que en octubre de 2013 se tramitó el amparo 577-2013, interpuesto por la señora Irma Leyva, madre del ex agente desaparecido, “era una declaración sobre el paradero del hijo de Irma Leyva”. Además, dentro del juicio de amparo el juez de Distrito ordenó al procurador general de la Republica y a la Procuraduría General de Justicia del Estado, recabar declaraciones a esas personas. En ese mismo proceso se logró la declaración del ex procurador estatal, Antonio Martínez Luna.
Después de la desaparición de Diego Hernández Leyva se suscitaron una serie de asesinatos de policías ministeriales y, en mayo de 2007, ZETA publicó el caso de un ex comandante de la entonces Policía Judicial del Estado, quien fue videograbado y torturado. En el material -subido en el portal del Semanario- el ex policía relata que era cabeza de una célula del Cártel de Sinaloa dedicada a secuestrar y asesinar a un grupo de agentes de la Policía Ministerial que les estaban robando droga. El ex comandante de apellido Velázquez relató ante la videocámara cómo operaba el grupo de sicarios a su cargo -algunos ex militares venidos desde Sinaloa- apoyados por agentes ministeriales en activo.
Ahí aportó detalles y nombres, entre éstos los de Hernando Villegas y Adolfo Roa Lara.
En su versión, también incluyó que contaban con la protección del entonces procurador de Justicia del Estado, Antonio Martínez Luna. El cuerpo de Velázquez fue localizado el sábado 28 de abril de 2007 en una camioneta abandonada frente a un domicilio en la colonia Cuauhtémoc. Estaba severamente golpeado y fracturado (ZETA, 5 de mayo de 2007).
Villegas y Roa Lara siguieron en la corporación hasta que un año después quedaron fuera. En su detención, Villegas dijo dedicarse al comercio y Roa, ser “comisionista”.
En el amparo 577/2013, interpuesto por Irma Leyva, “el juez ha dictado todas las medidas que habían sido posibles para lograr la comparecencia de Diego Hernández Leyva -explica Solorio-, o que se sepa qué pasó con él”.
Lo más reciente fue la orden del juez federal para que le tomasen la declaración a los dos ex agentes, ambos presos en el penal de Altiplano por delitos federales. Se señaló como fecha para la declaración el 24 de enero de 2017, estando físicamente en el reclusorio ante el juez de Distrito de aquella localidad, mientras que en Mexicali estaría el juez de Distrito que lleva el amparo, el abogado Solorio e Irma Leyva. Pero antes de la diligencia, al juez de Distrito de Mexicali le llegó el aviso que la audiencia no se llevaría a cabo, ya que ambos habían sido liberados, absueltos por el juez de Distrito que los tenía procesados.
“Nosotros vamos a seguir insistiendo que los deben presentar a declarar, estén donde estén, ahora los tienen que buscar y hacerlos declarar”, advierte Solorio, para después justificar que por lo menos se ha logrado que el Ministerio Público Federal, por órdenes de los jueces, abriera una investigación por el delito de desaparición forzada.
“Cuando el Estado, el gobierno, abre una investigación por desaparición forzada, implícitamente está diciendo que hay evidencias, datos de que los agentes del Estado provocaron esa desaparición, o personas particulares con la ayuda de agentes del Estado…”, argumenta abogado.
En el fuero común no hay investigación respecto al caso de Diego Hernández, solo un expediente de localización de persona. Sergio Haro/ZETA MEXICALI
