El 25 de marzo, el presidente del Club Campestre de Tijuana, Ricardo Martínez Apodaca, dio a conocer que el conflicto jurídico que la administración de Jaime Bonilla Valdez emprendió contra el complejo social y deportivo, concluyó.
Para el abogado Carlos Atilano Peña, la expropiación de los campos de beisbol de Playas de Tijuana, emprendida por el gobierno de Jaime Bonilla Valdez el martes 26 de octubre, constituyó “un acto autoritario”, pues el procedimiento obedeció al argumento de que el terreno estaba siendo fraccionado para su venta, con todo y que la Liga deportiva a cargo “podía disponer del inmueble” siempre y cuando preservara la sección destinada a la práctica del deporte, manifestó el litigante en entrevista con ZETA.
