En una sociedad liberal y éticamente pluralista, ni los judíos, ortodoxos o musulmanes, ni los protestantes, ni los católicos, en absoluto ninguno de estos grupos tiene derecho a pedirle al Estado que intervenga dentro del ámbito de la moral privada. No dejo de reconocer que pueden objetar y discutir entre ellos y con el resto de la sociedad e intentar persuadirles, pero no pueden invocar la ley a reconocer y ratificar oficialmente sus criterios en contra de criterios ajenos.
