En un comunicado, la Fiscalía de Sheinbaum presume citar a 12 funcionarios estatales y federales: los diez morenistas de Sinaloa acusados por nexos con el crimen desde Nueva York; y la gobernadora y el fiscal de Chihuahua.
La gobernadora chihuahuense endurece su discurso al denunciar la tolerancia institucional hacia los vínculos entre política y crimen organizado en Sinaloa.
Las fichas rojas de Interpol no obligan a México a vigilar a los acusados; la FGR desarrolla su propia investigación con base en el marco jurídico nacional y bilateral.
