La resolución de la FGR fue conocida por las víctimas a través del expediente, no mediante comunicación pública, lo que motivó la impugnación judicial.
El secuestro del padre del alcalde morenista fue el detonador de una crisis de seguridad en la región norte de Guerrero que movilizó a seis instituciones federales y dos estatales.
Más de 300 agentes de seguridad custodiaban el perímetro del Cereso de Tijuana durante tres horas, en una supuesta riña entre dos internos; aunque testigos señalan que inició con el maltrato del custodio "Margarito" en contra de un recluso en el edificio seis.
