A partir de enero de 2015, el incremento del precio por abordar un camión en Mexicali subió de 11 a 13 pesos, autorizado desde la primera semana de diciembre de 2014 por ediles que ocultaron su posición votando por cédula; regidores del PRI y del PAN se dividieron, y quienes votaron a favor tuvieron el apoyo del edil Job Montoya, de Movimiento Ciudadano. Al final, sumaron 8 a favor, 7 en contra, 2 abstenciones y un voto nulo. Ante la pésima calidad del servicio, la ciudanía se opuso, el principal frente de resistencia lo integraron estudiantes de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), quienes exigieron un plebiscito; el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana dictaminó que lo realizaría, pero al alcalde de Mexicali Jaime Díaz se negó. El munícipe impugnó la resolución del IEPC ante el Tribunal Electoral Federal, finalmente el TRIFE le dio la razón -en parte- y autorizó que fuera el ayuntamiento el encargado de definir si era procedente o no el plebiscito solicitado por la ciudadanía; desde entonces se dedicó a ponerle trabajas al reclamo de la gente afectada por el mal servicio a alto costo. Tomando como base el Reglamento de Participación Ciudadana y Vecinal para el Municipio de Mexicali, el Ayuntamiento dilató la Integración del Consejo Municipal de Participación Ciudadana el tiempo suficiente para que fuera inviable hacer la consulta durante 2015. Luego Díaz siguió asegurando que estaba del lado de la gente y tomó preceptos de la Constitución, los cuales le permiten realizar el plebiscito el día de la jornada electoral, lo que extiende el abuso de los transportistas contra los usuarios, hasta el próximo 5 de julio de 2016, aunque dejaron abierta la posibilidad de posponerlo. 
De realizarse, para entonces los resultados ya no afectarían el proyecto electoral del Partido Acción Nacional en el gobierno, ni de Jaime Díaz. Ahora, aprobar o no la realización de un plebiscito está en manos del Consejo Municipal de Participación Ciudadana, conformado por cuatro ciudadanos y cuatro representantes legales –síndico, regidor, secretario del Ayuntamiento y director de Desarrollo Social Municipal-, pero en caso de empate, el voto de calidad lo tendría el presidente del Consejo, Ángel Norzagaray, vicerrector de la UABC, además de actor, conductor de televisión y autor de diversas obras. CONSEJO DE BUENAS NOTICIAS Consultado por ZETA respecto al plebiscito, Norzagaray expuso: “Estamos conociendo del caso, estamos estudiando, no somos especialistas en temas legales, te pongo un ejemplo concreto: me preguntaban que si se podía hacer (el plebiscito) en junio para aprovechar los instrumentos electorales de la elección y yo les decía que se tendría que preguntar a los ciudadanos si lo quieren hasta entonces, pensando que era mucho tiempo, pero nos ponemos a estudiar y vemos que la Constitución marca que se debe hacer durante la jornada electoral, que no hay de otra”. Defendió la postura del ayuntamiento, y aseguró que aunque mediáticamente se ha criticado la actuación del Cabildo, éste no ha opuesto resistencia en realizar el plebiscito y por el contrario: se ha manifestado en lo que más le convenga a los inicialistas de la propuesta. — Como funcionario de la UABC, ¿qué le parece que quienes exige la realización de este ejercicio sean estudiantes? “Muy bien, es parte de la responsabilidad social de la universidad que nosotros tenemos muy presentes y los muchachos tienen por supuesto todos sus derechos abiertos para poder realizarlo, es una iniciativa de un determinado número de estudiantes, hay otros que tienen otras expectativas en su vida, que traen otro tipo de proyectos, también hay que apoyarlos”. — Hubo críticas en contra de la UABC, que fue muy fría en el tema, no se posicionó, incluso hay un antecedente reciente cuando la Universidad de Querétaro interpuso un amparo en contra del alza de las tarifas porque afectaban a los estudiantes, ¿qué le parece la actuación que ha tenido la UABC en este tema? “No, nosotros estamos ahí puestos, tenemos participación en el Consejo y un servidor es presidente, y aparte el primer estudio que se hizo tengo entendido para todo lo del transporte lo hizo la UABC, no ha habido ninguna frialdad, pero tampoco convertirlo en un activismo político, simplemente. Ellos -los estudiantes- tienen la iniciativa, está muy bien, lograron reunir las firmas, está muy bien, parece que van a reunir los requisitos por completo y adelante, hay que apoyarlos como ciudadanos que son”. TODAVÍA NO SABEN SI EL PRECIO DEL TRANSPORTE ES TRASCENDENTE Por su parte, Luis Irineo Romero, director jurídico de Sindicatura Municipal de Mexicali, informó del procedimiento. Detalló que cuando se fijen los requisitos, el Consejo notificará al presidente municipal para que haga sus consideraciones. Pero el poder del alcalde para postergar el cumplimiento del reclamo ciudadano es más amplio, porque posteriormente se integrará una comisión de análisis para determinar “si es trascendente para la vida pública del municipio”. Una vez resuelto, se turnará a la Comisión Dictaminadora para ser presentada en el pleno del Consejo, el cual deberá aprobar en dos terceras partes de sus integrantes si el acto es trascendente; deberá notificarse nuevamente a la autoridad, quien tendrá que contestar al Consejo. 
