Las cinco instituciones del Estado con más solicitudes de información son el Ayuntamiento de Tijuana (8.8% de las solicitudes), la Fiscalía General del Estado de Baja California (5.5%), las ayuntamientos de Mexicali (5.4%) y de Ensenada (4.7%) y la Secretaría de Salud (4.3%).
En Baja California existe obligación y compromiso de los sectores públicos para presentar declaración fiscal, patrimonial y de intereses, para lo cual en Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) existe un guion sobre cómo hacer pública esta información y mantenerla en acceso público para la comunidad.
Es más que evidente que a los gobiernos morenistas en Baja California no se les da eso de la transparencia, pues con frecuencia ocultan contratos que deberían ser públicos y de oficio. Restringen por cinco años investigaciones de corrupción, pese a ser una de las dos excluyentes para no tener que impedir la publicación de información gubernamental.
“Yo no voy a ser tapadera de nadie”, dijo el gobernador morenista Víctor Castro Cosío, quien ahora ordenó reservar por cinco años la información de la auditoría externa que se le practica a su antecesor panista, Carlos Mendoza Davis.
