La gobernadora de Chihuahua mostró su indignación ante la cita de la Fiscalía General de la República; los funcionarios sinaloenses no han reaccionado públicamente ante su caso.
La gobernadora chihuahuense endurece su discurso al denunciar la tolerancia institucional hacia los vínculos entre política y crimen organizado en Sinaloa.
Productores de Sinaloa, Chihuahua, Baja California y Zacatecas llevan al Gobierno federal la exigencia de renegociar el capítulo agropecuario del TMEC.
Las fichas rojas de Interpol no obligan a México a vigilar a los acusados; la FGR desarrolla su propia investigación con base en el marco jurídico nacional y bilateral.