El Consejo tendrá 15 días hábiles para emitir un acuerdo para que declare la procedencia o improcedencia del plebiscito. Posteriormente y hasta entonces, se tendrá que suspender el acto y sus efectos -en este caso el aumento en la tarifa- y el Consejo tendrá que remitir el acuerdo de procedencia para su publicación en el Periódico Oficial del Estado. Asimismo, deberá expedir una convocatoria 60 días naturales antes de la fecha de elecciones. En este punto cabe recordar que el reclamo ciudadano se hizo público desde el 16 de diciembre de 2014. MINUCIOSO CONTEO DE FIRMAS Y PLEBISCITO Jaime Vargas Flores, quien fuera representante del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana cuando este organismo realizó los primeros trámites, dijo que el reglamento como la Ley de participación ciudadana establece los parámetros para que sean vinculantes los resultados, y complementó que el acuerdo de Cabildo en la sesión LIV establecieron que buscarían las medidas legales que más le favorecerían a los solicitantes. Agregó que de haber voluntad por parte de los miembros del Consejo, el ejercicio se podría llevar por urnas electrónicas, ya que el IEPC había celebrado un convenio con el Instituto Electoral de Jalisco para poder utilizar el equipo, con lo que se reduciría el costo de 7 millones de pesos a poco menos de un millón, al tener que pagar los gastos de traslado y seguro. Por su parte, el secretario del Ayuntamiento de Mexicali, Francisco Iribe Paniagua, afirmó apenas la semana pasada que se terminó con la captura de la información en el formato que exigió el Instituto Nacional Electoral (INE). De igual forma, declaró que se tuvo que pasar nombre por nombre a un formato de Excel para hacer el ejercicio de validación, momento en el que se encuentra actualmente el procedimiento. “Eso mismo ya se había realizado antes, pero con el personal del Instituto Estatal Electoral que tienen la estructura tanto humana como material para hacer ese tipo de trabajo, entonces tuvimos que dedicar gente en específico para eso”, expuso el segundo de a bordo del ayuntamiento. En primera instancia se había remitido de manera digitalizada en un disco compacto, informándoles que se trataba de la misma información que en su momento habían validado en el anterior proceso electoral, pero no quisieron y pidieron que fuera capturado uno por uno. El funcionario municipal hizo hincapié en que tuvieron que ser muy minuciosos, ya que en la anterior validación de firmas, se detuvo el proceso, debido a que fueron cancelados algunos registros por errores a la hora de la captura. Otra de las demoras tiene que ver con el mismo resultado del plebiscito, ya que caso de que se aprobara una reducción, muy posiblemente los transportistas pudieran interponer un amparo, por lo cual buscan cuidar el procedimiento. Iribe Paniagua indicó que si bien, el plebiscito podría ser el día de la jornada electoral, pudiera darse en cualquier otra fecha, ya que no fue un acuerdo establecido en el Consejo de Transporte. ANIVERSARIO DEL AUMENTO Al cumplirse un año del aumento del trasporte público, representantes del Frente Estudiantil Mexicalense realizaron una manifestación; uno de los representantes, José Ramón López Hernández, dijo: “Lamentablemente, al no haber voluntad política no realizan lo que debiesen hacer, entonces, ahorita está parado ahí, con el secretario del Ayuntamiento y el vicerrector, ya que no ha convocado a sesión del Consejo Municipal para aprobar lo que es la consulta pública”. El joven recordó que en el mismo periodo, en la Ciudad de México se han realizado dos consultas públicas relativas a obras públicas, mientras que en Mexicali siguen atorados en el procedimiento. “El secretario del Ayuntamiento está acusando al INE, el INE acusa el Ayuntamiento, luego se la pasan al Consejo local”. En la opinión del estudiante, el Instituto Nacional Electoral no obliga al Congreso del Estado a que los ayuntamientos armonicen sus reglamentos viejos y obsoletos, ya que ese fue uno de los pretextos para no pasar el plebiscito en primera instancia. 
“Se había quedado en la última sesión del Consejo que se iba a realizar el día de la elección, pero eso se mira prácticamente”, expresó el consultado. A la par, mencionó que mediante los criterios que se estarán utilizando en el Consejo de Participación, deberá ser aprobado por la mitad más uno, lo que representaría 5 votos de 8; en caso de que quedara en empate, el presidente del Consejo, Ángel Norzagaray, daría el voto de calidad, por lo que prácticamente la UABC definiría la viabilidad o no del plebiscito. López remató que si finalmente el Consejo no lo aprueba, el proceso concluye. CARO Y MALO El director municipal de Transporte, Alfredo Arenas Moreno, reconoció que Mexicali tiene el transporte más caro de todo el país, por lo que merece el mejor servicio. Desde que tomó el cargo, implementó un sistema para recibir las quejas de la ciudadanía a través de la línea telefónica 072, dando como resultado un aumento en las multas que se les han impuesto a transportistas, principalmente por no prender el aire acondicionado y por no tener el camión en óptimas condiciones. Cuestionado sobre el resultado del plebiscito, respondió; “El precio implica un servicio, si la tarifa baja, ya no hay la cuestión de que prendan el aire acondicionado, ya no es obligatorio, entonces el servicio que actualmente reciben va a bajar; ya no voy a estar yo obligado a multar por no prender el aire acondicionado, los puedo multar por todo lo demás, hay que tener mucho cuidado con el tipo de preguntas que se hagan”, argumentó el funcionario.
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