Van por Comisión… y por De León Lavenant


 
Reportajez BCS Lunes, 19 Enero, 2015 08:00 PM

Arnulfo de León Lavenant podría dejar el cargo como procurador de los Derechos Humanos  antes de que concluya su periodo, el 31 de mayo de 2015, luego de que la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, aprobara por unanimidad el cambio a Comisión Estatal de los Derechos Humanos. De ser ratificada por el pleno del Congreso y por lo menos tres municipios, con la permuta de Procuraduría a Comisión, Baja California se sumaría a 29 estados y el Distrito Federal  que adopta la denominación, tal como lo determina la Federación, a través de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). De acuerdo a la iniciativa propuesta por el diputado panista Gustavo Sánchez Vázquez, entre los puntos importantes destaca la reforma al Artículo 7 de la Constitución local, que propone adicionar la fracción  XL al Artículo 27, a fin de otorgar  facultad al Congreso del Estado para que, por mayoría calificada, se elija al titular de la Comisión  Estatal de los Derechos Humanos por un periodo de cuatro años. “… el procedimiento para la elección del presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, se ajustará a una consulta pública, que deberá ser transparente, en los términos y condiciones que determine la Ley”, refiere el dictamen. La Comisión contará con un Consejo Consultivo integrado por seis consejeros honoríficos, un secretario ejecutivo y hasta cinco visitadores generales, quienes deberán ser ratificados por el Poder Legislativo. En base al dictamen, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos ejercerá las siguientes funciones: I. Conocer de las quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público que tengan carácter estatal o municipal, que violen los derechos humanos. Este órgano no será competente, tratándose de asuntos electorales y jurisdiccionales. II. Formular recomendaciones públicas no vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Todo servidor público está obligado a responder las recomendaciones que le presente la Comisión. Cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos, éstos deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa. III. Solicitar al Congreso del Estado, la comparecencia de las autoridades o servidores públicos responsables que incumplan con las obligaciones mencionadas en el párrafo anterior, para que acudan ante el pleno del Congreso y expliquen el motivo de su negativa, en los términos que señale la Ley. IV. Promover las acciones de inconstitucionalidad en contra de disposiciones jurídicas, emitidas por el Poder Legislativo y publicadas en el Periódico Oficial del Estado, que vulneren los derechos humanos. V. Aprobar por medio de su Consejo Consultivo, las disposiciones reglamentarias internas para su eficaz funcionamiento, y ejercer las demás atribuciones que establezca la Ley. De acuerdo al dictamen, Arnulfo de León Lavenant, procurador de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana, deberá mantenerse en el cargo hasta que el Congreso del Estado designe al presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Los subprocuradores de la Procuraduría de los Derechos Humanos se mantendrán en su puesto hasta en tanto se designe a los visitadores generales y al secretario ejecutivo, mientras que los diez consejeros actuales continuarán en ejercicio de sus funciones, hasta vencer el periodo por el que fueron designados. Nueva Ley   En un plazo que no exceda de 60 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, se deberá expedir la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos; en caso de que al vencer el término no se cuente con la norma general, se seguirá aplicando la Ley sobre la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana de Baja California. Armonizar la Ley local de BC a nivel federal El presidente de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, Roberto Dávalos Flores, dijo a ZETA que con el nuevo nombre se pretende armonizar  la CNDH a nivel nacional  y en la mayoría de los estados del país. “La intención es darle la cercanía y confianza a la gente  para que puedan acudir a la Comisión de los Derechos Humanos y seguir con todo el proceso, no solo poner una queja sino ratificar las denuncias”, expuso el también diputado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD). De acuerdo a Dávalos, hasta el momento no hay movimiento del actual procurador, debido a que es una reforma constitucional. “Apenas se acaba de aprobar en la Comisión, en los próximos días se estará ratificado en el pleno, posteriormente deberá de ir a los municipios y tendrá que ser aprobado mínimo por tres. Luego regresar al Congreso para ser enviada a su publicación y, ya aprobada, se lanzará una convocatoria a finales de febrero o primeros de marzo”, informó. La iniciativa fue aprobada en Comisión, aunque con algunas reservas, pues se ha sugerido crear un órgano de control interno dentro de la Comisión. “Al ser un organismo autónomo debe tener un órgano de control interno, que no quede solo a manos libres, sino que el comisionado sea llamado a cuentas, porque hemos tenido tantos problemas (con otros procuradores) que, habiendo un órgano interno pueda ser llamado, fiscalizado y en un determinado momento, ser removido”, dijo el legislador local. En su opinión, el nuevo comisionado deberá ser un conocedor en la materia y no mezclar su nombramiento a intereses partidistas, a fin de lograr una real representación de los ciudadanos en materia de derechos humanos. Un procurador señalado Arnulfo de León Lavenant ha sido demandado legalmente por abuso de autoridad, coalición de servidores públicos y peculado; señalamientos que al procurador de los Derechos Humanos no le preocupan. De hecho, de la querella integrada en el expediente 11270/14/211/AP, el 4 de noviembre de 2014, al funcionario estatal no le ha llegado notificación. Inclusive, de lo emitido  por el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) en base a la auditoría que practicó a la PDH Estatal y en la que presuntamente se corroboró el desvío de recursos -10 millones de pesos- y el despido injustificado de varios empleados de la Procuraduría, tampoco ha sido llamado a cuentas. “Jamás me han notificado de nada. De todo (los señalamientos) me he enterado por la prensa. Yo rendí mi informe muy bien, presenté el presupuesto. Nunca me han notificado de nada. Yo sigo trabajando como desde el primer día hasta el 31 de mayo”, afirmó De León Lavenant. 

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