La autonomía concedida al INAI fue un avance en transparencia y rendición de cuentas. La Ley General recién abrogada debe ser punto de partida para mejorar
Las cinco instituciones del Estado con más solicitudes de información son el Ayuntamiento de Tijuana (8.8% de las solicitudes), la Fiscalía General del Estado de Baja California (5.5%), las ayuntamientos de Mexicali (5.4%) y de Ensenada (4.7%) y la Secretaría de Salud (4.3%).
En Baja California existe obligación y compromiso de los sectores públicos para presentar declaración fiscal, patrimonial y de intereses, para lo cual en Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) existe un guion sobre cómo hacer pública esta información y mantenerla en acceso público para la comunidad.
Es más que evidente que a los gobiernos morenistas en Baja California no se les da eso de la transparencia, pues con frecuencia ocultan contratos que deberían ser públicos y de oficio. Restringen por cinco años investigaciones de corrupción, pese a ser una de las dos excluyentes para no tener que impedir la publicación de información gubernamental.
“Yo no voy a ser tapadera de nadie”, dijo el gobernador morenista Víctor Castro Cosío, quien ahora ordenó reservar por cinco años la información de la auditoría externa que se le practica a su antecesor panista, Carlos Mendoza Davis.
